Pese a grave impacto de contaminación ambiental en la zona de Puchuncaví
Aes Gener, la embajada de Estados Unidos y varios ministros se encargaron personalmente de encontrar una solución a la paralización de las obras de la planta a carbón que la Corte Suprema había ordenado detener en 2009. Trabajo que rindió sus frutos a través de una silenciosa modificación hecha a la medida de la central a carbón que dio vuelta la mano a la ciudadanía y a los tribunales. Hoy, los pobladores de Puchuncaví continúan pagando las consecuencias.
A las dos de la tarde del sábado antepasado, el comerciante ambulante Sergio Zúñiga recorría en su auto la comuna de Puchuncaví junto a su esposa, cuando al salir de La Greda sintió un olor muy pesado “como a ácido” y un fuerte ardor en los ojos.
Zuñiga, que llegó a la zona hace 15 años desde Santiago, paradójicamente escapando de la contaminación, era testigo de un nuevo episodio de gases tóxicos en la zona ubicada en la V Región. Episodio que para los habitantes de la comuna es parte de vivir rodeados de un polo industrial que contiene una refinería y varias termoeléctricas.
Ese día la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (BIDEMA) de la PDI, liderada por el subprefecto Richard Oliva, acudió una vez más a realizar diversas pericias para determinar las causas y origen de estas emanaciones.
Las posibilidades son diversas. Y van desde la Fundición Codelco Ventanas —que hace dos años gatilló una intoxicación masiva en la Escuela La Greda que terminó con indemnizaciones y con la apertura de un nuevo recinto educacional esta semana— hasta las cuatro centrales termoeléctricas a carbón de AES Gener, construidas a partir de 1964.
[cita]El presidente del Consejo Ecológico Puchuncaví-Quinteros, Miguel Insunza, asegura que las autoridades hipotecaron el futuro del lugar y la salud de las personas. Recalcando que “hemos sido testigos con vergüenza de cómo se han vulnerado los derechos por parte del poder político, torciendo el fallo de la Corte Suprema. ¿Y qué nos queda? Un tremendo daño ambiental que se ve día a día con la acumulación de las cenizas, cuyo contenido de metales pesados es nefasto”. [/cita]
La última de ellas, Campiche, entró en funcionamiento luego de una larga odisea en marzo de este año.
No fue un camino fácil. Ubicada en el corazón de la comuna de Puchuncaví, la central enfrentó una férrea oposición de los pobladores y autoridades, que rechazaban un nuevo foco contaminante en la comuna, declarada zona saturada desde 1993. Y con razón: los problemas de salud y ambientales han marcado el lugar en las últimas décadas.
De hecho la Refinería de Codelco, que antes era de Enami, enfrenta un juicio por parte de familiares de ex trabajadores que culpan a la empresa de sus decesos. No sólo eso: un estudio solicitado por la Subsecretaría de Educación constató, en 2011, que todos los colegios de Puchuncaví están contaminados con metales como plomo, cadmio, zinc, níquel, cromo y arsénico.
En este escenario los pobladores no entendían cómo se pretendía sumar un nuevo foco contaminante a través de la apuesta energética aprobada por la entonces Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema), en mayo de 2008.
Pero ni la presión de la ciudadanía y ni siquiera un fallo de la Corte Suprema, que un año después invalidaba la aprobación ambiental, logró doblarle la mano al proyecto de la filial de la estadounidense AES, Aes Gener. ¿La razón?, la central contó con un fuerte respaldo institucional y político: desde la embajada de Estados Unidos hasta diversos ministros del gobierno de Michelle Bachelet, que encontraron una ingeniosa fórmula de revertir la decisión de tribunales y continuar con la polémica construcción de la central.
Las alarmas se encendieron en el gobierno de Bachelet luego de que la Corte Suprema ordenara detener la construcción del proyecto que inyectaría al sistema 270 MW de potencia a carbón, acogiendo un recurso de protección contra su aprobación ambiental, debido a un problema con el uso de suelo donde se emplaza, que estaba destinado a áreas verdes.
La decisión de la Suprema fue resistida desde la empresa, el gobierno y también desde Estados Unidos, generando inmediatas reacciones a través de la prensa, donde se dejó claro que se buscarían todos los medios para revertir la decisión, partiendo por el gerente general de Aes Gener, Felipe Cerón, que anunció que confiaba en que se encontraría una solución institucional, hasta autoridades de la época, como el ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma, que anunciaba que, si era necesario hacer modificaciones, estas se harían. Y así fue.
Las señales de Cerón no fueron las únicas que llegaron al gobierno. Tras el fallo, desde Estados Unidos se inició un importante lobby para impulsar a las autoridades a tomar cartas en el asunto y buscar una vía para destrabar el proyecto, cuya construcción ya estaba avanzada en casi un cincuenta por ciento.
Los detalles de la operación, que terminó dando vuelta la mano al fallo de la Suprema y al rechazo de los vecinos, fueron filtrados a través de dos cables de Wikileaks, publicados en Ciper, y dan cuenta de reuniones, cartas y recados para abrirle el camino a la termoeléctrica.
Es así como, según el cable del 17 de agosto de 2009, el 23 de julio de ese año Felipe Cerón y el presidente de AES, Andrés Gluski, se reunieron con el entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Paul Simons, para hacerle presente la situación, adelantando que si se paralizaban las obras más de un año el costo los obligaría a cancelar el proyecto, lo que además afectaría a proveedores internacionales. Recalcando, además, que el fallo ponía en entredicho las bases legales de otras plantas energéticas.
La conversación tuvo efecto. El 4 de agosto de ese año Simons se reunía con el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, para discutir el caso. El secretario de Estado estaba bien informado, ya que según Wikileaks le señaló que el gobierno entendía que era un problema grave, “más allá del impacto inmediato sobre la inversión de AES, la decisión también perjudica el clima de inversión en Chile”, detallando que se estaba trabajando para encontrar una salida y que, para ello, se había asignado “a uno de sus principales asesores”.
El embajador también planteó la cuestión con el ministro de Energía, Marcelo Tokman, quien se comprometió a dar su apoyo.
El 10 de agosto hubo una cita con el director ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), Álvaro Sapag, que señaló haberse reunido en seis ocasiones con la compañía para discutir los pasos necesarios para emitir un nuevo permiso ambiental una vez que se abordaran las cuestiones de zonificación, detallando que el Tribunal Supremo había anulado la autorización ambiental sin dar una señal clara de lo que debía ser abordado en el nuevo permiso. Paralelamente, se planteó la cuestión a las autoridades económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, que prometieron ahondar en el tema.
Tras las reuniones, una carta escrita por el secretario de Comercio de Estados Unidos llegó a manos de varias autoridades. Entre ellos al asesor internacional de Bachelet, Marcos Robledo, quien se comprometió a hacerle llegar la misiva en que se reconocían los esfuerzos del gobierno para encontrar una solución al problema de Aes Gener y donde además se solicitaba que se tomaran las medidas adecuadas.
Luego, la carta llegó a Interior, Energía y Economía, donde estaba Hugo Lavados. Todos los ministros, según el cable fechado el 20 de noviembre de 2011, indicaron que eran conscientes de la situación y de la necesidad de que el gobierno resolviera el asunto para evitar un impacto negativo en el clima de inversión en el país.
El 9 de noviembre, el embajador se reunía con la ministra de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Patricia Poblete, para entregarle una copia del documento y para presionar por una pronta solución a Campiche. Según el cable, la ministra hizo grandes esfuerzos para tranquilizar a Simons, afirmando haber recibido muchas peticiones para que Aes Gener pudiera reanudar el trabajo en la planta, “incluyendo una llamada de la Presidenta Bachelet”, señalando que era un tema prioritario y que el objetivo del gobierno era resolver el problema antes de fin de año. Lo que efectivamente se logró.
En el encuentro, Poblete lamentó que, en lugar de llegar a ella directamente, la compañía hubiera perdido el tiempo en tratar de encontrar una solución con el Ministerio de Energía, asegurando que en esta etapa la solución era modificar el Plan Regulador para acomodar a Campiche.
Movida que fue echada por tierra luego de que la Contraloría General de la República rechazara el Plan Intercomunal Metropolitano de Valparaíso (Premval).
Pero la maquinaria ya estaba andando. Días después del encuentro con Simons, la titular del Minvu se reunía con Pérez Yoma, Tokman, el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro (UDI), y la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, para crear estrategias que permitieran agilizar una solución. Las señales de Poblete a la embajada americana fueron claras, ya que señaló que se requeriría de un decreto ejecutivo si era necesario.
Según informaba la embajada, “los miembros clave de la administración Bachelet entienden la necesidad de rectificar la situación con rapidez para evitar la pérdida de la inversión extranjera tan necesaria en el sector energético de Chile. Por lo tanto, mientras que el marco de tiempo de composición abierta para esclarecer las leyes de zonificación y los procesos de permisos ambientales es un problema para AES, es probable que el gobierno chileno actuará para corregir la inseguridad jurídica”.
Lo que se cumplió cabalmente: el 31 de diciembre de 2009 el Diario Oficial publicaba el Decreto Supremo Nº68, una modificación realizada silenciosamente por el Minvu a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) respecto del uso de suelo de actividades productivas, firmada por Poblete y Pérez Yoma el 1 de diciembre de ese año.
Si bien el decreto impulsado por el Minvu no mencionaba a Campiche, en la práctica fue hecho a su medida, dejando sin efecto la resolución de la Corte Suprema.
Esto, porque el terreno en que se emplaza la central incluye una zona de uso industrial peligroso, en una proporción aproximada al 33 por ciento del predio y el cambio a la OGUC señala que si un terreno queda afecto a dos o más zonas o subzonas con distintos usos de suelo y, al menos, el 30 % de su superficie incluye los usos de suelo de actividades productivas y/o infraestructura, se admitirá en todo el terreno dicho uso de suelo, lo que incluye infraestructura energética.
Su publicación tuvo una inmediata reacción de Aes Gener, que el 14 de enero de 2010 envió una carta a la Conama de Valparaíso, dando por superado el problema administrativo que había paralizado la construcción de la central, por lo que solicitó un nuevo permiso ambiental.
Las autoridades de la época negaron tajantemente que la modificación se hubiese impulsado pensando en solucionar la situación de Campiche. Patricia Poblete respondía a una publicación de este medio que relataba lo sucedido, asegurando que “no hemos hecho nada especial para que Campiche se pueda resolver”.
Pero las evidencias señalan lo contrario: al cambio a la OGUC, se sumó el reingreso de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Premval al SEIA, el 7 de diciembre de 2009, con varios arreglos, que se ajustaban a lo ya construido en la central y que calzaban con la modificación a la ordenanza que le permitió a Campiche retomar las obras. La jugada ha sido comentada incluso por las mismas autoridades que la permitieron. Así lo afirman fuentes del sector, que aseguran que Marcelo Tokman ha comentado que en el caso de Campiche “tuvimos que cambiar el plan regulador”.
Luego, el camino quedó abierto para el proyecto, ya que si bien al inicio el Concejo Municipal de Puchuncaví, liderado por el alcalde Agustín Valencia —que había sido un férreo opositor a la iniciativa—, rechazó por unanimidad la modificación del Minvu, terminó negociando con la empresa y, a cambio de 4 millones de dólares en aportes sociales para la comunidad y el compromiso de no instalar más centrales, desistió de iniciar acciones judiciales.
El presidente del Consejo Ecológico Puchuncaví-Quinteros, Miguel Insunza, asegura que las autoridades hipotecaron el futuro del lugar y la salud de las personas. Recalcando que “hemos sido testigos con vergüenza de cómo se han vulnerado los derechos por parte del poder político, torciendo el fallo de la Corte Suprema. ¿Y qué nos queda? Un tremendo daño ambiental que se ve día a día con la acumulación de las cenizas, cuyo contenido de metales pesados es nefasto”.
