“El país debe saber qué está fraguando la derecha con un proyecto como éste, donde se abren las puertas de la cárcel para los condenados y procesados por violaciones a los Derechos Humanos”, aseguró el diputado DC René Saffirio.
Un proyecto de ley que busca remitir, de pleno derecho, la pena que cumplen condenados por diversos delitos establecidos en el Código Penal, ocurridos entre el 11 de septiembre y el 10 de marzo de 1990, agregando la libertad provisional para los procesados por estas causas, ingresaron hoy los diputados de RN Mario Bertollino y de la UDI Jorge Ulloa. El proyecto fue calificado como “aberrante e inaceptable” desde la Democracia Cristiana, cuyo jefe de bancada, Ricardo Rincón, agregó que “esta es la verdadera derecha, la que permanentemente intenta defender los horrores de la dictadura “.
La iniciativa ingresada hoy a la Cámara fue revisada por los diputados René Saffirio y Aldo Cornejo de la comisión de Constitución; y, Gabriel Silber y Sergio Ojeda de la comisión de Derechos Humanos, quienes categóricamente rechazaron el texto, agregando que “se pretende abrir las puertas de las cárceles para los violadores de derechos humanos, a los asesinos y cómplices de crímenes cuyas heridas aún perduran en miles de familias chilenas “.
Al respecto, el diputado René Saffirio precisó que “el país debe y merece saber que está fraguando la derecha con un proyecto como éste; es aberrante y sin pudor alguno, se saltan todas las instancias establecidas en nuestra legislación para obtener beneficios, otorgando, de pleno derecho, la remisión de la pena, incluso otorgando beneficios directos y exprés para los procesados “.
El diputado Gabriel Silber , en tanto, agregó que “lamentablemente ya no estamos acostumbrando a proyectos de esta naturaleza por parte de la Alianza y el Gobierno; la llamada Ley Hinzpeter, el proyecto que aumenta sanciones por insultos a Carabineros y ahora éste”.
El texto establece que se remitirá la pena a autores, cómplices o encubridores de delitos cuyas penas no superen los 15 años entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Y, entre sus fundamentos, se asegura que al personal civil y militar activo o en retiro de las Fuerzas Armas y de Orden procesados o condenados en este periodo, “se les ha vulnerado garantías de un justo y debido proceso.”
Finalmente, se agrega que “a ya casi 40 años del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, en el ejercicio legítimo de la función legislativa, presentamos este proyecto, que permita el restablecimiento de las garantías para aquellos que enfrentan un proceso o que ya cumplen condena”.
La polémica iniciativa será vista por la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
