Fue realizado por Andrés Gómez-Lobo en marzo de 2013 y costó más de $20 millones
Las empresas de telefonía móvil se encuentran en el proceso de fijar la tarifa de cargo de acceso: el costo de los segundos de una llamada desde una compañía a otra. Para hacerlo las empresas encargan una serie de estudios a expertos, a fin de argumentar sus propuestas. Andrés Gómez-Lobo, actual ministro de Transportes y Telecomunicaciones, realizó una investigación para Entel, Movistar y Claro mientras trabajó como docente en la Universidad de Chile. Su pasado hace ruido en el rubro de la telefonía, donde afirman que tiene “un tejado de vidrio”. Sin embargo, en el Ministerio señalan que, como no existió relación contractual con Entel, Movistar y Claro, no hay conflicto de interés.
Cada cinco años se fija el costo de una llamada de celular de una compañía a otra. La tarea recae en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Las empresas del mercado –Entel, Movistar, Claro, Nextel y VTR– envían sus propuestas de precios, basándose en una serie de estudios que encargan a expertos en la materia.
Cada empresa propone lo que considera que debiese costar cada segundo de un llamado a otra compañía. Es lo que se define como ‘cargo de acceso’ y cuyo costo es definido, desde el 2003, cada cinco años entre las empresas y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio.
Las empresas de telefonía contratan una serie de estudios a fin de argumentar cuantitativamente las razones para subir, mantener o reducir el costo del cargo de acceso. El año pasado se abrió el proceso para fijar el costo para el periodo de 2013-2018. Nextel y VTR propusieron reducir el costo de acceso –en promedio 60 pesos por segundo el 2013– un 94,95%, y 94,67%, respectivamente. Entel, Movistar y Claro, en cambio, propusieron una reducción de 46,6%, 47,3%, y 47,1%, respectivamente.
La propuesta de estas tres últimas empresas se basó, entre otros, en un estudio realizado en marzo del año pasado por Andrés Gómez-Lobo, actual ministro de Transporte y Telecomunicaciones. “Estimación de la demanda por telefonía móvil y una proyección para el período 2013-2018”, es el título del trabajo que las tres empresas de telefonía móvil encargaron a la Facultad de Economía (FEN) de la Universidad de Chile, donde Gómez-Lobo trabajó como docente hasta el año pasado, según confirman en la Facultad.
El costo del trabajo realizado por el ministro es, según comentan bajo anonimato dos fuentes de la industria, cercano a las 1.000 UF. Un poco más de 23 millones de pesos. Sin embargo, desde el Ministerio aclaran que Andrés Gómez-Lobo participó en el desarrollo del estudio como “académico y experto” de la FEN, por lo que “no tuvo ni mantiene relación contractual o comercial con los operadores móviles”.
Andrés Gómez-Lobo no declaró haber realizado esta investigación para Entel, Movistar y Claro. En su currículo –subido a la página del Ministerio– aparecen varias de sus “publicaciones internacionales seleccionadas” y “otras publicaciones”, pero no dicho estudio. En el Ministerio señalan que como el ministro “no ha tenido ninguna relación comercial con las empresas operadoras referida al desarrollo de este estudio, en el que participó como experto técnico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Por lo tanto, al no haber relación comercial o laboral con las empresas de telefonía, no correspondía efectuar esta declaración”.
En la industria, sin embargo, se comenta que el ministro tiene “un problema de conflicto de interés” por haber “trabajado para la industria”, ya que “claramente fue él quien hizo los informes para las empresas”. Por lo mismo, aseguran, que tiene “un pequeño tejado de vidrio” que lo “obliga a tener especial cuidado”, pues si bien el estudio “no es muy caro, sí lo compromete”.
[cita]Andrés Gómez-Lobo no declaró haber realizado esta investigación para Entel, Movistar y Claro. En su currículo –subido a la página del Ministerio– aparecen varias de sus “publicaciones internacionales seleccionadas” y “otras publicaciones”, pero no dicho estudio. En el Ministerio señalan que como el ministro “no ha tenido ninguna relación comercial con las empresas operadoras referida al desarrollo de este estudio, en el que participó como experto técnico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Por lo tanto, al no haber relación comercial o laboral con las empresas de telefonía, no correspondía efectuar esta declaración”. En la industria, sin embargo, se comenta que el ministro tiene “un problema de conflicto de interés” por haber “trabajado para la industria”, ya que “claramente fue él quien hizo los informes para las empresas”.[/cita]
Estas afirmaciones son descartadas de plano desde la cartera, indicando que el decreto tarifario fue firmado por el gobierno anterior y que hoy está en revisión en la Contraloría General de la República. “El ministro en su calidad de autoridad, no ha suscrito ningún documento relacionado con el proceso indicado ni participado en su tramitación”. Agregan que las gestiones las ha encabezado el subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf.
Además, sostienen que Gómez-Lobo no tiene “conflicto de interés”, ya que “ni al ministro de Transportes y Telecomunicaciones ni al de Economía –que son quienes suscriben el decreto tarifario–, les corresponde ‘decidir la fijación de la tarifa’, pues ésta es el resultado de un proceso técnico reglado, sujeto a toma de razón por la Contraloría”.
Para finalizar, en el Ministerio afirman que “no existe ninguna decisión en curso, respecto de la que el ministro Gómez-Lobo deba inhabilitarse” y que no a él “no le corresponde adoptar ninguna decisión respecto de procedimientos ya finalizados bajo la administración anterior”.
‘PUERTA GIRATORIA’ CON CORBATA
Desde el 2010, con la llegada de Sebastián Piñera a La Moneda, quien en ese momento mantenía acciones en diversas empresas –Lan, Chilevisión, entre otras–, los conflictos de interés de las autoridades cobraron mayor relevancia para la ciudadanía. Por lo mismo, hay un proyecto de ley sobre probidad en la función pública en el Parlamento. Éste contempla, entre otras cosas, perfeccionar el sistema de declaración de patrimonio e intereses, establece sanciones, aborda el fideicomiso ciego y el mandato de enajenación de bienes.
Las críticas hacia lo que exigen las declaraciones de patrimonio e interés actualmente no son pocas. María Jaraquemada, directora de investigación e incidencia de Ciudadano Inteligente, cree que la ley se debiera perfeccionar incorporando un formulario electrónico, donde se pida más información y detalle sobre las actividades económicas y las sociedades. “Si alguien trabaja de profesor no dice mucho, pero si existiera el detalle, por ejemplo, si como investigador hizo un estudio hasta hace un año antes de asumir, debiera incorporarse un detalle más específico y que sea más fácil ver si es que eventualmente hay un conflicto de interés”, dice Jaraquemada.
Desde Chile Transparente apuntan a que otra falencia de la regulación actual es la falta de fiscalización sobre las declaraciones de patrimonio e interés. “Si bien hoy los ministros declaran sus patrimonios e intereses, lo hacen de manera bastante abierta con estándares pocos sofisticados y que no permiten tampoco la real comprobación de que lo declarado sea efectivamente lo que existe”, señala Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente.
En la misma línea, Precht señala que la legislación actual produce un fenómeno llamado “puerta giratoria” entre el Poder Ejecutivo y el sector privado. “Si bien en Chile está regulado el acceso a la información, no está regulado lo que se denomina la ‘puerta giratoria’: es decir, aquellas autoridades que saliendo del cargo ingresan a algún sector que estuvo directamente vinculado con el ejercicio de su cargo o viceversa. Entendemos que esa discusión el Ejecutivo la quiere dar”, expresa Precht.
Para María Jaraquemada, la norma sobre la “puerta giratoria” es muy débil, puesto que no existen sanciones para quien la incumple. “Se aplica básicamente para los que trabajan en organismos fiscalizadores (SII, superintendencias) y establece que en seis meses no se pueden ir a trabajar a los organismos fiscalizados. En el caso contrario, hay una norma que dice que las autoridades tienen que inhabilitarse por un plazo de seis meses cuando hay un conflicto de interés”.
Una visión similar tiene la Fundación PRO Acceso. “Se pretende regular el que la gente salga de un lugar para entrar a otro y que no exista ningún tipo de inhabilidad durante algún tiempo. No creo que la solución sea un prohibición total, pero sí una regularización. Así como se da la puerta giratoria y se mueven los cargos, también se mueven los intereses”, concluye María José Poblete, directora ejecutiva de la organización.
