La ley no permite el lucro en las Universidades. Por lo tanto, el pago que pretende Inversiones Norte Sur por el fallido acuerdo de asociación firmado por la anterior Junta contraviene derechamente la ley, a juicio de las actuales autoridades de la corporación. «Con la cifra demandada, dicen, la UCEN podría brindar becas de almuerzo al 50 % de sus alumnos».
Ad portas de resolverse la demanda arbitral interpuesta por el Fondo de Inversión Privado Norte Sur Desarrollo de Carteras contra la Universidad Central de Chile, por un fallido acuerdo de asociación, y en medio de la tensión creada por la crisis de la educación superior, la Universidad Central reafirma su visión de la improcedencia del pago de $ 1.000 millones que como compensación reclama el grupo económico, el que trató de comprar la casa de estudios en el 2010.
Según ha trascendido, la Universidad Central discute que la cláusula penal pactada por sus anteriores autoridades con el grupo que dirige Vicente Caruz pueda ser cobrada debido a que el “Acuerdo” vulneraría la norma que establece que las universidades deben ser personas jurídicas sin fines de lucro. El acuerdo, señalan, transformaba a la Universidad en una institución que permitiría a Norte Sur lucrar con la casa de estudios, lo que contradice el espíritu de la ley.
La propuesta de Norte Sur provocó un largo conflicto que terminó con la revocación de todas sus anteriores autoridades y el retiro de las modificaciones estatutarias que pretendían dar paso a la instalación de una inmobiliaria dentro de la corporación.
A raíz de ello el acuerdo de asociación se declaró fallido por la Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., en representación del Fondo de Inversión Privado Norte Sur Desarrollo de Carteras, y se exigió el pago de mil millones de pesos por un supuesto incumplimiento del trato que firmó con el anterior presidente de la junta directiva, y que los transformaba en dueños de los inmuebles de la UCEN.
El director de comunicaciones corporativas de la UCEN, Sergio Escobar, dijo a El Mostrador que se han tomado “todas las medidas legales necesarias y pertinentes para articular una defensa sólida”, y que la Universidad Central “defenderá los recursos involucrados para su reinversión en beneficio directo de sus estudiantes, académicos, funcionarios y egresados”, que es el espíritu de la legislación en materia de educación superior.
Las autoridades de la UCEN señalan que para la institución, las cifras involucradas no son menores, ya que con mil millones de pesos la Universidad podría cubrir más 550 mil almuerzos; otorgar 3.311 becas sociales, 848 becas de emergencia social con un promedio sobre 1 millón de pesos por estudiante.
La causa actualmente está en arbitraje en la Cámara de Comercio de Santiago y al término de su etapa probatoria, lo que podría significar que se emita una resolución en los primeros meses de 2013.
Entre los integrantes de la SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A. aparecen varios conocidos militantes democratacristianos y ex ejecutivos del Banco de Desarrollo. Como presidente de la junta del grupo financiero actúa Vicente Caruz, gestor y accionista del Banco del Desarrollo, quien a su vez representa a una serie de otras sociedades de inversiones; Alberto Etchegaray, ex ministro de Vivienda; Sergio Molina, ex ministro de Hacienda en los años 60, y de Planificación y Educación en los años 90; Hugo Trivelli Oyarzún, ex presidente de Ferrocarriles del Estado y ex gerente del Banco del Desarrollo.
El grupo, que mantiene relaciones con varias universidades, también participó en la propiedad de la Universidad Viña del Mar, la que finalmente cedió al grupo Laureate, de vastas inversiones en el campo educacional universitario.
