En Estados Unidos asumió que saca recursos a través de la venta de servicios
En el texto, enviado el 2006 a la SEC en Estados Unidos –organismo similar a la Superintendencia de Valores y Seguros–, la transnacional que controla las universidades de Las Américas, Andrés Bello y la Viña del Mar, todas investigadas por lucro, detallaba cómo lograba “sacar eficientemente los fondos” de estos planteles firmando “acuerdos de gestión con la universidad”, pese a que en el país “las universidades con fines de lucro no están autorizadas legalmente”. En opinión de expertos, este reconocimiento es clave a la hora de establecer cómo han lucrado los planteles del grupo. En todo caso, Laureate insiste en que no lucra con la educación.
“En México y Chile, las universidades con fines de lucro no están autorizadas legalmente. Con el fin de sacar eficientemente los fondos de las universidades en estos países, la empresa ha firmado acuerdos de gestión con la universidad. Bajo estos acuerdos, la sociedad de gestión se pagaría por la prestación de servicios a la universidad”.
Así explicaba en su reporte anual de 2006 el grupo Laureate –dueño de tres universidades en el país que hoy están siendo investigadas por lucro– la fórmula para extraer recursos de sus instituciones de educación superior, que por ley no pueden lucrar.
El documento, enviado a la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), organismo similar a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), señala que “no hay ninguna garantía de que los gobiernos continuarán permitiendo este tipo de acuerdo o no requerirán que la Compañía revise los importes que se cobran por los servicios prestados”.
Para el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales (UDP), Javier Couso, este documento es clave, ya que en él Laureate, que controla seis instituciones de Educación Superior en Chile, detalla cómo logra extraer los recursos de sus universidades a través de los acuerdos de gestión a pesar de que es ilegal hacerlo. Según explica el abogado, “en derecho estos contratos se denominan simulados y son maniobras dirigidas a engañar a las autoridades”.
Además, Couso considera “interesante cómo usan el eufemismo de decir que las universidades con fines de lucro no están específicamente autorizadas por las leyes chilenas y mexicanas, en lugar de decir que son ilegales.
En opinión del profesor de Derecho Penal en la Universidad de Chile, Juan Pablo Mañalich, “los pasajes extractados hacen reconocible que las universidades del conglomerado aparentemente perseguirían, de modo manifiesto, fines de lucro, a sabiendas de que ello es incompatible con la legislación chilena”.
“Me parece que contienen además un reconocimiento de que la celebración de contratos de administración entre la respectiva universidad y la compañía habría sido el modus operandi para lograr hacer efectivo, de modo eficiente, el retiro de utilidades desde la universidad. Y, ciertamente, el texto parece sustentar la sospecha –por la referencia explícita a la eventualidad de que las autoridades estatales pudieran revisar las sumas involucradas– de que hubiese existido simulación”, agrega.
El reporte de Laureate de 2006 también advertía que “todas estas regulaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Además, las agencias regulatorias podrían hacer un ejemplo de las universidades de la empresa debido a que son propiedad y controladas por una corporación norteamericana. La habilidad de operar las universidades de manera rentable podría ser afectada negativamente por cualquier cambio en las regulaciones aplicables o como son aplicadas a la empresa”.
Alrededor de 4 millones de pesos. Ese es el arancel que los alumnos de la escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello (UNAB), perteneciente al grupo educacional Laureate, deben desembolsar anualmente para poder cursar la carrera.
Pero los estudiantes no consideran proporcional el elevado costo que pagan, versus las condiciones de estudio que les entrega el plantel. Hacinamiento, infraestructura deteriorada, así como una deficitaria atención a los alumnos, son algunos de los problemas que los impulsaron a iniciar un paro el miércoles pasado.
[cita]El texto, cuyas cifras a las que hace referencia están expresadas en millones de dólares, señala que “el 12 de diciembre de 2000, la Compañía adquirió una participación mayoritaria del 60% en Universidad de Las Américas («UDLA»), una universidad privada con fines de lucro en Chile. El precio de compra ascendió a aproximadamente $ 27.871, incluyendo un pago efectivo neto inicial de $11.988, los pagos debidos de $12.000 después de la finalización de resultados operativos del 2000, la asunción de $ 3.882 en deuda pendiente . El precio final de compra puede diferir de esta cantidad preliminar debido a los ajustes a costes relacionados con la adquisición” (sic), señaló la compañía.[/cita]
Según el vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, Héctor Plaza, “el grupo Laureate, al que le conviene ingresar más alumnos, no reinvierte el ingreso de las matrículas y los aranceles en sus propios estudiantes”.
En total, las universidades del grupo Laureate –Andrés Bello (UNAB), Las Américas (UDLA) y la de Viña del Mar– le han enviado a su grupo controlador más de US$ 80 millones, sólo considerando la actividad financiera entre 2011 y 2013, según indicó un informe que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI le entregó a la Fiscalía de Ñuñoa, a cargo del caso lucro. Traspasos que han sido justificados por la compañía transnacional por la compra de servicios educacionales, como cursos de inglés y softwares administrativos, así como el uso de la marca.
Laureate, que es una red global de instituciones de educación superior que tiene presencia en 30 países y 70 instituciones asociadas, ha rechazado públicamente el retiro de utilidades de las universidades en Chile, señalando que como corporación sin fines de lucro estas instituciones no pueden distribuir excedentes. La ley chilena es clara al respecto: las universidades no pueden lucrar.
Pero la versión de la compañía en torno al lucro ha sido zigzagueante. Sobre todo, después de las movilizaciones estudiantiles de 2011, cuando la ilegalidad del lucro se instaló en la agenda. Lo que se vio reforzado después de que se iniciaran investigaciones lideradas por la Fiscalía, el Ministerio de Educación (Mineduc) y ahora el Servicio de Impuestos Internos (SII), que tienen a los tres planteles universitarios de Laureate en Chile en la mira.
En junio de 2011, el fundador del cuarto mayor administrador de capital privado del mundo, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Henry Kravis, fondo que controla Laureate Education, señalaba –en una entrevista al cuerpo de Economía y Negocios de El Mercurio– lo “interesante” que les parecía la “industria” de la educación en Chile, donde, aseguraba, planeaban “nuevos negocios”.
Detallando que se había reunido con autoridades nacionales, con las que «hablamos mucho sobre las necesidades de infraestructura y de educación que requiere Chile. Nosotros tenemos tres universidades en Chile a través de Laureate Education (fondo que controla KKR), Andrés Bello, Universidad de Las Américas y el instituto AIEP. La educación es un elemento importante para Chile. Esa industria nos parece muy interesante».
Dos meses después, en agosto, Laureate respondía a Ciper que no retiraban utilidades de las universidades en Chile. “Como corporación sin fines de lucro, las universidades no pueden distribuir excedentes. Laureate se atiene estrictamente a la legislación vigente, por lo que no retira excedentes ni explícita, ni implícitamente”.
Aclarando que “Laureate es una sociedad educacional, no un fondo de inversión, y KKR no es “dueño” de ninguna universidad en Chile. Primero, porque las universidades son Corporaciones y por esencia éstas se componen de miembros también llamados ‘socios no dueños’ y de acuerdo con la Ley el patrimonio de las corporaciones es total y absolutamente independiente de sus asociados”.
Consultado por El Mostrador, el grupo Laureate insiste en que sus instituciones no tienen fines de lucro. Dice que la declaración ante la SEC en 2006 es una generalidad, y que se hace de manera referencial. En ningún caso, señalan, se trata de una forma de lucrar con la educación.
“La comunicación a la SEC hace referencia a la manera en que Laureate se relaciona en general con instituciones de educación superior, incluyendo universidades sin fines de lucro, en lo relativo a la prestación de servicios de carácter administrativo y, principalmente, educacional. En ese marco se menciona la prestación de servicios en Chile y México y la relación de Laureate con esas instituciones”, asegura el grupo, en un comunicado público enviado a este medio.
Laureate agrega que todos los gobiernos del país han estado al tanto de sus actividades, las que hicieron públicas apenas aterrizaron en Chile: “Es relevante destacar que desde que se firmaron los contratos de inversión extranjera para la operación de Laureate en Chile, la Red ha declarado ser un prestador de servicios a las instituciones, lo que fue aprobado y visado por todos los Gobiernos desde el año 2001”.
Según ellos, no hay ánimo de burlar la ley, pese a que la comunicación a la SEC dice expresamente que la firma de acuerdos de gestión sirven para “sacar eficientemente los fondos de las universidades en estos países”.
“Respecto a la inquietud de El Mostrador sobre lo que dice la legislación respecto de la prohibición de ‘extraer fondos’ y que Laureate estaría burlando dicha norma, es importante aclarar que la ley chilena establece que las Universidades deben constituirse como entidades sin fines de lucro para tener reconocimiento oficial. Hay consenso en que esto significa que las universidades no pueden distribuir excedentes. Así lo entendemos nosotros y nuestras universidades no distribuyen excedentes ni a Laureate ni a nadie, ni directa ni indirectamente. El texto a la SEC en ningún momento habla de ‘extraer fondos’, sino de pagar por servicios prestados a las instituciones, lo que es muy distinto”.
El 12 de diciembre del 2000 se firmó el contrato que coronó el aterrizaje de Laureate en Chile. En ese tiempo la compañía transnacional se llamaba Sylvan International Universities, la que adquirió el 60% de la Universidad de Las Américas a Desarrollo del Conocimiento S.A. por US$ 25 millones, cifra a la que se sumaron otros montos por concepto de gastos y por cumplimiento de metas.
En el informe que la compañía envió a la SEC el 2001, se da cuenta de la compra de la universidad –algo que Laureate públicamente ha negado en Chile, aduciendo que no compraron, sino que se hicieron “socios” de los planteles–, a la que definen como una institución “con fines de lucro”.
El texto, cuyas cifras a las que hace referencia están expresadas en millones de dólares, señala que “el 12 de diciembre de 2000, la Compañía adquirió una participación mayoritaria del 60% en Universidad de Las Américas (‘UDLA’), una universidad privada con fines de lucro en Chile. El precio de compra ascendió a aproximadamente $ 27.871 incluyendo un pago efectivo neto inicial de $11.988 los pagos debidos de $12.000 después de la finalización de resultados operativos del 2000, la asunción de $ 3.882 en deuda pendiente . El precio final de compra puede diferir de esta cantidad preliminar debido a los ajustes a costes relacionados con la adquisición” (sic), señaló la compañía.
En los reportes anuales posteriores, revisados todos por El Mostrador, la compañía corrige la definición de la UDLA, denominándola luego como un plantel “no profit”, o sea, sin fines de lucro. Luego del 2007, el control de Laureate sobre la universidad creció, gracias a los buenos resultados obtenidos por el plantel.
En el informe del 2003, Laureate ya olía el buen negocio que significaba invertir en Chile. En la información que ese año enviaron a la SEC, señalaban: “UDLA es una de las que tiene más rápido crecimiento entre las universidades privadas en Chile, y la Compañía considera que el mercado chileno ofrece atractivas oportunidades de inversión para universidades con orientación profesional como UDLA”.
El 2005, el reporte enviado a la SEC detallaba que la compañía amplió sus actividades de financiamiento estudiantil en sus universidades chilenas, con el fin de establecer un historial de crédito y colección de pagos en este mercado para atraer el interés de otros intermediarios de créditos.
“La compañía considera que la estabilidad de Chile, tanto económica como política, junto con su sofisticado sistema bancario, de confianza y fiable buró de crédito, además de la fuerte conciencia de crédito de su gente, respaldan la decisión de la compañía para explorar nuevas oportunidades de crecimiento a través del financiamiento mejorado”.
Esta nueva arista de negocio se transformó a la larga en una suerte de “retail financiero” en la UDLA, que entregaba créditos directos a los alumnos del plantel y vendía carteras de créditos. Duró hasta el 2009, un año después de que la casa de estudios obtuviera la acreditación y pudiera acceder al Crédito con Aval del Estado (CAE).
Una de las razones esgrimidas por los diputados que integraron la primera Comisión Investigadora del Lucro en el Congreso para incluir a la Universidad de Las Américas entre los planteles indagados, fue el explosivo crecimiento que tuvo su matrícula desde que fue comprada por el grupo extranjero. Según los mismos informes de Laureate a la SEC, la matrícula de la UDLA alcanzaba a 5.500 estudiantes el 2000, mientras que, el 2013, esta tuvo un crecimiento de 523%, llegando a 34.362, ubicándola como la segunda con mayor volumen de alumnos en el país. La primera es la UNAB.
El 2 de junio del 2003, Laureate concretó la compra de su segunda universidad en Chile. La Universidad Andrés Bello fue adquirida por US$62.8 millones, cifra que incluía al populoso Instituto Profesional AIEP, que actualmente supera los 70 mil estudiantes, lo que representa el 22% del total de matrículas de Institutos Profesionales en el país y que, según la legislación vigente, tiene permitido lucrar por sus servicios.
En la información que la compañía envió a la SEC el 2004, declaró lo importante que resultaba para sus propósitos la adquisición de la UNAB: “La adquisición permite a la compañía proporcionar ofertas de productos adicionales y mayor acceso a la educación post-secundaria a otro segmento de mercado en Chile. Además, esta adquisición amplía la población estudiantil de la empresa, lo que permite una mejor utilización de la infraestructura de gestión existente en Chile”.
En la actualidad, la UNAB ostenta la mayor matrícula del país, llegando a 42.012 mil estudiantes matriculados el 2013, lo que significa un crecimiento considerable desde el 2003, cuando fue adquirida por Laureate y rondaba los 10 mil matriculados. La matrícula del AIEP, dependiente de la universidad, llega a 71.000 alumnos, y engrosa el total de estudiantes chilenos que están en las manos de la compañía con sede en Maryland, en Estados Unidos, y cuyo presidente honorario es el ex mandatario de Estados Unidos, Bill Clinton.
El 2009 fue la última compra realizada por el grupo. Ese año adquirieron el grupo Norte Sur, de Vicente Caruz, y se hicieron de la Universidad de Viña del Mar, la que actualmente tiene a 7.050 alumnos en sus aulas, dos mil más que cuando se unió al conglomerado internacional.
En total, más de 150 mil estudiantes cursan sus carreras en alguna institución de Laureate, cerca del 15% del total de la matrícula del sistema de educación superior chileno.
Tal y como publicó El Mostrador esta semana, los traspasos de fondos de las universidades chilenas a su grupo controlador, Laureate, han sido millonarios.
En el caso de la UNAB, y sólo tomando en cuenta los ejercicios contables entre 2010 y 2012 –según una auditoría encargada por la propia institución a Price Waterhouse Coppers (PWC)–, los montos alcanzan a US$32 millones por la compra de “servicios administrativos” y “transferencia técnica e intelectual”. Las sociedades utilizadas para realizar los traspasos son Laureate Chile II SpA, Laureate TBV y Laureate Education Inc., entre otras.
Los mismos nombres e ítems se repiten en el caso de la UDLA. En 2011, la universidad pagó $1.102 millones a Laureate TBV por “traspaso técnico e intelectual” y $2.991 millones por “servicios educacionales”. En 2012 las cifras fueron de $1.412 millones y $3.781 millones, respectivamente. A Laureate Education Inc., le transfirió $123 millones en 2011 por “servicios de administración” y $28 millones el 2012 por el mismo concepto, según consta en los estados financieros de la universidad auditados por PWC. En total, más de US$18 millones.
La Universidad de Viña del Mar –la última en ser adquirida y la más pequeña del grupo–, no se queda atrás y registra envíos por más de US$15 millones por los mismos conceptos de sus universidades hermanas. En este caso, el traspaso de dinero no se limita a la compra de servicios. La auditoría de PWC da cuenta de un préstamo hecho por Laureate a la UVM por US$6.958.311, a través de PSEAC (Post Secundary Education Acquisition Corporation), otra de las sociedades ligadas al grupo transnacional. Sólo entre 2011 y 2012, la universidad ha pagado $359 millones en intereses a su grupo controlador.
A las instituciones del grupo Laureate las están investigando casi todos. Tanto la Fiscalía como el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio de Educación tienen expedientes abiertos para analizar los traspasos de fondos de la UDLA, UNAB y UVM a su grupo controlador. Mientras el Ministerio Público y el SII analizan si existieron delitos tributarios en el trasvasije de dineros, el Mineduc indaga si la posible existencia de lucro afectó la calidad educativa del servicio entregado, o bien pasó a llevar los estatutos que se dan las propias instituciones y que, por cierto, prohíben lucrar.
El nuevo Jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Francisco Javier Martínez, señala a El Mostrador que la información contenida en el informe enviado por Laureate a la SEC el 2006 “es de máxima preocupación”.
“Se requiere investigar y establecer si es que hay una violación de la norma chilena y definir si es necesario ajustar la norma para que se cumpla el mandato de no lucrar”, indica Martínez.
El hombre encargado de las investigaciones, sostiene que “hay que perfeccionar la norma y las leyes, porque no tiene sentido que, habiendo prohibido el lucro, no se haya ajustado la norma para que esto se cumpla. No se han hecho los esfuerzos”. Al respecto, el abogado Juan Pablo Mañalich reconoce que “puede haber vacíos legales en la fiscalización de la prohibición del lucro”, pero advierte “que eso no puede servir de pretexto para dejar de perseguir eventuales delitos que efectivamente estén previstos por la legislación vigente”.
