«Las razones por las cuales se denegó la solicitud básicamente obedecen a considerar la naturaleza de los delitos: se trata de tres homicidios calificados por el Tribunal como crímenes de lesa humanidad», detalló la titular de Justicia.
La ministra de Justicia, Patricia Pérez, dio a conocer los motivos por los que Presidente Sebastián Piñera rechazó en cinco ocasiones las solicitudes de otorgar el indulto presidencial al ex director de la CNI Odlanier Mena, quien se suicidó el sábado pasado durante una salida de fin de semana del Penal Cordillera, centro cuyos trámites de traslado a Punta Peuco se encontraban en curso.
Según Radio Cooperativa, las negativas se cursaron entre marzo de 2010 y julio de 2013 a través de los ministros de Justicia Felipe Bulnes, Teodoro Ribera y la propia Pérez.
La actual titular confirmó que la decisión de rechazar la solicitud tuvo que ver con la gravedad de los delitos por los que estaba condenado Mena: tres homicidios calificados en el Regimiento Rancagua de Arica, en el marco del caso denominado «Caravana de la muerte».
«Las razones por las cuales se denegó la solicitud básicamente obedecen a considerar la naturaleza de los delitos: se trata de tres homicidios calificados por el Tribunal como crímenes de lesa humanidad que, de acuerdo a la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resultan delitos de los cuales no es posible emitir indulto», dijo Pérez.
Este miércoles se publicó en el Diario Oficial el decreto del Ministerio de Justicia que oficializa el cierre del Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera.
El texto argumenta «que los criterios de segmentación y clasificación de la población penal que se tuvieron a la vista para fundamentar su creación han variado en el tiempo».
Asimismo sostiene que «el régimen general de los detenidos, sujetos a prisión preventiva, debe ajustarse a lo establecido en la Constitución Política; el Código Penal; las regulaciones del procedimiento penal; la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile; las leyes relacionadas con materias penitenciarias, y las normas del reglamento de establecimientos Penitenciarios».
A esto añade que el cierre del centro penitenciario, donde residían 10 militares en retiro condenados por violación a los derechos humanos, había sido propuesto anteriormente por el Poder Judicial vía Comisión de Reducción de Condena, y la institución carcelaria, a través de el «Informe sobre supresión de Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera».
