Cierre de la U. del Mar se da tras coletazos políticos por judicialización del tema
Tras la aprobación de la solicitud del Mineduc de cancelar la personalidad jurídica de la entidad, está la necesidad de las autoridades de dar fuertes señales de probidad así como de exhibir sanciones ejemplarizadoras. La salida del ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera, salpicado por el caso, prendió las luces rojas y obligó a dejar de lado la ambigüedad inicial del titular de Educación en un tema ideológicamente complejo para el oficialismo.
A mediados de mayo de este año, después que el ministro de Educación, Harald Beyer, terminara un punto de prensa en el Hotel Crown Plaza, luego de asistir a un seminario sobre los nuevos convenios de desempeño para los planteles, el entonces presidente de la Fech, Gabriel Boric, lo interpeló. El diálogo fue inesperado, pero simple. Le preguntó si los fondos, que son abiertos, irían a parar a las universidades que han estado lucrando en el sistema. La respuesta del secretario de Estado fue directa: “No hay universidades que lucren de acuerdo a la ley”.
No era la primera vez que el experto del Centro de Estudios Públicos se refería así a uno de los temas que incendiaron las demandas estudiantiles. “Proponemos asegurar que existan prohibiciones efectivas de lucro en las universidades, pero no tenemos antecedentes de que se viole la ley o no. Los instrumentos que tenemos para fiscalizar son muy débiles”, repitió en una entrevista con CNN Chile en agosto de este año.
El discurso fue siempre que el Ministerio de Educación no tenía las atribuciones para fiscalizar, a pesar que no sólo el ex secretario de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) Patricio Basso había hecho llegar antecedentes, sino que también un grupo de profesores de la Universidad de Chile habían puesto antecedentes sobre la mesa.
La actitud fue similar cuando Beyer se enfrentó al informe sobre el funcionamiento de la educación superior que preparó un grupo de diputados. Entonces, el titular de Educación dijo que la iniciativa no era “seria”, ignorando incluso el clima de tensión que había empezado a crecer semanas antes, cuando se produjo la salida del rector de la Universidad del Mar, Raúl Urrutia.
Sin embargo, hoy la imagen del ministro Harald Beyer es distinta y varios actores involucrados en el conflicto aseguran que las presiones pudieron más que su impertérrito semblante frente a las acusaciones de lucro.
Este miércoles el Consejo Nacional de Educación acogió la petición que había presentado el Mineduc para cancelar la personalidad jurídica a la Universidad del Mar y se transformó en uno de los golpes más significativos al corazón del lucro.
“Esto es un precedente, es el comienzo del cambio más estructural. Esto va a terminar con el cambio del modelo educativo. Por supuesto que depende de las fuerzas políticas, pero se llegó al núcleo”, dice el sociólogo Alberto Mayol, sobre la medida que hasta ahora deja a 18 mil alumnos a la deriva.
[cita]El discurso fue siempre que el Ministerio de Educación no tenía las atribuciones para fiscalizar, a pesar que no sólo el ex secretario de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) Patricio Basso había hecho llegar antecedentes, sino que también un grupo de profesores de la Universidad de Chile habían puesto antecedentes sobre la mesa. La actitud fue similar cuando Beyer se enfrentó al informe sobre el funcionamiento de la educación superior que preparó un grupo de diputados. Entonces, el titular de Educación dijo que la iniciativa no era “seria”, ignorando incluso el clima de tensión que había empezado a crecer semanas antes, cuando se produjo la salida del rector de la Universidad del Mar, Raúl Urrutia.[/cita]
Y el escenario es el de mayor presión pública sobre el gobierno. Hace sólo días, el ex ministro de Justicia Teodoro Ribera dejó su cargo en medio de los cuestionamientos por sus vínculos con Luis Eugenio Díaz, quien está formalizado por delitos de cohecho y lavado de activos mientras se desempeñó como presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, en 2010.
Para el presidente de la Federación de estudiantes de la Universidad de Chile, Andrés Fielbaum, el cierre de la U. del Mar da cuenta de la materialización de un modelo que hace agua por todos lados. “Durante 25 años negaron y escondieron el lucro en la educación, pero hoy sus desastrosas consecuencias no pueden ser invisibilizadas. Lo terrible es que los perjudicados no son quienes implementaron y consolidaron este modelo, sino que los estudiantes que no saben qué pasará con sus futuros. Más aún, pese a todas estas evidentes demostraciones de fracaso, el ministro Beyer sigue haciendo la vista gorda respecto al lucro y sus proyectos de ley siguen evitando el tema”.
Este último punto es importante para los estudiantes, que junto con convivir con el clima electoral el próximo año –que también los tocará directamente– intentarán destacar la figura del actual ministro de Educación “por su negligencia frente al tema lucro con el informe, las denuncias de Basso, etcétera”, comenta otro dirigente.
El decano de Educación de la U. Alberto Hurtado, Juan Eduardo García-Huidobro, cree que el cierre de esta casa de estudios es simbólico, que es una buena señal en la medida “que no todo pasa colado”; sin embargo lanza una de las grandes respuestas que tendrá que contestar ahora también el Mineduc: ¿Qué pasará con los alumnos?: “Es difícil y ahí creo que el Estado tendrá que hacerse cargo porque este es un problema público, no privado, ya que la Universidad del Mar fue autorizada por el Estado para llegar a tener esos 18 mil alumnos”.
Después de comunicada la decisión de la CNED, el ministro Harald Beyer dijo que “queremos solicitar a los estudiantes y a sus familias, que tengan calma. Este no es un cierre inmediato. Nosotros nos vamos a preocupar por ellos, por garantizar que puedan titularse quienes estén en proceso de titulación y al mismo tiempo puedan ser reubicados en distintas instituciones de educación superior en Chile”, que mencionó una serie de medidas para hacer expedito el cierre –que según dijo no será inmediato– y que entre los puntos principales contempla la designación de un representante “del Mineduc ante las máximas autoridades de la Universidad del Mar, con la principal tarea de velar porque el proceso se haga cautelando los derechos de los estudiantes”.
El abogado Mauricio Daza, que representa a casi 500 estudiantes de la Universidad del Mar, dijo que van a exigir que el Estado les dé alguna respuesta. “Hay que recordar que fue el Estado el que le dio personalidad jurídica para que funcionara la corporación Universidad del Mar y fue el propio Estado el que en un momento acreditó a esta señalándole a la comunidad que era una institución de calidad. Por eso no puede ser que el Estado, cuando estalla este conflicto, simplemente mire para el lado y se lave las manos”.
A pesar de la distancia mostrada inicialmente, a fines de octubre la postura del Gobierno en torno al futuro de la cuestionada Universidad del Mar ya estaba definida: el ministro de Educación, Harald Beyer anunciaba la decisión por parte del Mineduc de apostar por el cierre del plantel, que durante todo 2012 ha estado en el ojo del huracán por las denuncias de lucro, pago de sobornos para obtener la acreditación y precarias condiciones de miles de estudiantes.
La decisión gubernamental se dio en medio de la judicialización del caso y luego de cinco meses de investigación por parte del Mineduc, que envió un oficio al Consejo Nacional de Educación (CNED) solicitando el cierre de la casa de estudios. Petición que este miércoles fue aceptada por la unanimidad de sus 10 integrantes, siete de los cuales fueron designados por el Presidente de la República, Sebastián Piñera.
Entre los miembros del CNED designados por el Presidente se encuentra Pedro Pablo Rosso, ex rector de la Pontificia Universidad Católica (PUC), el ex subsecretario de Educación durante el gobierno de Ricardo Lagos, José Weinstein (PPD), el actual rector del Instituto Nacional, Jorge Toro Beretta, el ex subsecretario y luego jefe de la Unidad Curricular y Evaluación del Mineduc durante la administración Bachelet, Pedro Montt (DC), la directora del Santiago College, Lorna Prado, el ex rector de la Universidad Finis Terrae y actual integrante del estudio de abogados Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz, Roberto Guerrero, y la ex investigadora de la CEP María Francisca Dussaillant.
En opinión de la diputada Cristina Girardi, (PPD), impulsora del informe del lucro que la Cámara rechazó, “la labor política del Consejo Nacional de Educación era respaldar la decisión del ministro. No tiene ninguna independencia porque todos son nombrados por el gobierno. Sería raro que el ministro diga una cosa y el Consejo diga otra: claramente no es un organización que tenga independencia, depende de una designación política”.
Por ello, asegura la parlamentaria, “lo importante es quien los designa. En todos estos consejos relacionados con el sistema de acreditación las designaciones no tienen el propósito de asegurar transparencia e independencia, sino todo lo contrario, que todos los intereses estén representados”.
El experto en Educación de la USACH, Jaime Retamal, considera que el CNED “parece un buzón de la presidencia de la República o del gobierno de turno y no da garantía de objetividad. Sin entrar en si era correcto o no cerrar la Universidad del Mar, el cuoteo en el Consejo es también preocupante, tanto como lo que ocurre en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), porque los organismos que deben controlar el sistema no dan garantías de objetividad. El CNED está cooptado por el gobierno de turno, por lo que no hay muchas garantías sobre la autonomía de sus decisiones”.
