A través de un comunicado de prensa, Corpesca notificó la renuncia de Francisco Mujica, quien hace unos días figuró en la prensa tras haber reconocido la entrega de fondos a parlamentarios -Isasi y otros- para financiar sus campañas electorales. El pago causó polémica por haberse realizado en 2009,previo a la votación de la Ley de Pesca, la cual fue absolutamente respaldada por la diputada en el Congreso.
A través de un comunicado de prensa, la empresa del Grupo Angelini, Corpesca, informó que se aceptó la renuncia de su gerente general Francisco Mujica. El hecho viene a ocurrir a poco días de que Ciper publicara un artículo en donde el ejecutivo admitió la entrega de dineros a la diputada independiente Marta Isasi, así como a otros parlamentarios, para financiar su campaña a la reelección en 2009.
«Es una decisión dolorosa, por cuanto el ejecutivo ha cumplido un rol destacado en el desarrollo de Corpesca y ha sido un actor relevante en el sector pesquero nacional», reza la misiva, y agrega que el directorio de la empresa «reafirma enfáticamente sus principios de conducta corporativa, en orden a que todas las acciones de la empresa se deben regir con estricto apego a la legalidad y al código ético que constituyen la base de su filosofía de negocios y relación con la sociedad».
Los primeros antecedentes sobre este pago fueron entregados durante una audiencia, en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, por Georgio Carrillo Varcellino, quien fue asesor de la diputada hasta noviembre de 2011. El periodista compadeció tras ser denunciado por Isasi de haber falsificado su firma. Así, ante la justicia, Carrillo reveló haber recibido $25 millones a cambio de unos informes. Según informó, el monto habría sido utilizado por Isasi para financiar la campaña de su reelección a fines de 2009.
Así lo reconoció también el gerente general de Corpesca. Mujica aseguró además que la empresa ha realizado este tipo de aportes a numerosos parlamentarios. «Nosotros hemos hecho los mismos aportes a los parlamentarios pero en forma absolutamente legal, y si eso significa que los hemos ayudado, sí, a ella y a muchos más», señaló.
Sin embargo, casi tres años después de que se hiciera el aporte, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Pesca que regula y define las zonas destinadas a la explotación por las grandes empresas -como Corpesca- y los pescadores artesanales. En esta votación, Isasi respaldó transversalmente la nueva normativa e incluso rechazó un inciso que establecía que el Estado posee el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos existentes y sobre el cual establece permisos o autorizaciones de extracción. Además votó en contra de la indicación que fijaba cuotas anuales de captura por especie en un área determinada o cuotas globales de captura y que, además, establecía una rebaja de la cuota por imprevistos.
Durante los últimos días, la parlamentaria ha insistido en negar las acusaciones y asegurar que los dichos de su ex asesor se deben a una «venganza» en su contra. Además, se mostró extrañado con que Ciper prestara espacio a Carrillo para hacer sus denuncias.
Pero este lunes otro elemento que complicaría a la diputada salió a la luz. El diputado PC Hugo Gutiérrez aseguró tener un correo electrónico, enviado en 2011, donde Mujica se comunicó directamente con Isasi, refiriéndose incluso a ella como «Martita». Según Gutiérrez, en el texto, el ejecutivo agradece a la diputada por hacerle llegar un informe «que ella niega y desconoce, y dice que fue un invento de su ex asesor para beneficiarse económicamente y que esos 25 millones habrían sido recibidos por él», detalló.
En tanto, este martes el Ministerio Público informó que dado el revuelo que ha desatado el caso se resolvió abrir una investigación de oficio. Esta buscará determinar la posible existencia de hechos que puedan ser constitutivos de delito, y si bien en un principio se radicará en esta Fiscalía Regional de Tarapacá, los antecedentes podrían arrojar la posibilidad que la competencia radique en otra región.
La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados también resolvió analizar el caso. El encuentro fue concertado para este martes a las 17:30 y en él se analizará «y si nos corresponde actuar actuaremos y seguiremos el procedimiento que la comisión tiene”. Esto es respetando el debido proceso, la seriedad de la denuncia, si los antecedentes son confiables, escuchando los descargos de la parlamentaria, lo que significa, 15 días por lo menos, según adelanto el DC Patricio Vallespín.