El defensor Pablo Sanzana debió desplegar toda su empatía para contener a su desolada defendida Lupe Carbonell cuando se entregó para cumplir la privación de libertad decretada por la Corte de Apelaciones de Santiago por el delito de sustracción de menores. Y es que, lejos de la natural preocupación que toda la sociedad tiene por las víctimas de un delito, los imputados viven muchas veces en casi total soledad el drama de perder la libertad.
El llanto desesperado de Lupe Carbonell Cisneros (47) cuando su defensor le explicó que debía volver a prisión preventiva obligó al Pablo Sanzana a desplegar todas sus habilidades empáticas para contener a su defendida. La ciudadana peruana, que cumplió cinco meses con arresto domiciliario, llegó al Centro de Justicia de Santiago con su bolso para entregarse voluntariamente a la justicia.
Previamente su defensor le había explicado telefónicamente los alcances de la adversa resolución de la Corte de Apelaciones que revocó la decisión del Cuarto Tribunal Oral de mantener el arresto domiciliario total, rechazando la petición de la fiscalía de aplicar a la imputada la prisión preventiva. La fiscalía apeló argumentando que la condena de cinco años y un día de presidio efectivo por el delito de secuestro de menores aumentaba el riesgo de fuga.
Pablo Sanzana explicó que para él fue también un momento difícil, ya que su defendida llegó al Centro de Justicia muy afectada. Ella, que si bien no tiene antecedentes penales previos, sabía lo que era estar privada de libertad ya que los primeros ocho meses de la investigación estuvo en prisión preventiva. “Cuando lo expliqué su situación estalló en llanto y traté de hacer lo posible para tranquilizarla. Nos fuimos caminando hasta el tribunal oral y le fui diciendo que se calmara, explicándole que aún teníamos muchas posibilidades con el recurso de nulidad que vamos a presentar”, precisó. Concluyó que está analizando los argumentos, que podrían materializarse en un recurso que se presentará en la Corte de Apelaciones o ante la Corte Suprema, según sea que se funde en valoración de la prueba o en infracción de garantías.
Lupe Carbonell fue condenada en votación dividida al darse por acreditado que la mujer actuó en el ejercicio de sus facultades mentales cuando el 13 de mayo de 2012 ingresó disfrazada de auxiliar de enfermería a la habitación de Alejandra Martínez González en el hospital San Borja Arriarán y se llevó a su hija recién nacida. La defensa no controvirtió los hechos, sino que argumentó su defendida era inimputable, ya que al momento de la comisión del delito estaba en un estado psicológico de enajenación agravado por una fuerte dosis de sustancias auto medicadas. El tribunal oral la condenó por sustracción de menores con el voto de minoría de su presidenta Marcela Figueroa que estuvo por absolver de todos los cargos por tratarse de una persona inimputable. La magistrada valoró el informe pericial del psiquiatra Mario Uribe que confirmó que la imputada padecía una psicosis depresiva al momento de cometer el ilícito y la ficha clínica de Gendarmería que ratificó que ella estaba bajo la influencia de fuertes calmantes.
Pablo Sanzana subrayó que la argumentación de la magistrada resultará vital para sustentar el recurso de nulidad que presentará en los próximos días. Informó que está analizando con la unidad de Estudios si éste se fundará en una errónea valoración de la prueba o en infracción de garantías.
