La empresa del ex yerno de Augusto Pinochet ofertó US$ 40,63 millones, superando las ofertas económicas presentadas por las compañías NX Uno de Peine y Posco Consortium. En paralelo, un grupo de parlamentarios interpuso un recurso de nulidad a este proceso de licitación en la Corte de Apelaciones. Ante la negativa del ministro Jorge Dahm de acoger la medida precautoria para suspender la licitación, el abogado Patricio Zapata presentó un recurso de hecho en contra de la decisión del magistrado.
La Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) —de propiedad de Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet— se adjudicó la lictación para la operación de Contratos Especiales de Operación de Litio (Ceol).
Así lo anunció esta mañana el subsecretario de dicha cartera, Pablo Wagner, quien indicó que, si bien todas las empresas oferentes cumplían con los requisitos legales que estaban estipulados, SQM es la que presentó mejor oferta económica, correspondiente a $19 mil 301 millones. Seguida por la oferta presentada por Posco Consortium (integrado por las empresas Posco, Mitsui, Daewoo International Corporation de Corea y Minera Li Energy Spa) de $8 mil 256 millones; y de la sociedad legal minera NX UNO de Peine, ligada al empresario Francisco Javier Errázuriz, la cual ofertó $2 mil 750 millones.
La senadora del PS Isabel Allende junto a otros parlamentarios presentaron un recurso de nulidad a este proceso, acogido por la Corte de Apelaciones. Sin embargo, el ministro Jorge Dahm —designado por el tribunal de alzada— denegó las medidas precautorias que se habían solicitado.
Frente a estos hechos, el abogado Patricio Zapata decidió presentar un recurso de hecho en contra de la decisión del magistrado.
«Esta no es una acción comunicacional, es un recurso serio y por eso estamos agotando todas las instancias y confiamos que en los próximos días la Corte de Apelaciones va a dar lugar a la apelación y vamos a entrar a discutir el fondo. El fondo es que la concesión no se puede hacer porque la Constitución lo prohíbe. Lo que se está haciendo es una licitación para unos contratos especiales que violan la ley», sostuvo en Radio Cooperativa.
Cabe recordar que el controlador de SQM lleva —al menos— ocho años en juicios tributarios con el SII por declaraciones de pérdidas tributarias y solicitudes de descuento de impuestos por operaciones para financiar compras de acciones. En disputa hay US$ 5 millones que Ponce estima no debe pagar.
Ponce maneja cuatro sociedades que en cascada controlan SQM: Norte Grande, Potasios de Chile, Oro Blanco y Pampa Calichera. El caso más antiguo viene del año 2002, cuando Pampa Calichera vendió su participación minoritaria en cerámicas Florencia.
El SII cuestionó el valor al cual Ponce Lerou vendió su parte y las pérdidas tributarias derivadas de su participación en dicha compañía. Estas pérdidas fueron reconocidas en los estados financieros de Pampa y Oro Blanco al año siguiente.
El Servicio dictaminó que las pérdidas reales no eran tan elevadas y redujo la cifra en más de la mitad: de casi $1.300 millones a unos $500 millones. Ponce apeló y está a la espera de un fallo de la Corte Apelaciones.
Más controversial es el caso relacionado a operaciones de compraventa indirecta de acciones entre las sociedades cascada de Ponce Lerou. Es conocida la disputa que se generó entre Ponce y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por operaciones de este tipo que derivaron en millonarias utilidades para las sociedades de Ponce y que la SVS terminó ordenando revertir en su mayoría.
Antes, en 2007 Ponce hizo una operación de financiamiento para comprar papeles de SQM y así poder mantener el control de la compañía. Entonces Ponce Lerou estaba en medio de una disputa con la canadiense PCS, que terminó ganando gracias a un pacto con otra empresa.
En ese momento, Pampa Calichera colocó un bono de US$ 250 millones destinado a financiar la compra de acciones serie B. Ante la solicitud de Pampa, el SII no aceptó que dedujera como gasto los intereses de tal financiamiento. Así, el servicio ordenó a Ponce reducir las pérdidas tributarias de los años 2008 y 2009 de $10.280 millones a $2.303 millones y de $14.254 millones a $9.692 millones, respectivamente.
El dictamen del SII significa para Ponce perder la solicitud de devolución presentada en el año tributario de 2010 por $1.569 millones.
Y adicionalmente, significa un pago de impuesto de primera categoría y reintegro de sumas devueltas en el pasado, por $1.217 millones, considerando reajustes, intereses y multas. En total, la disputa significa unos US$ 5,5 millones de impuestos que Ponce intentó reducir y que el SII insiste en cobrar.
Las partes no llegaron a acuerdo y en 2011 Ponce terminó llevando la causa a los tribunales tributarios, los que en Santiago están curiosamente representados por el propio SII.
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