“Valoramos la decisión del Ejecutivo, pero esperamos el rechazo total de esta iniciativa que afecta la libertad de expresión ciudadana gravemente”, sostiene Mauricio Weibel, presidente de Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional y de la Unión Sudamericana de Corresponsales.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, comunicó telefónicamente este miércoles a la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional que el gobierno enviará una indicación al Congreso para eliminar la facultad de la policía de pedir a los medios sus archivos audiovisuales como establece el proyecto de ley que “Fortalece el Resguardo del Orden Público”.
La Unión de Reporteros Gráficos y la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional plantearon a los diputados la gravedad de aprobar la iniciativa legislativa, en particular el artículo N°2 donde se consagra de manera institucional el poder de “consignar la existencia y ubicación de fotografías, filmaciones, grabaciones y, en general, toda reproducción de imágenes, voces o sonidos que se hayan tomado, captado o registrado y que sean conducentes para esclarecer los hechos que constituyan o puedan constituir delito y obtener su entrega voluntaria o una copia de las mismas, de conformidad a lo prevenido en el artículo 181…”.
La aprobación de esta ley consolidaría institucionalmente la censura previa y lesionaría gravemente las condiciones mínimas para el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los profesionales de la comunicación, entre ellos periodistas, fotógrafos y camarógrafos, así como el derecho de la ciudadanía de estar informados, por cuanto esta facultad limitaría el uso del material periodístico y se transgrede el derecho básico de resguardar las fuentes informativas, consignado en la Ley de Prensa.
Los gremios valoran la decisión del gobierno para eliminar este artículo y esperan que se materialice a la brevedad, pero mantienen su preocupación por el proyecto en general, por cuanto inhibe las libertades públicas, la libertad de expresión y de manifestarse en la calle u otros espacios, todas consagradas como derechos fundamentales en la normativa internacional, las que el Estado de Chile ha suscrito formalmente.
“Valoramos la decisión del Gobierno, pero esperamos el rechazo total de esta iniciativa que afecta la libertad de expresión ciudadana gravemente”, sostiene Mauricio Weibel, presidente de Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional y de la Unión Sudamericana de Corresponsales.
