Para el primogénito socialista del titular del Minsal, la finalidad última del proyecto no es perseguir los hechos delictuales que se producen en las manifestaciones sociales, “sino más bien el de generar un instrumento de represión táctica de determinadas formas de expresión política”.
Una dura crítica a la llamada ‘Ley Hinzpeter’ realizó Juan Pablo Mañalich ante la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. El hijo mayor del ministro de Salud, Jaime Mañalich, y profesor del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile, compartió parte de esa declaración a El Dinamo.cl.
Según el abogado, el proyecto «no buscan criminalizar los hechos de violencia, sino la participación en manifestaciones o marchas masivas».
Agregando que «si los desórdenes o actos de fuerza consisten en ‘saquear’ un establecimiento comercial, lo que esta regla señala es que los involucrados tendrían que ser castigados como autores de desórdenes públicos y, además de ello, como autores de robo con fuerza en las cosas».
En ese sentido, dijo que «la propuesta de extender la criminalización con la misma magnitud de pena para quienes hayan incitado, promovido o fomentado los desórdenes o los actos de fuerza o violencia. Esto parece augurar que las personas que convoquen a alguna marcha suficientemente masiva queden expuestos a ser perseguidos penalmente».
«Y la propuesta de establecer una agravante específica de responsabilidad consistente en llevar el rostro cubierto. Esto significa que se agravaría la responsabilidad penal de una persona por el solo hecho de no favorecer su propia persecución penal, que representa una amenaza contra una de las bases del Estado de derecho», acotó Juan Pablo Mañalich.
Al ser consultado por la opinión expresada por los dirigentes estudiantiles —quienes aseguran que el proyecto busca criminalizar el movimiento al querer castigar a los convocantes de las marchas— el hijo mayor del ministro de Salud señaló: «Si ese es el parecer de los dirigentes estudiantiles, creo que tienen razón. Ello es claro en atención a la regla que hace extensiva las penas a quienes puedan aparecer convocando a las marchas o protestas en que puedan tener lugar los “desórdenes o actos de fuerza o violencia”. No estoy en condiciones de calificar intenciones de personas individuales, pero ciertamente no creo que aquí se trate, desde el punto de vista del Gobierno, de un problema de “seguridad ciudadana”. El proyecto de ley ciertamente deja entrever una pretensión de mermar las bases para el ejercicio de determinadas formas de expresión política».
