Se aproxima receso por vacaciones en el Tribunal Internacional
La Moneda teme que fallo se de en medio de la campaña presidencial y parlamentaria, en tanto, en Perú, bajan las expectativas y llaman a la tranquilidad y unidad de los peruanos negando que existan conversaciones con Chile para cumplir la sentencia.
«No hemos recibido una notificación sobre cuándo se va a dar el fallo», señaló esta semana tajante la canciller de Perú, Eda Rivas, luego de asistir a una sesión secreta en el Congreso de su país, donde, junto a los agentes limeños que encabezaron la demanda ante la Corte de La Haya, entregaron un informe a los legisladores. En tanto en Santiago, la Cancillería evita referirse al tema y sólo se ha podido consignar que —según fuentes de la Presidencia— ha sido el propio jefe de Estado, Sebastián Piñera, quien ha señalado a su círculo cercano que si la notificación no llega antes el lunes 15 de julio, la lectura del fallo se dará en septiembre próximo lo que no le gusta a La Moneda —sostienen las fuentes— porque complicaría la campaña presidencial y parlamentaria.
En esta misma línea, la vicepresidenta peruana y congresista, Marisol Espinoza, al término de la sesión mencionada, explicó que “Chile y Perú deberán esperar hasta septiembre para la lectura de la sentencia dado que comienza el receso por vacaciones”.
Además se debe considerar que en Lima las señales públicas son de moderado éxito, esto debido a que —según ha trascendido— la Corte no habría acogido todas las pretensiones del vecino país y sólo estaría otorgándole el llamado “Triángulo externo”.
Este triángulo externo es considerado por Chile como aguas internacionales, mientras que Perú aspira a que sea parte de su ZEE (Zona Económica Exclusiva). La canciller Rivas, en sus últimas declaraciones, ha sido cautelosa y ha evitado dar luces sobre las expectativas que su país tiene ante el inminente fallo. En la sesión secreta realizada este miércoles 3 de julio en Lima, la titular de Relaciones Exteriores del gobierno de Humala fue cautelosa al señalar que “insistimos en que tenemos que esperar el fallo con serenidad y con mucha prudencia, reafirmando que este trascendente asunto constituye una política de Estado y todos los peruanos estamos unidos en esta causa”.
La cautela e Eda Rivas, contrasta con el moderado optimismo del coagente peruano, el ex canciller José Antonio García Belaunde, quien explicó que «es muy posible que se otorgue el ‘triángulo externo’ a Lima. Es posible que la corte reconozca que esas 200 millas de mar, del triángulo externo que nosotros reclamamos como nuestro y que Chile dice que es alta mar, es muy posible que nos la van a reconocer, y ahí estamos hablando de 29 mil kilómetros cuadrados”. La relevancia es más económica que de soberanía. Es una zona privilegiada en la pesca de grandes empresas internacionales y multinacionales, incluyendo peruanas y chilenas.
De hecho en su edición de este jueves, el influyente diario La República, titula que “Niegan arreglos con Chile para cumplir sentencia”, explicando en su nota que “la Cancillería peruana desmintió que existan tratativas con su similar de Chile sobre arreglos prácticos que faciliten una implementación gradual del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo marítimo entre ambos países. No existen tales tratativas, aseguraron fuentes de Torre Tagle, a propósito de la publicación del diario chileno La Segunda, en la que se afirma que las cancillerías de Perú y Chile vienen conversando sobre ‘arreglos prácticos’ que ayudarían a cumplir el fallo de la Corte de La Haya, cualquiera sea el alcance de este”.
El periódico limeño explica que la información de esta supuesta negociación proviene de una fuente oficial peruana y señala que “la Cancillería chilena ha reconocido que probablemente la sentencia lleve a tener que negociar aspectos que faciliten una ejecución paulatina de sus contenidos, sobre todo porque el diferendo compromete una amplia extensión de espacios marítimos con abundante riqueza marina”.
Para el analista Guillermo Holzmann no hay que olvidar la esencia de la demanda que se puede resumir de la siguiente manera: “Es conveniente recordar que Perú presentó su demanda argumentando tres aspectos concretos. A) la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Perú debe proyectarse en forma perpendicular a las líneas de base instaladas en su costa. Dichas líneas de base fueron aprobadas al término del gobierno de Toledo. B) En virtud de ello, es necesario plantear la modificación del paralelo como límite marítimo con Chile, toda vez —en opinión de Perú— éste no ha sido establecido mediante tratado alguno y debe modificarse; C) el punto de la concordia desde donde se proyecta el límite marítimo no corresponde a la ubicación planteada en los Tratados respectivos y debe trasladarse a otra posición al sur de su actual ubicación”.
En esta lógica un fallo que acoja y falle a favor de una de las pretensiones peruanas, aunque sea el más mínimo, será un triunfo para ellos, y tal como dijo el ahora ex comandante en jefe de la Armada, almirante en retiro Edmundo González “el escenario no es favorable para nosotros porque no tenemos nada que ganar. Cualquier fallo que se haga en contra de lo que hay hoy, para nosotros es perder”, expresó el 8 de noviembre de 2009 a Revista El Sábado de El Mercurio. Si bien, todo fallo define una perdida y un triunfo, en términos concretos se abre una zona gris de interpretación conforme los intereses en juego. En este caso hay intereses históricos e intereses económicos. La cuestión central es que la interpretación del fallo se focalice en la resolución pacífica de una controversia y se obtenga una interpretación que facilite la explicación pública de sus implicancias en Chile y Perú.
Pero el canciller Alfredo Moreno, quien se ha empeñado en dirigir personalmente este etapa del proceso, plantea la idea de explicar que lo que se ha perdido no afecta la soberanía del país, por lo tanto no se puede hablar de pérdida sino que de un necesario reordenamiento sobre el cual no había claridad. Esa será la postura nacional si solo se trata del triángulo externo. El diseño comunicacional previo a esta etapa ha sido de dar señales de confianza, tranquilidad y total normalidad.
Tanto la canciller peruana como su par chileno se han esforzado por mantener un bajo perfil en el tono de las declaraciones y en el caso peruano se ha neutralizado al sector más nacionalista para evitar la clásica “guerra de declaraciones” de políticos a ambos lados de la frontera. Es tal la convergencia al que han llegado los gobiernos de Humala y Piñera, que para la lectura del fallo, ambos cancilleres se quedarán en sus países y desde ahí entregarán un pronunciamiento oficial que estará enmarcado dentro de la lógica en que han venido preparando el terreno, es decir, total acatamiento al fallo y mirar las relaciones bilaterales con visión de futuro, integración y por cierto mucha inversión.
No por casualidad, las estimaciones de inversión chilena para el próximo año en Perú alcanzarían la no despreciable suma de US$ 16 mil millones de dólares. Se trata de inversión privada, conforme los incentivos que presenta la economía de Perú y donde la inversión extranjera debe decidir si se orienta a Chile o Perú.
Por ahora, el canciller Alfredo Moreno, trabaja acelerada y reservadamente en la elaboración de la postura oficial de Chile que estará enmarcada dentro de lo previsto, es decir que con este fallo se zanjan todos los temas pendientes con Perú, y de paso hace suyo —una vez más— el planteamiento peruano y de paso reconoce que este era un tema pendiente, que hasta el término del gobierno de Michelle Bachelet la Cancillería no reconoció.
Pero, como se ha explicado en otras ocasiones, la posición de Alfredo Moreno fue hacer suya la tesis peruana de las “cuerdas separadas”, hábil estrategia de Torre Tagle que le permitió ganar tiempo, consolidar el manejo de la agenda frente a este tema trabando el discurso chileno, logrando incluso instalar en la comunidad internacional que su reclamación era tan justa que el gobierno de Chile optó por mantener total normalidad en el relacionamiento bilateral. Sin duda alguna un gran triunfo para la experimentada cancillería de Lima.
La apuesta de Chile y de los empresarios involucrados es mantener y consolidar su presencia en el vecino país y con proyecciones de hacer alianzas efectivas con sus pares peruanos con el fin de “conquistar” el resto de América Latina, pues el mercado chileno ya les quedó chico y Perú optó por el modelo de Chile, un modelo que le ha traído rédito internacional a Humala. De hecho la economía peruana el año 2012 creció 6,3 %, sus exportaciones también crecieron en 4,8 %. Siendo su mejor año el 2011 donde crecieron 8,8 %, según cifras oficiales.
De hecho un reciente artículo publicado por Bloomberg Markets, Perú es el número 4 de los mejores países «emergentes» en el mundo para invertir —detrás de China, Corea del Sur y Tailandia— y es considerado como el primero en Latinoamérica.
Todo indica que el tema territorial e incluso de reivindicación histórica de los sectores más ultra de Perú ceden posiciones ante la promesa de nuevos y jugosos negocios que beneficiarán a los grupos empresariales de ambos países, grupos estrechamente vinculados al poder político en ambos países. Mal que mal, la capacidad de inversión está ligada a grupos con redes relevantes alrededor del poder político de ambos países. Si se trata de evaluar quienes poseen excedentes para inversión en Perú y Chile, no es difícil constatar que son limitados a sectores específicos, quienes computen con la oferta de inversión internacional.
El fallo abrirá un espacio de consolidación pero también estará acompañado de exigencia de transparencia respecto a cómo los gobiernos y cancilleres de ambos países han manejado el proceso, colocando el objetivo en quienes se han beneficiado o tendrán espacios de oportunidad luego de que se conozca el mismo.
