Para la directora del INDH, la Ley Antiterrorista es una herramienta que se encuentra «deslegitimada».
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, comentó la sentencia contra Celestino Córdova Tránsito, único imputado en la investigación por el incendio que le costó la vida al matrimonio Luchsinger-Mackay, ocurrido en 2013 en la comuna de Vilcún, Región de La Araucanía.
En entrevista con La Tercera, la representante del organismo aclara que en la llamada «zona roja» de La Araucanía no existe el terrorismo.
«Mientras no se reforme la Ley Antiterrorista, nos parece que no se debe aplicar, porque no da garantías del debido proceso. Y, además, porque (…) creemos que no existe terrorismo en Chile, y no existe terrorismo en La Araucanía. Esto no quiere decir que pueda llegar a constituirse en algún futuro. Lo que planteamos es que el diálogo y la política tienen que poner fin a la situación de conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche», sostuvo.
En la zona, dijo, «existe un clima de violencia, un clima volátil que tiene como base un Estado que ha sido ineficiente en resolver los problemas, tanto del pueblo mapuche como de los residentes de la región, y que los lleva a conflictos entre ellos. El responsable es el Estado, y, por lo tanto, tiene que dar soluciones. Son soluciones políticas, tanto respecto de las reivindicaciones del pueblo mapuche, de tierra y políticas, como a la demanda de seguridad que hacen los residentes que se han visto afectados por los actos de violencia en la zona. Lo hemos dicho: es el Estado el que tiene una deuda con los habitantes de La Araucanía, y en particular con el pueblo mapuche».
De igual modo, calificó como «peligroso» el uso de testigos protegidos: «Por eso hemos dicho que si bien en la legislación internacional existe esta figura (testigos protegidos) en relación a actos terroristas, la verdad es que también hay ciertos requisitos que se deben cumplir y tienen que ver con poder entregar igualdad de herramientas tanto al Ministerio Público como a la Defensoría para que se cumpla un juicio justo (…). A eso sume que no hay sanción para aquellos que, en su calidad de testigos protegidos, digan cuestiones que no son verídicas. Entonces se produce un incentivo perverso, que puede tergiversar lo que es el debido proceso».
«Está claro que la Ley Antiterrorista es una herramienta deslegitimada, y no sólo por lo que ha dicho el INDH. También se ve en otros actores políticos. Y creo que nos acercamos a la posibilidad de reformarla, lo que hace tres años no tenía piso y hoy pareciera que viene de los propios jueces», concluyó.
