Con esto la autoridad pretende averiguar el marco legal que se requeriría para impulsar una iniciativa de este tipo, ya que –según señalan desde el oficialismo–, esto no se podría hacer a través de un decreto dictado por el Ejecutivo o por una resolución administrativa de las Fuerzas Armadas, sino que se requeriría un proyecto de ley.
El ministro de Defensa, Jorge Burgos, instruyó al equipo jurídico de su cartera evaluar la factibilidad de degradar a uniformados retirados condenados por violaciones a los DD.HH. Con esto, el gobierno apuntaría a estudiar si el marco legal permitiría ejecutar una medida de este tipo.
La iniciativa fue presentada inicialmente en 2010 por parlamentarios de la Concertación –y vuelto a poner sobre la palestra en ocasiones posteriores–, y volvió a captar la atención en septiembre pasado para la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado. Diversas organizaciones contrarias a las violaciones de los DD.HH. –como la Fundación Víctor Jara y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos– han adherido a la propuesta.
En tanto, tras asumir el nuevo gobierno de Bachelet y con él también el nuevo ministro de Defensa, Jorge Burgos, a éste se le ha consultado por su respaldo a este proyecto. Y aunque la semana pasada reconoció que «nosotros no lo tenemos como iniciativa», argumentando la necesidad de realizar un análisis jurídico previo, según informó el diario La Segunda, el ministro ya habría encargado a un equipo jurídico indagar sobre la viabilidad de la proposición.
Según señalan desde el oficialismo, esto no se podría hacer a través de un decreto dictado por el Ejecutivo o por una resolución administrativa de las Fuerzas Armadas, sino que se requeriría un proyecto de ley.
Por su parte, desde la Nueva Mayoría valoraron la decisión del titular de Defensa y manifestaron su respaldo a cualquier iniciativa de este tipo. El presidente de la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Roberto León (DC), señaló que «hay unanimidad de criterio en la sociedad chilena respecto a las atrocidades que se cometieron y se demanda justicia. Me parece muy bien que desde el Ministerio de Defensa se esté estudiando la factibilidad jurídica de avanzar en esta materia y si eso es posible, la señal política va a ir en esa dirección”.
“Desde el momento en que el ministro está estudiando la materia tiene la decisión política de avanzar en aquello, pero por cierto que el gobierno va a respetar la legalidad vigente”, agregó.
