Vecinos de Huasco alegan que la zona está saturada de contaminación
El Comité de Ministros argumentó que si Endesa instala un precipitador electroestático en la chimenea de la Compañía de Aceros del Pacífico se reducirán, entre un 90% y un 98%, las emisiones que contaminan el aire de la localidad. Por su parte, el fiscal de Endesa ha asegurado que «el carbón no se va a ver» y que el proyecto cumple con toda la normativa europea.
Endesa y el Gobierno plantearon ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema que se deben rechazar los tres recursos de protección que mantienen paralizado el proyecto termoeléctrico Punta Alcalde.
En agosto pasado, la Novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió los libelos interpuestos por pescadores, juntas de vecinos y la municipalidad del Huasco, en contra de la decisión del Consejo de Ministros, que calificó favorablemente el proyecto energético con una serie de medidas de mitigación, no obstante que las autoridades regionales lo habían desechado.
Hubo sala titular para esta audiencia, es decir, la presidió el ministro Sergio Muñoz y la integraron los ministros Haroldo Brito, Juan Fuentes Belmar, María Eugenia Sandoval y Gloria Ana Chevesich.
La condición impuesta por el Comité de Ministros apunta a que Endesa va a tener que instalar en la chimenea de la Compañía de Aceros del Pacífico un precipitador electroestático, que va a reducir las emisiones que impactan la calidad del aire en Huasco entre un 90% y un 98%.
Esa fue la clave de los argumentos que expusieron en esta jornada los abogados Mario Galindo en defensa de Endesa, y Jorge Bofill, en representación de La Moneda.
Carlos Martin, fiscal de la compañía española, aseguró que este proyecto no tiene parangón en el resguardo del medioambiente.
«Se trata del proyecto más moderno que se pueda construir en Latinoamérica. No existe un proyecto de esta naturaleza a futuro. Este es un proyecto en que el carbón no se va a ver. Hay domos y todo el material de carbón se traslada desde los barcos hasta la planta sin que se vea. Y además cumple con toda la normativa europea, ya que esta compañía opera con esos estándares», enfatizó el jurista.
Por su parte, el abogado Bofill aseguró que la decisión del gobierno no fue política, sino que técnica, en un proyecto que permitiría generar 740 megawatts y con un costo 1.500 millones de dólares.
Bofill acotó que «la verdad es que, cuando analiza todas las medidas que impuso el Comité de Ministros para que el proyecto pueda construirse, la única conclusión posible es que esas medidas no sólo no van a empeorar la calidad del aire en Huasco, sino que la van a mejorar. Y esto debido a la condición que se impuso, que se instale un filtro, que se denomina precipitador electroestático en la chimena de la planta de CAP, la 2B, por lo tanto, estamos hablando de la mejoría en la emisión de particulas entre un 80 y un 98 por ciento», señaló el representante del Gobierno.
Los vecinos de la zona alegan que el Huasco es una zona saturada de contaminación, porque, además de la planta de la CAP, se encuentra operando la termoeléctrica Guacolda de Gener.
El alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, se manifestó incrédulo ante las promesas de la empresa, enfatizando que «la central Termoeléctrica Punta Alcalde no es el Viejito Pascuero que vendrá a regalarnos más y mejor aire, sino que es una termoeléctrica como tal y con emisiones que ni siquiera se han medido».
Este miércoles seguirán los alegatos ante la Corte Suprema con los abogados que interpusieron estos recursos de protección a favor de la comunidad, Álvaro Toro, y Cristián Mora.
