El abogado de Walter Ramírez, Gaspar Calderón, consideró que se trata de una decisión «ilegal e inconstitucional» y que no fue adoptada por el alto mando de la policía uniformada, sino que por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, ante la «incomodidad» que, dijo, genera la permanencia de su defendido en las filas, sobre todo después del fatídico ataque incendiario contra el matrimonio Luchsinger-McKay en Vilcún.
Carabineros resolvió este viernes dar de baja al cabo de la institución Walter Ramírez, quien hace cinco años disparó y dio muerte al joven mapuche Matías Catrileo, quien participaba en la ocupación del fundo Santa Margarita de propiedad del empresario Jorge Luchsinger el 3 de enero de 2008.
La noticia se conoce luego que la Contraloría General de la República emitiera un dictamen que estableció que la institución contaba con las atribuciones para marginar al funcionario de sus funciones, docucmento que fue solicitado por la Dirección General de Carabineros.
«Carabineros de Chile cuenta con mecanismos jurídicos para disponer la baja de los funcionarios que a su juicio hayan incurrido en faltas graves, con prescindencia de la existencia de un fallo judicial concerniente a los mismos hechos, medida que, en todo caso, debe ser adoptada fundadamente», señala el ente fiscalizador.
Entrevistado por CNN Chile e abogado de Ramírez, Gaspar Calderón, consideró que la marginación de su defendido es “ilegal e inconstitucional” y que obedece a las presiones de distintos sectores que consideran incómoda la presencia del uniformado y que no se trata de una decisión de Carabineros, sino que del gobierno.
En ese sentido atribuyó al ministro del Interior, Andrés Chadwick, la autoría de las gestiones con el alto mando para encontrar un mecanismo que permitiera la salida del carabinero, sobre todo después del fatídico ataque incendiario contra el matrimonio conformado por Werner Luchsinger y Viviane McKay en Vilcún, que se produjo el día que se conmemoró un nuevo aniversario de la muerte de Catrileo.
Walter Ramírez, quien disparó por la espalda al estudiante de Agronomía de la Universidad de la Frontera de Temuco, fue condenado por la Corte Marcial de Valdivia a una pena remitida de tres años y un día de prisión, situación que causó indignación entre los familiares de la víctima y organizaciones indígenas, la cual se incrementó aún más luego que se conociera que el funcionario continuó desempeñándose en la Central de Comunicaciones de Carabineros en Coyhaique.