Todas las dudas sobre el sumario de Contraloría que eximiría a Julio Pereira en el caso Johnson’s

Carlos Larraín, Andrés Chadwick, Patricio Melero y el propio Presidente Sebastián Piñera, son algunas de las autoridades que han dado potentes muestras de apoyo al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira, respaldándose en los resultados del sumario que está realizando la Contraloría sobre el proceso de condonación de intereses y multas por US$ 118 millones a Johnson’s.

Sumario que, paradójicamente, ni siquiera se encuentra cerrado, por lo que aún cabe la posibilidad de que el Contralor, Ramiro Mendoza, pueda solicitar su reapertura y nuevas diligencias. En suma, todavía no es definitivo que Pereira no vaya a tener ningún tipo de imputación.

Pese a ello, el martes el Presidente Piñera lo ratificó en el cargo al frente del SII, lo que fue anunciado por la ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, quien señaló que “acá han existido tres dictámenes que son de público conocimiento con respecto a denuncias que se hicieron al director del SII, Julio Pereira. Los tres exculpan de cualquier tipo de participación a Pereira”. En cuanto al sumario, Pérez aseguró que el director del servicio “públicamente ha señalado que en la primera etapa no se le han hecho cargos. Por lo tanto, el Presidente ha tomado su decisión efectivamente sin esperar el resultado final”.

De esta forma, la vocera tomó distancia de las señales dadas por el propio mandatario en torno a que habría tenido acceso directo al sumario, lo que en la práctica podría traer consecuencias para Pereira, ya que en esta etapa aún es confidencial.

Las dudas en torno a Pereira, que le han valido duras críticas por parte de los sindicatos del SII y de diversos parlamentarios, como el diputado Fuad Chahín (DC), que presidió la Comisión Investigadora sobre la condonación de Johnson’s, y del diputado Carlos Montes (PS) —integrante de la misma instancia— apuntaban al posible conflicto de interés que afectaría al director y subdirector jurídico de la institución, Julio Pereira y Mario Vila, por su condición de socios de la auditora PwC, que asesoraba a la compañía del retail, antes de asumir en el gobierno.

El sumario “secreto”

El viernes último, pasadas las 20 horas, la entidad que dirige Ramiro Mendoza emitió tres dictámenes relativos al servicio. Ninguno de ellos era el tan esperado sumario que, según lo anunciado por Piñera, sellaría el destino de Pereira.

Paralelamente y en el más estricto sigilo, la Contraloría notificaba a Julio Pereira y Mario Vila de los resultados de la fase indagatoria de la investigación que concluyó con la formulación de cargos contra Mario Vila y la  ex directora de Grandes Contribuyentes (DGC), Mirtha Barra. Pero esta última no fue notificada. Al menos, hasta el domingo pasado no lo había sido. De hecho, según fuentes del SII, se enteró a través de la prensa.

Pese a las normas de reserva propias de los sumarios de este tipo, con el fin de proteger a quienes están siendo investigados, el director del SII hizo públicos los resultados a través de El Mercurio, que el sábado 2 de marzo destacó que, según el propio Pereira, el órgano contralor lo eximía de toda responsabilidad, afirmando que «no hay ningún cargo por mi actuación en el proceso de condonación de las empresas Johnson’s, ni por eventuales conflictos de interés».

[cita]Pereira no se contuvo y habría revelado más información de la que debía, ya que no se remitió sólo a informar sobre su situación, sino que entregó detalles sobre el proceso relativos al subdirector Mario Vila y la funcionaria de carrera Mirtha Barra, detallando que ambos enfrentaban cargos. Esto, según expertos, “constituye una infracción administrativa”, porque “también reveló información que afectaba a otros: esa es la infracción propiamente tal, ya que afecta a terceros, por lo que Contraloría le podría instruir un sumario administrativo adicional por haber revelado eso”.[/cita]

Esa misma noche, según señalan altas fuentes ligadas al gobierno, el abogado también se contactó con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y con el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick.

Es importante aclarar que con el término de la indagatoria (investigación) y la formulación de cargos, lo que fue realizado por el fiscal de Contraloría, se inició la fase acusatoria del sumario, por lo cual ahora viene la presentación de descargos. Por el estado de avance del sumario, el legajo con los resultados de la indagatoria (que incluyen los motivos por los cuales se le liberó de responsabilidad) es completamente confidencial y no pueden hacerse públicos. Es decir, sólo pueden verlos los afectados.

Pero Pereira no se contuvo y habría revelado más información de la que debía, ya que no se remitió sólo a informar sobre su situación, sino que entregó detalles sobre el proceso relativos al subdirector Mario Vila y la funcionaria de carrera Mirtha Barra, detallando que ambos enfrentaban cargos. Así se deduce del artículo publicado por El Mercurio el sábado último.

Esto, según expertos, “constituye una infracción administrativa”, ya que si bien el objetivo del secreto es proteger a quienes son investigados, y él mismo dijo que no le formularon cargos, “también reveló información que afectaba a otros: esa es la infracción propiamente tal, ya que afecta a terceros, por lo que Contraloría le podría instruir un sumario administrativo adicional por haber revelado eso”.

Además, según develaron las declaraciones que el lunes por la mañana Sebastián Piñera dio a Fernando Paulsen en radio ADN, también él habría conocido el sumario. “Yo lo he estudiado”, señaló al referirse a la indagatoria que entregó Contraloría a Pereira, revelando, sin quererlo, que había accedido a información confidencial.

Con todo, La Moneda se notificó del error del mandatario y ayer aseguró que sólo analizaron los tres dictámenes de Contraloría, los que, se sabe, no abordaron el posible conflicto de interés de Pereira. Y si el sumario aún no concluye, el Presidente tomó la decisión sólo con el aviso de Pereira de que no se formularon cargos en la mitad de proceso sumarial.

La única fuente de información, aparte de la propia Contraloría, tiene que ser Pereira pues Vila desapareció del mapa y Barra hasta el domingo no era notificada. Intencionalidad que ratificó el propio ministro del Interior, Andrés Chadwick, en entrevista con radio Duna la misma mañana del lunes.

“El secreto o reserva del informe, está en beneficio del afectado, él fue notificado el viernes y al ver que no había responsabilidad legal por parte de Contraloría y habiendo estado cuestionado, tiene derecho a darlo a conocer”, sin aclarar si se refería a la entrega de los resultados de la indagatoria (formulación o liberación de cargos) a El Mercurio o si fue Pereira el que entregó el informe completo a Piñera.

El sábado también La Tercera informaba sobre el tema, aunque no citaba a Pereira, ya que éste no habría sido quien los notificó: las miradas apuntan hacia La Moneda como fuente de dicha información.

En tanto, Contraloría no ha entregado información oficial al respecto. Salvo una respuesta dada a la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile (Aneiich), entidad que solicitó “una copia de la resolución del sumario o el informe citado por los altos personeros de gobierno a la prensa por estos días”. La petición fue rechazada, ya que según el órgano contralor, “dicho procedimiento aún se encuentra en plena tramitación, razón por la cual, al no estar afinado rige a su respecto la obligación de observar su calidad de secreto”.

Mil preguntas

Toda esta maraña de información abre numerosas interrogantes. Por de pronto, la Cámara de Diputados votó ayer el informe aprobado en la comisión investigadora que preside el diputado Fuad Chahín (DC), el cual fue rechazado tras producirse un empate.

Sólo se sabe que según el propio involucrado, Ramiro Mendoza le habría notificado que no enfrenta cargos. Pero sin decirle por qué. Los motivos los conoce la Contraloría, los implicados y al parecer el Presidente. El punto es clave, pues Vila sí fue acusado, ratificando que habría participado del proceso de condonación. Otra alta figura que parece conocer el sumario es el  presidente de RN, Carlos Larraín, pues aseguró que “Pereira se mantuvo al margen de esa operación”.

Es sabido que Pereira al menos conoció del caso (como señaló él mismo en el dictamen conocido por Contraloría en enero pasado) y, por ende, la decisión del órgano contralor podría no haber apuntado a que haya participado, sino a que no haya tenido conflicto de interés pues a diferencia de Vila, no trabajó directamente con Johnson’s. Por lo demás, desde un principio, en el entorno de Pereira estaban tranquilos sobre la decisión que tomaría Mendoza, justamente porque él consideraba haber tenido una relación indirecta con Johnson’s, al haber sido socio de PwC (asesora de la multitienda) pero no asesor directo, como Vila.

Otro punto que abre interrogantes se refiere a que los funcionarios que son objetos de cargos, según explica un abogado administrativo, “son funcionarios inferiores del SII, por lo que cuando se finiquita el sumario se envían los antecedentes al jefe superior del servicio, que en este caso es Pereira, que tendrá que inhabilitarse de tomar decisiones al respecto. El que debe resolver eso es un subrogante. Ahí se generará otra discusión, porque Mario Vila era el subdirector. Entonces el problema el gobierno lo tendrá igual porque quedará la potestad sancionatoria en uno de los sujetos investigados”.

Por otra parte y como Contraloría no hizo público el informe, pues la ley se lo impide, nadie sabe si el fiscal de la entidad a cargo del sumario habrá considerado como antecedente el contrato que tenía Pereira con Cencosud para arrendar un terreno en casi $ 22 millones en La Reina.

Y aunque Contraloría es amo y señor en cuanto a cumplimiento de las normas del Estado, el juicio de la Cámara y del propio Presidente Piñera, son políticos y superan el ámbito meramente jurídico. Conocer el detalle de esa investigación, por ende, es clave.