Tras 6 años en trámite el proyecto para regular la colocación de antenas aterrizó en una Comisión Mixta donde las empresas de telefonía móvil libran una batalla sin cuartel. Detrás de la discusión técnica está lo que importa de verdad: las lucas y la proyección de participación futura de cada operadora en el multimillonario negocio. En escena, nombres que se repiten: Enrique Correa por Nextel; Cristina Bitar por VTR; Fernanda Otero, vinculada con Entel; por Movistar, Andrés Wallis; y las embajadas de Estados Unidos y México enviando cartas a Cancillería manifestando “preocupación” por sus intereses.
Mientras usted habla por uno de los casi 21 millones de celulares que existen hoy en Chile, en una Comisión Mixta del Congreso se discute desde el 4 de octubre el proyecto de ley de antenas que decidirá buena parte del futuro del mercado de la telefonía móvil, cómo impactará los precios de su plan, la competencia entre las empresas proveedoras, cómo afectará o beneficiará la entrada de nuevas operadoras al sector y la calidad del servicio, por el cual usted paga mes a mes.
Para influir sobre los parlamentarios a favor de la posición de una u otra operadora, las empresas han echado mano a compañías de lobby externo, agencias de comunicaciones dedicadas al marketing, a sus propios gerentes de asuntos públicos y materias regulatorias, e incluso al expediente diplomático. Debajo de los argumentos técnicos explicitados, el objetivo es uno sólo: conseguir la mejor posición para la empresa que se defiende.
Entre los escuderos de la “telcocracia”, hay nombres que se repiten.
Enrique Correa y su empresa Imaginacción fueron contratados por Nextel para hacer valer sus intereses ante los congresistas. Aunque el ex ministro Correa no acostumbra frecuentar los pasillos del Congreso, si monitorea el trabajo en terreno de su área de Asuntos Públicos y hace los llamados telefónicos que le hicieron famosos y lo convirtieron en uno de los dos lobbistas top, junto a Eugenio Tironi, en la época concertacionista.
En el otro extremo político, el acento peruano-chileno de Cristina Bitar, socia de Azerta junto a Gonzalo Cordero, se oye con regularidad en los pasillos del Congreso y la antesala de la Comisión. Cuando ella no está, sus boys aplanan los pasillos del edificio de Valparaíso rastreando minutas y definiendo estrategias para VTR y otros clientes.
Nextel como VTR además cuentan con apoyo diplomático de Estados Unidos. Como son empresas controladas por capitales estadounidenses, la embajada de ese país hace suya la defensa de su posición, según fuentes de la Cancillería chilena y un documento al que accedió El Mostrador. De hecho, Mitch Larsen, el consejero comercial de la legación norteamericana en Santiago, envió una carta a Relaciones Exteriores el 8 de septiembre pasado donde solicita una reunión con el subsecretario de Telecomunicaciones Jorge Atton y hace ver que a su gobierno le “preocupa el alcance de esta ley ya que creemos podría afectar a las empresas estadounidenses que se encuentran actualmente operando en Chile”. Atton se habría negado al encuentro. Consultada sobre la carta enviada a Cancillería, la Oficina de Prensa de la Embajada de Estados Unidos señaló que tiene “como política general no comentar sus conversaciones privadas con el Gobierno de Chile”.
En otro registro, el de gerente de asuntos corporativos de Movistar, el ex subsecretario de Eduardo Frei, Andrés Wallis representa los intereses de la empresa de capitales españoles pero rechaza ser catalogado de “lobbista”.
Mientras que Entel tiene a su área de asuntos públicos desplegada en torno a la Comisión Mixta, por otra parte tiene contratada a la agencia B2O, de la asesora presidencial Fernanda Otero y su hermano Jorge Miguel, para encargarse del proyecto “Artenas”, que busca convertir sus antenas en “obras de arte”, lo cual según uno de sus competidores es parte de su estrategia de mitigación para no compartir las antenas con las otras empresas, pese a que estas estén dispuestas a pagar por ello. A este team se suma, de acuerdo a otra fuente de la industria, las excelentes conexiones de Entel con el ex think tank de Cristián Larroulet, Libertad y Desarrollo, que puso a dos de sus profesionales (Silvia Baeza y Daniel Montalva) a monitorear todo lo que sucede en las sesiones de la Comisión Mixta.
Cierra el cuadro la embajada de México, que ha intentado influir a favor de Claro. La legación azteca, el 19 de agosto pasado, envió a Cancillería una misiva donde hizo explícita la “preocupación del Grupo América Móvil” (cuarta empresa de telecomunicaciones mas grande del mundo, dueña de Claro y controlada por el billonario mexicano Carlos Slim) “ante el complejo escenario que representaría la eventual aprobación de la citada ley (de antenas) en los términos planteados actualmente”. En el párrafo siguiente, señala que el proyecto incorpora limitaciones y obstáculos que desincentivan “la inversión de los operadores en la ampliación y despliegue de sus redes y limita el servicio en gran parte de las comunas del país”.
Los puntos claves de la disputa de ajedrez entre los lobbistas de las “telecos” son la llamada “colocalización” de antenas, la altura e impacto urbano de las torres y la definición de las zonas sensibles:
La primera significa que en una torre puedan instalarse antenas de varias compañías; si acaso esta colocalización debe ser aceptada de manera obligatoria o voluntaria por Entel, Claro y Movistar -las tres empresas que cuentan con antenas propias y que tendrían que autorizar a los nuevos jugadores, VTR y Nextel, a usar sus torres-; y si acaso la colocalización debe permitirse o no en las 6.254 antenas que ya existen a precio regulado o definido por el mercado.
La segunda, es la altura e impacto visual urbano de las torres y si acaso se debe prohibir la construcción e instalación de antenas a menos de 50 metros de escuelas, hospitales, jardines infantiles y asilos de ancianos; cuestión que, según algunos operadores, implicaría retirar cientos de antenas o dejar de construir otras, aumentando los costos para el consumidor final.
En ninguno de los casos mencionados las compañías están de acuerdo.
La posición que ha planteado la Subtel en las últimas sesiones de la Comisión Mixta, según fuentes de la industria, sería la de buscar un punto intermedio entre las posturas antagónicas para tratar de llegar a acuerdo, a sabiendas de que si la Comisión Mixta no logra un consenso, el proyecto no tendrá piso y podría morir en cuanto llegue a la sala de sesiones.
Los aspectos claves de dicha posición serían a) No establecer barreras de entrada a nuevos actores -léase cobros abusivos- b) Desincentivar la aglomeración de antenas c) Incentivar la colocalización retroactiva d) Promover la instalación de antenas con bajo impacto urbanístico (mimetización de antenas disfrazadas de palmeras u otros diseños de un catálogo a definir) e) Incentivar la instalación de antenas pequeñas f) Compensar por pérdida de plusvalía de propiedades de ciudadanos y g) Participación ciudadana en la toma de decisiones para que, por ejemplo, en La Dehesa o La Pintana sean los vecinos los que decidan si quieren una torre con antenas de varias empresas o varias antenas disfrazadas de otra cosa.
Todo esto se traduciría en promover la colocalización de antenas en las torres que ya existen y en aquellas que se construyan; y, por otra parte, que la empresa dueña de torres ya instaladas pueda negarse a recibir a un competidor en su torre pero deba pagar una compensación económica a la comunidad por la instalación de las torres de sus competidoras.
En la actualidad la torta del negocio móvil se reparte entre los “tres grandes”: Movistar, Entel, Claro; y, un Nextel, pequeño a nivel local pero gigante en otros países de Latinoamérica que quiere ponerse pantalones largos en Chile. Según datos oficiales de la Subsecretaría de Telecomunicaciones hoy Movistar lidera el mercado con el 40,6% de teléfonos móviles, seguida por Entel con 36,7%, Claro, con 22,6%, y en último lugar, con apenas un 0,2%, Nextel.
El proyecto de ley de antenas ha tenido una larga tramitación, de casi seis años, interrumpida por varias siestas legislativas. Ingresó a discusión en la Cámara de Diputados el 18 de abril de 2007 y después de idas y venidas al Senado, fue enviado el 4 de octubre pasado a la Comisión Mixta, integrada por los diputados PPD Patricio Hales y Pepe Auth, los UDI Gustavo Hasbún y Javier Hernández, el DC Juan Carlos Latorre y los senadores Juan Pablo Letelier (PPD), Francisco Chahuán y Baldo Prokurica (ambos RN), el DC Jorge Pizarro y el UDI Jovino Novoa. Hasta ahora, dicen en la propia comisión, la votación estaría empatada, pero se hace difícil comprobarlo ya que al ser una comisión mixta sólo se hace público el informe final y las actas de sesiones se mantienen en reserva. Tampoco ayuda el hecho de que la comisión no deja a los periodistas entrar a las sesiones.
[cita]Nextel como VTR además cuentan con apoyo diplomático de Estados Unidos. Como son empresas controladas por capitales estadounidenses, la embajada de ese país hace suya la defensa de su posición, según fuentes de la Cancillería chilena y un documento al que accedió El Mostrador. De hecho, Mitch Larsen, el consejero comercial de la legación norteamericana en Santiago, envió una carta a Relaciones Exteriores el 8 de septiembre pasado donde solicita una reunión con el subsecretario de Telecomunicaciones Jorge Atton.[/cita]
Lo que se decida en la Comisión Mixta tendrá un impacto decisivo para la aprobación del proyecto de ley en sala y, de paso, en las estrategias comerciales y de negocios futuras de la industria y las inversiones de Nextel y VTR (ambas de capitales estadounidenses), que como nuevos proveedores buscan aprovechar la capacidad instalada para funcionar al menor costo y tiempo posible.
En Chile hay casi 21 millones de teléfonos celulares (casi 1,3 por habitante) y el ingreso al sector de nuevos competidores debiera traducirse en un aumento de líneas móviles pero también en una lucha comercial por los clientes y una jibarización de la porción de mercado de los “tres grandes” que son los amos y señores de las antenas existentes. De las antenas que hoy hay en el país, según el último reporte publicado por la Subtel, Entel concentra el 47%, Movistar el 39% y Claro tiene el 23%. Aunque no lo dicen públicamente, en privado algunos de los consultados reconocen que compartir sus torres sin condiciones es como si usted dejara que el amante de su mujer duerma en su pieza. De ahí que busquen compensaciones o “premios de mercado”, como explica un alto ejecutivo de una las compañías, que pide anonimato.
Si tuviésemos que reducir la batalla a las posturas más duras y diametralmente opuestas, se podría traducir en la disputa Entel versus VTR, pese a que el concepto de colocalización retroactiva fue levantado en un principio por Nextel.
Mientras que Entel, controlada por Juan Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León y el grupo Yaconi Santa Cruz, ha fijado públicamente su posición asegurando que rechaza la colocalización obligatoria de antenas instaladas y por instalar; VTR (controlada por la norteamericana Liberty y con el dueño de Copesa, Alvaro Saieh, como socio minoritario) exige colocalización obligatoria retroactiva y de todas las que se construyan a futuro a un precio de mercado, pero que no sea tan alto como para que se convierta en una forma de taponar su ingreso al mundo móvil.
A su vez Entel sostiene que la retroactividad es mala por los problemas ciudadanos que puede significar que en una torre o antena se agreguen nuevos aparatos que conviertan la infraestructura en una parrilla de antenas rechazada por los vecinos; y VTR dice que es al revés ya que la colocalización permitiría no multiplicar la construcción de antenas y torres.
Detrasito de ambas “telecos” está Movistar que plantea que el precio de la colocalización sea un acuerdo entre las partes, netamente comercial, regulado por la oferta y la demanda. Su interés en este punto no tendría tanto que ver con que si la empresa de Telefónica recibe buenos dividendos por aceptar otros operadores en sus torres como con el hecho de que ya ha vendido un porcentaje no determinado de sus antenas a American Tower, empresa del negocio de antenas y torres que en Estados Unidos funciona como administradora del rubro, y sea probable que desee venderle el porcentaje restante, para dedicarse al núcleo de su negocio y compartir infraestructura en todo lo que se pueda para abaratar costos.
La posición pública de Claro es la de la colocalización obligatoria de ahora en adelante y pretende tomar medidas de mitigación para sus antenas ya instaladas.
La palabra final la tienen los 10 parlamentarios de la Comisión Mixta.
