No tienen experiencia demostrable como consultores o expertos en la lucha contra el crimen pero reciben remuneraciones mensuales que van de $2.000.000 a $5.600.000 para coordinar y dirigir proyectos antidelincuencia. Uno de ellos es el mejor pagado del organismo y es ex presidente de la rama de fútbol de la UC, equipo del cual el subsecretario Lira es accionista. El segundo en el ranking es conocido como protegido del presidente de RN Carlos Larraín. Algo muy distinto a la promesa del Presidente Piñera de eliminar el “cuoteo y la repartija política”.
“Nuestra intención es designar un gobierno amplio y diverso, sin cuoteo ni repartija política, sino buscando a los mejores”, prometió Sebastián Piñera cuando fue electo Presidente. Otra de sus promesas fue terminar con la delincuencia. Para ello el Mandatario comprometió la creación de la Subsecretaría de Prevención del Delito y nombró a su cabeza al ingeniero comercial Cristóbal Lira Ibáñez.
De profundas redes empresariales y políticas, Cristóbal Lira es sobrino de Pedro Ibáñez, uno de los fundadores y financistas de RN, es primo de Nicolás y Felipe Ibáñez (ex controladores del imperio supermercadista D&S), fue gerente de D&S y al menos hasta antes de convertirse en subsecretario todavía era dueño de cerca del 5% de acciones de Cruzados, sociedad anónima propietaria del equipo de fútbol Universidad Católica.
Hoy Lira hace noticia porque cuatro importantes asesores a honorarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito: Felipe Achondo Doren, Gonzalo Díaz del Río, Óscar Díaz Bustamante y Alonso Castillo Bastías; ganan en total al mes $14.000.000 y ninguno de ellos tiene título profesional ni experiencia demostrable en materias de prevención delictual.
¿Qué define a un gobierno de los mejores “sin cuoteo ni repartija política” o mejor dicho qué experiencia curricular en materia de seguridad y prevención del delito tienen estas personas y bajo qué criterios profesionales fueron contratadas a honorarios para dichos cargos?
Se lo preguntamos a Lira. Esta fue su respuesta:
“Las personas aludidas, que en su mayoría ya estaban cuando asumí esta subsecretaría, son de alta confianza, gran experiencia en el ámbito de las actividades en que se desarrollan e importante experiencia política. En estos dos años, han demostrado excelencia en el desempeño de sus actividades y sus remuneraciones están de acuerdo a las responsabilidades del cargo que cumplen”.
[cita]Gonzalo Díaz del Río Riesco es «Técnico Pesquero» del Centro de Formación Técnica Zipter y está contratado por la Subsecretaría como “Coordinador Regional de la Región Metropolitana”, cargo por el cual percibe honorarios mensuales de $3.333.333. [/cita]
Los datos contradicen la versión del subsecretario. Revíselos usted caso a caso.
León Felipe Achondo Doren según los datos oficiales publicados en la sección de Gobierno Transparente de la Subsecretaría, sólo tiene Licencia de Enseñanza Media, fue contratado como asesor a honorarios el 1 de septiembre de este año, cuando Lira ya era subsecretario, y gana más que cualquiera de los funcionarios de planta, contrata u honorarios de la Subsecretaría, con excepción del propio subsecretario. Específicamente $5.600.000 al mes. ¿Su tarea? Ser “Asesor en Materias de Diseño e Implementación del Programa Estadio Seguro”.
Cristóbal Lira no se refirió a si conocía a Achondo antes de contratarle o si trabajaron juntos cuando el subsecretario era miembro del directorio de Cruzados pero lo concreto es que el último trabajo conocido de Achondo, antes de sumarse al gobierno, fue el de presidente de la rama de fútbol de la UC, cargo que mantuvo desde 2006 hasta 2010, período en que no se le conocen programas públicos en materia antidelincuencia o respecto a la seguridad en los estadios.
Si usted revisa la planilla de contratos a honorarios de la Subsecretaría, como lo hizo El Mostrador, verá que el único asesor que se acerca a lo que gana Achondo es un ingeniero civil industrial que percibe $5.000.000 por una labor idéntica a la de el ex presidente del equipo de fútbol de propiedad de Cruzados SADP.
El otro caso de asesoría sin título dentro de esta área es el de Alonso Andrés Castillo Bastías, quien sólo tiene Licencia de Enseñanza Media, pero recibe mensualmente $2.057.614 a honorarios por el mismo trabajo de Achondo. Específicamente, en Gobierno Transparente, figura como “Asesor para la implementación del Programa Estadio Seguro” desde el 1 de septiembre de este año. Igual que el ex presidente de fútbol UC.
Gonzalo Díaz del Río Riesco es «Técnico Pesquero» del Centro de Formación Técnica Zipter y está contratado por la Subsecretaría como “Coordinador Regional de la Región Metropolitana”, cargo por el cual percibe honorarios mensuales de $3.333.333 y al cual, según Gobierno Transparente, llegó el 1 de agosto de 2011 (pese a que en la Subsecretaría aseguraron que Díaz del Río ostenta dicho cargo desde antes de la llegada de Lira).
Díaz del Río es militante RN y es conocido públicamente como uno de los “regalones” del presidente de ese partido, Carlos Larraín. De raigambre Opus Dei como “don Carlos”, Díaz del Río fue candidato a diputado en 2009 por San Joaquín, Macul y La Granja pero fue derrotado por el UDI Felipe Salaberry.
Calificado como la “mano derecha” del ahora senador Larraín en la Intendencia Metropolitana -donde trabaja como jefe de seguridad pública y ha subrogado a Cecilia Pérez pese a que no figura en los registros de Gobierno Transparente de la Intendencia-, Díaz del Río también es cercano al “Coté” Ossandón e integra el directorio de la Polla Chilena de Beneficencia. Por esta última labor recibe más de $3.000.000 mensuales. El presidente del directorio de la Polla es Roberto Ossandón, reconocido ex encargado de las platas de RN y hermano del “Coté” y la ex directora de la Junji, Ximena Ossandón.
Óscar Díaz Bustamante es militante UDI de larga data. Fue miembro de la comisión política del gremialismo en los períodos 1996-1997 y 1997-2000 y en la actualidad es concejal por ese partido en la comuna de Lo Espejo.
Con estudios no acabados de Derecho, Díaz Bustamante no es autor de investigaciones sobre delincuencia ni registra un currículo de público conocimiento en criminología o áreas relacionadas. Pese a ello ocupa el cargo de Coordinador Nacional de la División de Seguridad Pública, quizá el cargo más relevante del organismo después del subsecretario Lira, y es su asesor directo. Por estas funciones percibe honorarios mensuales de $2.950.000. Según Gobierno Transparente trabaja en la entidad pública desde el 1 de enero de 2011.
