Aunque el ente recaudador ha desmentido que el subdirector jurídico, Mario Vila, participara de la condonación a la multitienda, documentos a los que accedió El Mostrador revelan que el funcionario estuvo involucrado desde enero de 2011 en la operación y que sólo se inhabilitó a fines de octubre. Además, ratifican la denuncia de la funcionaria Mirtha Barra, en cuanto a que cuando ella tomó el tema, éste ya estaba zanjado, y revelan la estrategia del directorio de Johnson’s de “escalar” el lobby para lograr la condonación.
Ni sordo ni ciego ni mudo. Mario Vila, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII) estaba involucrado al menos desde enero del 2011 en el proceso de negociación con Johnson’s.
Y es que las sospechas por la generosa condonación, que entre otras ventajas permitió a la multitienda ahorrarse 119 millones de dólares en intereses y multas, apuntan al pasado de Vila y su jefe, Julio Pereira, ambos ejecutivos de la auditora PricewaterhouseCoopers (PwC) —firma que asesoraba a Johnson’s— hasta que se incorporaron al gobierno de Piñera en marzo de 2010.
Vila ha negado su intervención, al igual que Pereira, pero las pruebas le juegan en contra.
Hace tres meses Ciper reveló que en marzo de 2011 Vila había contactado al fiscal de la multitienda, Eduardo Morales, para avanzar en las negociaciones. El mismo Morales afirmó entonces que el abogado le comentó en ese contacto que no podía hablar, pues estaba inhabilitado.
Pero nada de eso. Vila ya había tenido contacto con ellos antes y todavía ni pensaba en dar un paso al lado en las negociaciones.
El Mostrador tuvo acceso a las actas de directorio de todo el año 2011, las cuales revelan los contactos entre Vila y directores de la compañía, el crudo análisis de la empresa respecto a escalar las gestiones a nivel político para salir del ahogo y el aceitado intercambio entre Johnson’s y el SII para elaborar una planificación tributaria que les permitiera llevar al mínimo los pagos al Estado.
“Desde su ingreso al Servicio de Impuestos Internos (SII), Mario Vila se ha inhibido de conocer y desde luego resolver, cualquier tema relativo a Johnson’s, por ejemplo, lo concerniente a la condonación”. Esa fue la respuesta entregada a mediados de junio por la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda sobre el rol jugado por el director jurídico de la institución en torno al millonario perdonazo a la multitienda, y que ha mantenido a firme a lo largo de los meses.
Sin embargo, según las actas del directorio de Johnson’s, que fueron entregadas a la comisión investigadora del caso, ya en enero de 2011 Vila tenía velas en el entierro de la millonaria operación.
Así queda plasmado en el acta del 18 de enero, donde uno de los miembros del directorio, Luis Fernando Pacheco, se refiere a las reuniones tendientes a solucionar los problemas tributarios de la compañía, señalando que “hasta la fecha el resultado no era bueno. La semana pasada se sostuvo, por indicación del subdirector jurídico del SII, una reunión con el Sr. Hugo Horta, con Patricio Soto y con otra funcionaria, con la finalidad de seguir avanzando en estos temas”.
En las actas del directorio de Johnson’s del 9 de marzo, Vila vuelve a salir al ruedo. Esta vez porque, según informaba el director Eduardo Morales, “recibió un llamado del Sr. Mario Vila del SII en relación con las conversaciones mantenidas con el Servicio y que esperaba que dentro de esta semana se produjera una reunión, cosa que confirmó el Sr. Pacheco”.
Según la versión dada por Morales a Ciper Chile, en el contacto telefónico sostenido con el subdirector jurídico éste solo le comunicó que no podía referirse al tema porque estaba inhabilitado. Lo curioso, es que según información solicitada por transparencia al SII, Vila recién se inhabilitó del caso el 28 de octubre de ese año, es decir siete meses después. En el intertanto, no realizó ningún acto de inhabilitación verbal ni escrita.
[cita]En las actas del directorio de Johnson’s del 9 de marzo, Vila vuelve a salir al ruedo. Esta vez porque, según informaba el director Eduardo Morales, “recibió un llamado del Sr. Mario Vila del SII en relación con las conversaciones mantenidas con el Servicio y que esperaba que dentro de esta semana se produjera una reunión, cosa que confirmó el Sr. Pacheco”.[/cita]
Desde el SII explican que Vila se inhabilitó en la condonación extraordinaria del caso Johnson’s recién el 28 de octubre, porque la Contraloría General de la República “establece que la inhabilitación se debe realizar al momento de enfrentar la situación”. Y detallan que “la posibilidad de que el subdirector Jurídico tuviese que participar en la condonación de las empresas Johnson’s era eventual, en virtud de que por Ley, la facultad de condonar radica en los Directores Regionales o el Director de Grandes Contribuyentes”.
Luego la entidad justifica que “El Director Nacional sólo interviene para una autorización administrativa en el evento que el Director Regional o el Director de Grandes Contribuyentes estime que el porcentaje a condonar debe ser superior a los máximos autorizados en la Circular 42 de 2006 del SII. El Subdirector Jurídico sólo podía verse enfrentado a la situación de autorizar una condonación en el evento de estar subrogando al Director Nacional”. Lo que según sostienen efectivamente ocurrió: “Al momento de llegar la solicitud de autorización a la Dirección Nacional, subrogaba al Director Nacional (que estaba fuera de Chile en la OECD) el Subdirector Jurídico por lo que en el acto, y como lo ha señalado la Contraloría General de la República, procedió a inhabilitarse”.
Aclarando finalmente: “Esta situación queda en evidencia, no sólo por el acto escrito de inhabilitación, sino porque la autorización no fue firmada por el Subdirector Jurídico en su calidad de subrogante, sino que por el Subdirector Normativo, el subrogante siguiente”.
El mismo 18 de enero en el directorio había caras largas. Los intentos de la administración y la mesa por recuperar la compañía no dan frutos. La mesa que conduce Marcelo Calderón ve el negocio cayendo en picada y para peor, en sus conversaciones con el Servicio de Impuestos Internos (SII) para encontrar salida a sus millonarias deudas tributarias, no hay luz al final del túnel.
La discusión para salir del trance es ardua. Se han hecho gestiones, informa el director Luis Fernando Pacheco, pero nada ocurre. Describe la reunión convocada a expensas de Vila y asegura que siguen entrampados porque el Servicio les exige pagar algo, aunque sea poco.
Pacheco es crudo en la descripción de la reunión con el encargado de Medianas y Grandes Empresas de la Subdirección de Fiscalización del SII, Hugo Horta. Informa que le dijeron al funcionario que “el tema no era técnico”, pues había argumentos de ambos lados respecto a la validez de los pagos; que también le hizo ver que “la resolución de estos procesos determinaba la viabilidad de la empresa” y finaliza sentenciando que “consideraba agotada esta instancia y, concluye que el tema no era resorte de los funcionarios, sino que de autoridades políticas”.
El directorio coincide rápido. Otro director, Miguel Zlatar, pide cambiar de estrategia, ya que “no se puede esperar a que funcionarios menores tomen las decisiones que deben tomar los superiores”. Y recomienda con su experiencia, citando un caso similar en épocas anteriores en el cual había “partido conversando con el director del Servicio y que a los técnicos les correspondió implementar una decisión que había sido tomada a nivel político”.
La discusión se entrampa y la mesa decide buscar ayuda. Para ello deciden acudir al ex director del SII, el antecesor de Pereira, Ricardo Escobar, a quien invitan para la siguiente sesión.
Eduardo Morales advierte que prefiere que se invite al abogado tributarista, Juan Manuel Barahona, pues llevar a Escobar para esos fines “puede ser contraproducente”. Zlatar se queja de que el hecho de que “los actuales máximos directivos del SII hubieran sido nuestros abogados en la defensa de juicios tributarios ha operado en contra y es más bien un lastre que un beneficio”.
Los hechos futuros demostrarán que la percepción de Zlatar era equivocada. En Ernst & Young, donde Escobar es socio, afirman que el ex jefe del SII nunca asesoró a Johnson’s, aunque no mencionaron si Escobar acudió al siguiente directorio de la multitienda ni si fue requerido por la empresa. Ernst & Young fue, hasta mediados de 2011, la auditora de la firma ligada a Marcelo Calderón.
Los entretelones de esta historia —y que logran develarse en parte a través de las actas de Johnson’s—, respaldan la versión de la ex directora de la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC) del SII, Mirtha Barra, quien aseguró que cuando ella asumió el cargo, a mediados de agosto de 2011, el acuerdo ya estaba cocinado.
A tal nivel, que el rol de su dirección se limitó más bien a impulsar que se cumplieran las condiciones que ya estaban acordadas.
Conforme aseguró la profesional de carrera ante la comisión investigadora liderada por Fuad Chahín (DC), fue justamente Mario Vila junto al director del servicio, Julio Pereira, quienes a dos días de empezar sus funciones, le informaron e instruyeron sobre la existencia de la decisión ya tomada de la condonación de intereses y multas para Johnson’s. Ambos, junto al entonces subdirector de Fiscalización, Iván Beltrand, le detallaron las condiciones en que debía impulsarse el polémico perdonazo.
De hecho el 22 de junio de 2011 ya se habla del pago de 8 millones de dólares al SII.
Antes, el 21 de abril, se informa de un principio de acuerdo con el SII, “que comprenden la renuncia a las pérdidas, al conjunto de pérdidas adquiridas de terceras sociedades y no generadas por Johnson’s y sus empresas relacionadas”. Así lo señalaba el abogado de Carey y Cía, Alex Fischer, durante la reunión del directorio de la compañía, indicando, según consta en el acta correspondiente, que “de acuerdo a sus cálculos actualizados e incluyendo multas e intereses, la contingencia tributaria de las empresas Johnson’s asciende a 102 mil millones de pesos, valores que corresponden a 6 mil millones de pesos aproximadamente a impuestos de retención no enterados en su oportunidad y el saldo a impuestos a la renta o eventualmente IVA”.
En conformidad a sus estimaciones, y pese a que asegura que el SII tiene sus propios tiempos, Fischer anuncia a sus clientes que espera tener una respuesta definitiva sobre el proceso ese mes.
El 24 de mayo el director Luis Fernando Pacheco anuncia que hay una alternativa de solución. Dos semanas después, el 7 de junio, se informa que “hubo una reunión con la plana ejecutiva del SII y se estaba revisando el sistema de fusiones para preservar pérdida, se recordó que este proceso puede ser lento, sin embargo está avanzando”.
Esto, en opinión del presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile (Aneiich), Carlos Insunza, “demuestra que la planificación tributaria se hizo en el servicio”.
El 22 de junio, dos meses antes de que asumiera Barra, se informa al directorio que los abogados de Carey habían “enviado una última propuesta al SII, quienes la habrían aceptado con algunas modificaciones”.
La propuesta, explicaba Pacheco, “se estructura sobre la base de un conjunto de fusiones sucesivas, la creación de una nueva empresa y el término de giro definitivo de una de ellas”. Y un dato clave: a petición de Eduardo Morales el directorio solicita efectuar un análisis del flujo de caja “considerando el pago de $ 8 millones de dólares que debería efectuarse dentro de este año, parte en julio y parte antes del 31 de diciembre de 2011”.
El 21 de julio, se da cuenta de que el estudio Carey y Cía. “ha sostenido un conjunto de reuniones con personal del SII, con el objeto de diseñar un proceso de reestructuración societaria que compatibilice los intereses de la compañía, en términos de resolver dichas contingencias, y las necesidades de adecuarse a la normativa y reglamentación del SII. En opinión de los asesores legales, dicha solución es factible de alcanzar dentro del mes de agosto”. Para Insunza “esto reafirma que Johnson’s y el SII estaban planificando en conjunto la fórmula para beneficiar a la empresa”.
El SII y Johnson’s caminaron de la mano para sellar el acuerdo. El 7 de septiembre el abogado de Carey, Alex Fischer, informa al directorio de la multitienda que “el acuerdo con el Servicio sigue adelante” y que el SII “ha procedido a la revisión a fondo de las pérdidas que se van a validar”.
“Están haciendo ajustes que no afectan en nada los números finales”, dice Fischer, como indica el acta del directorio de ese día, develando el conocimiento que tenía el estudio de lo que hacía el Servicio.
El abogado detalla que según el plan de trabajo, descrito desde el 30 de agosto, se contempla la constitución y modificación de sociedades vinculadas a Johnson’s, destinadas a unificarlas en una sociedad, tal como tienen conversado con el servicio. Además, involucra la presentación de desistimientos de sus reclamos, rectificatorias y solicitud de giros.
Mientras el SII y Johnson’s avanzan hacia el arreglo, la empresa vive angustiada. Al borde de la quiebra. Y ya está pensando en vender. El 9 de agosto, se informa que los accionistas le pidieron sondear posibles interesados en la empresa y que los hay. Pero se advierte que éstos pidieron zanjar el problema tributario primero.
Un mes después el acuerdo va viento en popa, aunque la empresa agoniza. Fischer ratifica que las pérdidas fueron revisadas por el Servicio y que se inició el plan de trabajo acordado. El 20 de septiembre el abogado ratifica que ya hicieron los desistimientos de los reclamos al servicio, por lo que, en ese punto, la situación es “irreversible”. Es decir, el acuerdo debe cerrarse sí o sí.
Y agrega un antecedente rotundo que demuestra la posición de inferioridad de la multitienda para negociar. “Ya se han dictado las sentencias de primera instancia, todas condenatorias en contra de Johnson’s y filiales”.
Eduardo Morales revela las cuentas alegres: con pagar US$ 8 millones se solucionan más de US$ 232 millones adeudados y añade que “parte de esos créditos que en definitiva se verán extinguidos tienen la calidad de créditos preferentes (impuestos de retención y devoluciones supuestamente improcedentes, de acuerdo al artículo 24, inciso final del Código Tributario) y que en general se acaban una serie de contingencias que preparan a la compañía para ser vendida”.
Según fuentes del Sindicato de Trabajadores del SII, esta última declaración confirma que en caso de quiebra, la empresa habría tenido que pagar al Servicio y dado los montos, una cifra superior a los US$ 8 millones. Esto, porque los créditos preferentes están en la primera línea de los pagos que debe hacer una empresa si solicita su quiebra.
El 27 de septiembre la situación llega al límite por las restricciones de los bancos para dar financiamiento que permita pagar los US$ 8 millones pedidos por el Servicio.
Johnson’s decide no pagar, pues la poca caja que tiene la están dedicando a pagar a proveedores y se ordena a la administración que prepare los documentos para pedir la quiebra en cinco días más.
Con todo, el 3 de octubre aparece una pequeña luz. El Banco de Chile accede a reunirse con la DGC del SII para conocer el acuerdo con Johnson’s. El dueño de la empresa, Marcelo Calderón, que casi nunca intervenía, en conformidad a las actas, aportó su confianza en el gobierno. “El sr. Calderón indica que es políticamente muy malo que la compañía no tuviera ayuda por el Estado. No es bueno para el gobierno que un empresario sea castigado en este sentido, por culpa de la banca, porque no dio más plazo ni más dinero para solucionar los problemas inmediatos”, subrayó el empresario.
A este respecto, Mirtha Barra informó a la comisión investigadora que la reunión con el Banco de Chile ocurrió el 14 de octubre y se realizó por expresa instrucción de Julio Pereira, quien llamó por teléfono a Barra el 13 de octubre. Un ajetreado día, puesto que justamente esa fecha Pereira estaba inhabilitándose en el caso La Polar, por haber trabajado en PwC cuando ésta auditaba a la multitienda.
Así todo se soluciona el 18 de octubre, cuando Eyzaguirre informa que están negociando con Cencosud, bajo acuerdo de confidencialidad. Para revisar a Johnson’s se integra una antigua conocida: PwC, auditora de Cencosud.
El 15 de noviembre de ese año, como refiere el acta de Johnson’s, el director Luis Fernando Pacheco informa a la mesa que se reunió con Daniel Rodríguez, gerente general de Cencosud, “quien le señaló que esperaba que el proceso de Due Diligence culmine el próximo viernes y que la venta estaría siendo condicionada a la solución de la contingencia tributaria”, detalla el acta.
Y los caballeros cumplen su palabra. Tras un año de intensas gestiones, el SII concede la millonaria condonación y Cencosud le paga US$ 66 millones al dueño de Johnson’s por el 85% de la propiedad de la firma que sólo pagó US$ 8 millones en impuestos.
