Como una medida de presión, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados envió un oficio al máximo tribunal para que se manifieste sobre la idea de suprimir el actual Código Militar. La iniciativa fue presentada en 2013 por parlamentarios de la entonces oposición. Este martes, el ministro Burgos, quien se encuentra evaluando otros proyectos que definirían la agenda legislativa en Defensa de Bachelet, se reunirá con la comisión y podría discutir el tema.
El pasado 19 de marzo, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados ofició a la Corte Suprema para que se manifieste respecto de la moción parlamentaria que busca suprimir el actual Código de Justicia Militar y reemplazarlo por un nuevo texto legal. La iniciativa pretende que todos los delitos comunes cometidos por militares sean juzgados por los tribunales ordinarios, mientras que sólo aquellos delitos vinculados con deberes castrenses sean revisados en los tribunales militares.
La Corte Suprema dispone de 30 días para responder al emplazamiento de la comisión parlamentaria, según informó el diario La Segunda.
Este proyecto fue presentado en enero de 2013 por un grupo de nueve diputados de la entonces oposición. Entre ellos se encontraba el ex parlamentario de la DC y hoy ministro de Defensa, Jorge Burgos. La autoridad se reunirá durante la tarde de este martes con la Comisión de Defensa y –según sugieren trascendidos– este será, probablemente, un tema que saldrá a colación.
Otro DC, el diputado Ricardo Rincón, explicó que el escaso avance que tuvo la iniciativa en un comienzo tuvo que ver con que la agenda legislativa de Defensa del gobierno de Sebastián Piñera «fue muy pobre, por no decir inexistente». Pero con el cambio de administración se habría propuesto reactivar el proyecto.
«Y para avanzar se acordó pedirle la opinión a la Corte Suprema, de acuerdo a lo que establece la Constitución cuando se trata de algún proyecto que incide en la organización y funcionamiento de la administración de justicia», agregó el parlamentario.
De esta forma, el proyecto queda a la espera de que el gobierno de Michelle Bachelet defina las prioridades de su agenda legislativa en materia de Defensa, al igual que otra iniciativa emblemática: el proyecto que propone degradar a uniformados retirados que hayan sido condenados por violaciones a los derechos humanos. A finales de marzo, el ministro Burgos instruyó a su equipo jurídico para que estudiara la factibilidad de introducir esta medida en el marco legal existente.