Entre los requeridos por la Justicia española figura Manuel Contreras, antiguo jefe de la extinta Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), que desde 2005 cumple prisión por condenas que suman más de 350 años de cárcel. Los otros cinco acusados son el entonces jefe de la brigada Mulchen, el capitán Guillermo Humberto Salinas Torres, así como los capitanes Jaime Lepe Orellana y Pablo Belmar Labbe, el teniente René Patricio Quilhot Palma y el sargento José Remigio Ríos San Martín, todos ellos miembros de esa brigada.
La Corte Suprema de Chile ha recibido la petición de la Justicia española de la detención con fines de extradición de seis exagentes de la dictadura (1973-1990), por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria, en 1976.
Así lo informaron este lunes a Efe fuentes del Poder Judicial, que precisaron que la solicitud llegó el pasado 24 de enero y quedó en manos del juez de dicha Corte Juan Araya, que analizará si debe ser aceptada.
En esa decisión se tendrá en cuenta que el caso fue reabierto en Chile el pasado 21 de enero por orden de otro juez de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, que pidió realizar nuevas diligencias solicitadas por la familia de Soria.
Entre los requeridos por la Justicia española figura Manuel Contreras, antiguo jefe de la extinta Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), que desde 2005 cumple prisión por condenas que suman más de 350 años de cárcel.
Los otros cinco acusados son el entonces jefe de la brigada Mulchen, el capitán Guillermo Humberto Salinas Torres, así como los capitanes Jaime Lepe Orellana y Pablo Belmar Labbe, el teniente René Patricio Quilhot Palma y el sargento José Remigio Ríos San Martín, todos ellos miembros de esa brigada.
Según fuentes judiciales chilenas, ninguno de estos está actualmente en prisión por otros casos de violaciones a los derechos humanos, aunque algunos han cumplido condenas anteriormente.
El caso está en manos de la Corte Suprema porque es la instancia encargada de estudiar las peticiones de detención con fines de extradición.
Los seis acusados fueron procesados el pasado 30 de octubre por el juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional de España, que les imputa los delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal.
En esa ocasión, Ruz procesó también al agente estadounidense de la DINA Michael Townley, que en 1978 fue expulsado de Chile y decidió colaborar por otros crímenes con la Justicia de su país, a cambio de una pena reducida y sujeto a un programa de protección de testigos.
Soria, que trabajaba como personal diplomático para las Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), fue secuestrado por agentes de la DINA, mientras se dirigía a su casa en Santiago de Chile el 14 de julio de 1976.
Los homicidas colocaron después el cadáver de Soria en su propio automóvil, lo rociaron con licor y lanzaron el vehículo a un canal, para simular un accidente causado por una supuesta ingesta de alcohol.
Con esos procesamientos, el juez español atendió la petición del fiscal de la Audiencia Nacional española Carlos Bautista, que consideró que la jurisdicción española es competente para investigar estos delitos porque su persecución en Chile «no ha sido efectiva».
El caso fue investigado por los tribunales chilenos entre 1991 y 1996, año que el juez especial encargado, Marcos Libedinsky, lo cerró por la ley de amnistía que el régimen de Augusto Pinochet dictó en 1978 para evitar la investigación de los crímenes de la dictadura.
En marzo de 2010, otro juez especial, Héctor Carreño, rechazó una primera solicitud de reapertura de la investigación, solicitada por el entonces subsecretario del Interior, Patricio Rosende, por considerar que el caso había sido sobreseído de forma total y definitiva.
No obstante, un año después, en un anexo al juicio principal, el juez Alejandro Madrid condenó a tres años de prisión a siete exmilitares como autores de una asociación ilícita para obstruir la acción de la Justicia en el caso.
Entre los condenados estaban el exjefe de Inteligencia del Ejército general Eugenio Covarrubias y el excoronel Sergio Cea, así como Jaime Lepe, José Remigio Ríos San Martín y otros tres oficiales que presionaron a este último para que no aportara antecedentes, después de que confesara haber sido uno de los autores del homicidio del diplomático.
