La comisión investigadora de la cuestionada condonación —que preside el diputado Fuad Chahín—, avanza silenciosamente en sus indagaciones. El lunes pasado le tocó el turno a los sindicatos del servicio, presentación que según el parlamentario abrió dudas sobre la manera en que se ejerció la facultad de condonar, por lo que “ya no tenemos claro si se ajustó o no a derecho la condonación de intereses y multas”.
Mientras el gobierno opta por bajar el perfil a los nuevos antecedentes relativos al caso Johnson’s, la comisión investigadora de la Cámara Baja que lleva el tema —presidida por Fuad Chahín (DC)—, avanza silenciosamente en recabar datos y testimonios.
Esta semana le tocó el turno a los sindicatos del Servicio de Impuestos Internos (SII), que reafirmaron las duras críticas que han venido realizando sobre el rol del director, Julio Pereira, y del subdirector Jurídico, Mario Vila, en el millonario perdonazo a la multitienda, abriendo además una serie de interrogantes sobre la existencia o no de irregularidades e ilegalidades en la cuestionada operación.
Los funcionarios centraron sus planteamientos en los conflictos de interés que han operado en el caso y que, según señalaron, debieron ser resueltos previamente por las autoridades del servicio, así como en las irregularidades e ilegalidades “que pudieran haber tenido lugar en el proceso de condonación y que deben ser despejadas por las autoridades del SII”.
Entre los datos analizados durante la presentación, se detalló que “el director del SII ha expresado versiones diversas sobre el inicio y origen del proceso de condonación. En algunos medios ha afirmado que el contribuyente se acercó a fines del 2010 para regularizar su situación, y en otros que esto habría ocurrido en marzo de 2011. Cualquiera sea la realidad, posteriormente se llevó adelante el llamado proceso de negociación del SII con la empresa Johnson’s, en que intervinieron diversos actores (Johnson’s, PwC, los bancos encabezados por el Banco de Chile). Ésta es, sin duda, la etapa del proceso en que no existen elementos entregados desde el SII que clarifiquen sus actuaciones”.
En este sentido, indican que Pereira a través de diversos documentos, la prensa y comparecencias ante el Congreso, “ha afirmado su participación en las definiciones tomadas. Solo ante la Comisión Investigadora ha afirmado no haber tenido ninguna actuación operativa”, sino acotada a supervisión.
Por ello, propusieron invitar a los 8 funcionarios de carrera que según información entregada por el Servicio de Impuestos Internos a la prensa fueron los encargados de llevar adelante la condonación que permitió a la empresa ahorrarse 59 mil millones de pesos en multas e intereses. Entre estos se encuentra la ex jefa de la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC), Mirtha Barra, quien ya dio su testimonio ante los parlamentarios, dejando en una incómoda posición a Pereira, ya que su declaración desacredita la versión del abogado sobre su rol en el perdonazo a Johnson’s.
[cita]Según explicó Fuad Chahín a este medio, tras la presentación realizada por los miembros del sindicato, “se sigue reafirmando que uno de los puntos más claros es el conflicto de interés que afecta a Pereira y a Vila, pero además nos siguen generando dudas respecto de la manera que se extinguieron 108 millones de dólares solo con el pago efectivo de 8 millones de dólares. Esperamos que la Tesorería General de la República nos ayude a despejar estas dudas, así como los funcionarios que participaron en el proceso”.[/cita]
El objetivo es que los profesionales declaren sobre su actuación en la operación, aunque particularmente sobre el desempeño del director y el subdirector en el proceso. La propuesta, al igual que todas las realizadas por los funcionarios durante la presentación, fue aprobada por la Comisión.
En la presentación, realizada por el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile (Aneiich), Carlos Insunza, destacan como fundamental que “los actos administrativos que dieron curso y sustentaron la operación sean requeridos por la Comisión, ya que estos explicarán con toda claridad las actuaciones involucradas y sus alcances”.
Entre los puntos a determinar consideran prioritario que el SII envíe las resoluciones que dieron lugar a la condonación a Johnson’s y sus empresas relacionadas.
Por otra parte, enfatizan que Pereira ha ocupado diversos términos para referirse a los alcances de las operaciones tributarias ocurridas a favor de la empresa en el proceso de condonación, por lo que es necesario “determinar cuáles fueron los instrumentos legales utilizados”, lo que es “materia central de la determinación de las figuras que pudieran constituir irregularidades o ilegalidades en el proceso”.
También hay dudas sobre el rol de la Tesorería General de la República (TGR) —que según el testimonio de Mirtha Barra estaba al tanto de los detalles de la negociación—, por lo que se plantea la necesidad de solicitarle que aclare la existencia de comunicaciones con el SII, en cualquier formato, que dieran cuenta del proceso de negociación y si existió respuesta de dicha entidad.
Otra arista a la que apuntaron los funcionarios fue la relativa a los juicios que mantenía el SII con Johnson’s y que como condición para condonar tuvieron que ser desistidos por la empresa.
“El director ha afirmado reiteradamente la incerteza que mantenía el fisco de ganar los juicios entablados por Johnson’s. Sin embargo no ha acreditado cuáles eran esos juicios, de qué empresas y en qué situación procesal se encontraban”, detalló Insunza.
Agregando que “es evidente que para realizar esta información no resulta inocuo conocer si los juicios estaban en apelación en las Cortes de Apelaciones o en la Corte Suprema sobre la base de fallos de primera instancia favorables o no al SII”.
Todas esta información fue solicitada por la Comisión hace varias semanas, al igual que una serie de preguntas que quedaron pendientes en la sesión a la que acudió Pereira el miércoles 1 de agosto, pero hasta el momento no ha habido respuesta.
En este sentido, en el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que llevaba algunos de estos juicios y según ha trascendido no fue informado por el servicio de la decisión, también hay preocupación sobre el tema, por lo que en junio solicitaron a la comisión investigadora que se remitieran todos los antecedentes vinculados a la condonación. Además, también enviaron un oficio al servicio liderado por Pereira.
Asimismo, los funcionarios recalcan que es relevante conocer el criterio del Consejo sobre las causas en las que era parte y su evaluación propia de los riesgos de tener sentencias desfavorables.
Conforme declaran los sindicatos, Pereira ha separado “insistentemente” las pérdidas tributarias “adquiridas” por Johnson’s y las empresas relacionadas de aquellas que nombra como “operacionales” o “incuestionables”. Indicando que “al renunciar la empresa a $1.200 millones de dólares en pérdidas de este segundo tipo se habría producido un ahorro fiscal de monto equivalente”.
Frente a esto, observan que “la renuncia a pérdidas tributarias es una figura no contemplada en la ley, cuya explicación se ha adjudicado el término de giro, ya que existe formato para que un contribuyente renuncie a sus derechos. Se trata de un hecho llamativo, incluso que va más allá de las facultades legales del SII. ¿Por qué aceptaría la empresa que se le obligara ilegalmente a renunciar a una pérdida propia, legal, no utilizada, no judicializada?”.
Por otra parte, advierten que “si este hecho es efectivo, el posible beneficio fiscal no es equivalente al monto de la pérdida tributaria renunciada sino a su impacto en la reducción de la base imponible o de las devoluciones que pudieran solicitarse imputadas a dicha pérdida. Esto evidentemente es un monto mucho menor que el total de la pérdida tributaria”.
Según explicó Fuad Chahín a este medio, tras la presentación realizada por los miembros del sindicato, “se sigue reafirmando que uno de los puntos más claros es el conflicto de interés que afecta a Pereira y a Vila, pero además nos siguen generando dudas respecto de la manera que se extinguieron 108 millones de dólares solo con el pago efectivo de 8 millones de dólares. Esperamos que la Tesorería General de la República nos ayude a despejar estas dudas, así como los funcionarios que participaron en el proceso”.
Además, aseguró, que se “abrió una nueva arista de la manera en que se ejerció la forma de condonar los 1.200 millones de dólares de intereses y multas. Al ser la condonación superior al 66% estaba obligado a conocerla el director, pero él dice que no tuvo participación”.
A la vez, el parlamentario reiteró que “se nos generan dudas de la manera en que se ejerció la facultad de condonar en el porcentaje que se hizo, por lo que ahora ya no tenemos claro si se ajustó o no a derecho la condonación de intereses y multas”.
Las próximas semanas serán claves para la investigación, cuyo término estaba programado para el 6 de septiembre, pero según adelanta Chahín solicitarán un mayor plazo. Luego de los funcionarios de carrera que participaron en el proceso operativo están invitados el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Sergio Urrejola, y el tesorero general de la Tesorería General de la República, Sergio Frías.
