Durante su cuenta pública los defensores regionales metropolitanos norte y sur, Leonardo Moreno y Viviana Castel, respectivamente, apuntaron directamente contra la aplicación de la prisión preventiva, cautelar que se duplica en el caso de los menores de edad, y que se vuelve peligrosa cuando afecta a personas que finalmente son absueltas porque no tienen responsabilidad penal.
Las cifras de imputados registradas durante 2013 llevaron al Defensor Regional Metropolitano Norte, Leonardo Moreno, a manifestar en su discurso de Cuenta Pública, su fuerte discrepancia con la excesiva dureza con que algunos fiscales y jueces están privando de libertad a imputados adolescentes, por la vía de la aplicación de la internación provisoria. En concreto, señaló que resulta absolutamente contradictorio con los objetivos de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que las cifras de menores privados de libertad durante el desarrollo de las investigaciones previas a las sentencias dupliquen las de los imputados adultos.
Moreno explicó que, de los 114 mil 129 imputados registrados en 2013, el 11,4 por ciento corresponde a menores de edad, lo que porcentualmente representa un incremento de un 10 por ciento más respecto del año anterior. Es preocupante, advirtió, que el número de adolescentes encarcelados por la vía de la internación provisoria subiera de 606 a 1.824, enfatizando que lo más grave es que en relación a los adultos la Fiscalía y los tribunales están tratando a los menores con mucha más dureza. Argumentó que mientras al 6,8 por ciento de los adultos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, en el caso de los adolescentes la cifra de internación provisoria se elevó al 14 por ciento. “Esta mayor dureza con los menores resulta totalmente contradictoria con los objetivos preferentemente resocializadores y no meramente punitivos de la Ley 20.084”, subrayó en su discurso.
En la Cuenta Pública conjunta de las defensorías regionales, la recientemente designada Defensora Regional Metropolitana Sur, Viviana Castel, enfatizó otro ángulo de la aplicación excesiva de la prisión preventiva. Indicó que puede haber personas que consideren que la utilización de esa gravosa medida cautelar no es tan intensa como ellos quisieran. Añadió que este pensamiento se torna peligroso cuando la persona a la que se aplica esta medida, resulta finalmente absuelta o sin responsabilidad penal. “Este fue el caso de 694 personas que durante el 2013 fueron absueltas por un tribunal, o bien se les aplicó medidas como el sobreseimiento definitivo o no perseverar y estuvieron en algún momento, durante el período que duró su investigación, privadas de libertad. Lo que parece evidenciar lo fundamental que resulta para un imputado contar con defensa penal desde las primeras actuaciones judiciales”, subrayó.
La defensora Castel recordó que “como defensores sabemos que la prisión preventiva o internación provisoria en el caso de los menores, es la más estricta de las medidas cautelares que pueden aplicarse. Durante el año pasado, la aplicación de esta medida se decretó en 17.635 ocasiones, lo que representa un 14.8 por ciento del total de las medidas cautelares decretadas en la Región Metropolitana, cifra que se ha mantenido estable en los últimos años”. Otras medidas cautelares de mayoritaria aplicación fueron: la detención por orden judicial, que concentró el 32,4 por ciento, la presentación ante el juez o una autoridad, registrándose con un 14,8 por ciento. Luego con un porcentaje similar, la anteriormente citada prisión preventiva, seguida de la prohibición de acercarse a la víctima que llegó al 9,2 por ciento.
En esta materia destacó el Proyecto Inocente –iniciativa que lidera la Defensoría Nacional–, a través del cual se ponen de manifiesto casos de comprobado error policial o judicial, y cuyo resultado final comprobado fue su total inocencia. Sin embargo, advirtió que sigue siendo una tarea pendiente la respuesta clara, del sistema de justicia, al legítimo interés de esas personas de ver compensados los perjuicios sufridos. “Por ahora, estas 694 personas seguirán esperando una respuesta legal por la experiencia vivida”, concluyó.
Por su parte, Leonardo Moreno destacó el proyecto de Defensa Penitenciaria que permitió que finalmente alguien se preocupara de defender los derechos de las personas más marginadas y olvidadas de la sociedad: los condenados y condenadas recluidos en recintos penales.
Señaló que los defensores penitenciarios se han ganado un espacio en la Justicia Penal, y subrayó como efecto virtuoso el que la administración penitenciaria esté limitando el uso de la fuerza en contra de los penados.
Por contrapartida cuestionó la diferencia que se aprecia cuando algunos tribunales enfrentan el reclamo de un recluso que busca la tutela judicial, ya que “lo ven como un imputado, y no como una víctima”. Señaló que no se ve en algunos jueces el mismo celo cuando controlan las acciones de la Fiscalía, respecto de los actos de otro ente estatal como es Gendarmería.
El defensor regional destacó asimismo los buenos resultados del proyecto de Tribunal de Tratamiento de Drogas (TTD), que busca dar una oportunidad de reinserción social al imputado primerizo de bajo compromiso delictual que cayó en el mundo del delito por el consumo problemático de drogas. Señaló que “al sacar a esta persona del infierno en que estas sustancias han transformado su vida laboral, profesional y familiar, se favorece directamente a la política pública que pretende disminuir el número de delitos”.
