Yo morí en un furgón de Carabineros

Juana Leuquén tiene 38 años, cuatro hijos, una casita en Chile Chico, un marido muerto y un futuro que ni ella misma es capaz de especular. Sin estudios y dueña de casa, a casi dos meses de la última vez que vio a su esposo, las opciones para generar algún ingreso se han reducido a dos: cocinar papas rellenas y empanadas que luego ofrece a los vecinos, y empezar a vender uno a uno los muebles de su casa. Iván Victorino Vásquez Vásquez, minero nacido en Cochrane, falleció el pasado 5 de mayo tras ser detenido por Carabineros en medio de un procedimiento por violencia intrafamiliar. Ella mismo efectuó el llamado, como otras veces lo había hecho. Los acontecimientos debían sucederse tal y como en circunstancias anteriores: la policía llegaba hasta el domicilio, conversaban con Iván, lo trasladaba a constatar lesiones, luego a la comisaría y horas después lo dejaban en libertad. Al rato, estaba de vuelta en su casa con los ánimos más disueltos. Esta vez, la cosa no fue así.

Eran casi las tres de la tarde y seis uniformados llegaron en dos tandas hasta la casa de Juana para tomar detenido a Iván. Mientras los funcionarios procedían a reducirlo, la mujer salió al patio con sus hijos de doce, diez, seis y un año. “Empecé a sentir los estruendos en la casa. Era como un pequeño terremoto en mi cocina. Entró mi hijo mayor a buscarle zapatitos a mi guagua y al salir me dice que le estaban pegando al papá. ‘No, hijo, si al papito lo están reduciendo’, le dije yo. Pero la verdad es que yo no sabía qué estaba pasando. Nunca había visto algo así”, cuenta hoy. Cuando por fin lo sacaron, Iván salió medio encorvado, caminando despacio, la mirada pegada en el piso. Lo escoltaron hasta el furgón policial y, antes de que las puertas del vehículo se cerraran detrás de él, Juana se dio la vuelta y volvió a su casa. No vio cómo su marido se alejaba por última vez, quedando confinado al interior de un compartimento que sería testigo de sus últimos minutos de vida. No entendió que al interior de ese furgón no había miradas que forzaran a cumplirse las normas y protocolos.

Adentro de la casa, los vestigios del procedimiento estaban por todas partes. Los quemadores de la cocina repartidos, la rejilla del lavaplatos totalmente doblada, el refrigerador lleno de golpes. “Me dijeron que el Iván iba a salir a las cuatro de la tarde, cuando se le pasara la rabieta”, y se quedó tranquila.

Como Juana ya sabía que a Iván le daba frío en el calabozo, pescó una chaqueta y una chomba, y partió a la comisaría a esperar que a su marido lo dejaran salir. En el intertanto, a sus dos hijos mayores los mandó a jugar a la plaza de la esquina. Mejor que no estuvieran por si el papá llegaba enojado. Al llegar al recinto policial, se extrañó de que no hubiera nadie. Casi media hora después, una funcionaria entró por la puerta que daba hacia a un patio del recinto. Traía una chaqueta de carabinero debajo del brazo y respiraba ajetreada, asegura Juana. Entonces comenzaron sus sospechas de que algo raro estaba pasando con su esposo. Pidió que la dejaran verlo, le dijeron que no, que lo tenían “atrás”, y otra vez la mandaron de vuelta a su casa. “Quédese tranquilita, que se lo vamos a llevar en un ratito”, le dijeron.

A eso de las cinco de la tarde, dos carabineros llegaron hasta su domicilio. Juana los hizo pasar. Los hombres la miraron fijo, incómodos, torpes: “Queremos conversar algo delicado con usted”. Los niños seguían jugando en la calle, así que les dijo que hablaran no más. “Su marido se suicidó, señora”, sentenciaron. Se puso de pie, fue y volvió sin rumbo un par de veces, luego se volvió a sentar. “Imposible, a ver, dígame cómo ocurrió”, respondió finalmente. Fue en el calabozo, le dijeron. Se colgó de una rejilla usando una camiseta, añadieron. Ocurrió en un transcurso de cinco minutos en que quedó solo, continuaron. Juana no entendía cómo eso que le estaban diciendo los dos uniformados sentados en el living de su casa podía ser remotamente cierto. “Mi marido no sabía engranar una aguja, es inútil con las manos. En cinco minutos no pasa eso y menos con una polera. Cuando lo detuvieron llevaba una camiseta manga larga. Era un hombre alto, de un metro ochenta. Pesaba noventa kilos”, explica hoy.

Al día siguiente, a la una y media de la tarde, Juana pudo ver el cuerpo sin vida de Iván. Lo primero que le notó fue un machucón en la frente; le desabotonó la camisa y vio los moretones a la altura de las costillas; la ropa interior estaba intacta. Tenía los dedos de las manos hinchados. “No se le entendían”. Y en el cuello, donde esperaba encontrar los vestigios amoratados del género oprimiendo la tráquea, apenas descubrió una leve marca, “como cuando a uno se le irrita la piel con una cadenita”. “Mi marido no se mató, estos infelices me lo mataron”, fue lo único que atinó a decir.

[cita]“Le hicieron una llave de tortura y le apretaron el cuello. Lo sacaron entre dos carabineros arrastrándolo por el ripio, el cemento, el barro hasta la entrada del local. Iba mal, con la lengua afuera. Lo botaron y le pusieron la rodilla en el cuello. ‘¡Date vuelta!’, gritaba el oficial. Como mi hijo no se movía, lo dio vuelta pero con rabia y le golpeó la cabeza contra el cemento. Lo pateaban, pero él ya estaba muerto. Sacaron un bastón retráctil y le volvieron a pegar en la frente y en la nuca, y entre todos lo tiraron dentro del furgón como un saco de papas”, cuenta Sandra. Esa sería la última vez que Franco vería la luz del día. En el intertanto, niños y vecinas chillaban de espanto. Muchos de ellos jamás olvidarían cómo vieron aquella tarde al ‘Zombie’, como le decían sus amigos a Franco, convertirse en un manojo de llagas. Las puertas del vehículo policial se cerraron y el resto fue historia.[/cita]

En efecto, el certificado de defunción de Iván no habla de un suicidio, ni siquiera de algún tipo de asfixia. El documento señala que su muerte se produjo producto de un shock hipovolémico, trauma abdominal cerrado y una lesión hepática. Posteriormente, la información sería ratificada por autoridades policiales de la zona y el pasado 23 de junio, luego de que se asignara un fiscal militar al caso, la Corte Marcial confirmó el procesamiento de un solo uniformado, el suboficial José Gamboa Villar, cuya participación Juana recuerda con lujo de detalle en los acontecimientos que ocurrieron en su casa y que terminaron con la detención y posterior muerte de su marido.

Casi carabinero

El viernes 25 de junio de 2010, Sandra Cárdenas, empleada doméstica en Dilluco, pasó a Concepción a buscar a su hijo menor Franco (19) y juntos emprendieron rumbo a Cabrero. Allá, en la que solía ser la casa del joven, su padre y su hermano Piero (entonces de 22 años) lo esperaban ansiosos. Franco llevaba un tiempo viviendo en Talcahuano y trabajando como guardia de seguridad en San Pedro, y aquel día no estaba de humor para viajes. En algún punto incluso consideró desistir, pero su madre insistió. “Vamos… tu hermano te echa tanto de menos”, rogó Sandra. Franco accedió. Después de todo, el transcurso del viaje podía ser una buena oportunidad para darle a conocer a su madre la buena nueva:

–Mamita, voy a ser Carabinero. Me aceptaron en la Escuela de Oficiales –le confesó después de un rato de trayecto.

El 30 de julio tenía que presentarse para comenzar su instrucción. De niño, Franco se había dibujado varias veces a sí mismo vistiendo el uniforme color musgo y usando la gorra de visera negra brillante. Además, solía pedirle a su madre que le comprara toallas y sábanas verdes. De todo eso Sandra se acordaba bien, aunque jamás dimensionó que aquellos indicios tenían un futuro. Así que ahí había un sueño de toda la vida a punto de hacerse realidad. Sandra lo abrazó, “mi niño ¡qué cosa más buena!”, lo agarró a besos y lo felicitó. Luego se largaron juntos a cantar duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tu sueño dulce y sonriente…, pero Franco se equivocó en una parte de la letra y su madre lo corrigió. De pequeña, en 4° Básico, le habían hecho aprender aquel himno de memoria. “Yo le preguntaba si él iba a ser un Carabinero corrupto o uno de verdad”, cuenta hoy. “Yo voy a ser de verdad mamita, voy a destapar la olla en Cabrero”, le decía él. Hace ya cuatro años de esa conversación. Y todo ha cambiado, mucho.

El 26 de junio de 2010, Franco Gianniny Coronado Cárdenas murió en medio de una detención por parte de Carabineros. Él, su hermano y Yessenia, la novia de Piero que era menor de edad, habían llegado hacía pocos minutos a uno de los stands de una feria costumbrista local. Eran las seis de la tarde, unas cien personas se paseaban entre los puestos de artesanía y las parejas que bailaban al sol de las cuecas choras. Franco se alejó unos minutos para comprar unas empanadas. Al regresar, cuenta Sandra, vio que un grupo de funcionarios de Carabineros forcejeaban con Piero. “Los confundieron con dos hermanos que hay en Chile Chico, a los que les dicen ‘los gemelos’ y que son buenos para pelear. Eran altos igual que mi hijo y se vestían igual que él, jeans, jockey, zapatillas blancas. Todos los jóvenes se visten así”, explica la mujer. En un intento por frenar a los uniformados, Franco recordó la noticia que le habían dado el día anterior. “A mí no me pueden hacer nada porque yo voy a ser uno de ustedes”, exclamó, y todo lo demás se fue a las pailas.

“Le hicieron una llave de tortura y le apretaron el cuello. Lo sacaron entre dos carabineros arrastrándolo por el ripio, el cemento, el barro hasta la entrada del local. Iba mal, con la lengua afuera. Lo botaron y le pusieron la rodilla en el cuello. ‘¡Date vuelta!’, gritaba el oficial. Como mi hijo no se movía, lo dio vuelta pero con rabia y le golpeó la cabeza contra el cemento. Lo pateaban, pero él ya estaba muerto. Sacaron un bastón retráctil y le volvieron a pegar en la frente y en la nuca, y entre todos lo tiraron dentro del furgón como un saco de papas”, cuenta Sandra. Esa sería la última vez que Franco vería la luz del día. En el intertanto, niños y vecinas chillaban de espanto. Muchos de ellos jamás olvidarían cómo vieron aquella tarde al ‘Zombie’, como le decían sus amigos a Franco, convertirse en un manojo de llagas. Las puertas del vehículo policial se cerraron y el resto fue historia.

A Sandra la llamaron a la una de la mañana para pedirle que fuera al cuartel. Se limitaron a contarle que la novia de su hijo mayor estaba detenida y que tenía que ir a buscarla. Se abrigó y caminó sola y a oscuras las tres cuadras que separan su casa de la comisaría. Cuando llegó, se extrañó al ver la enorme cantidad de vehículos de la Policía de Investigaciones estacionados en la entrada. Le dijeron que esperara junto a una estufa. A la media hora, la vinieron a buscar para llevarla a una sala donde varios oficiales esperaban para darle la noticia. “Me dijeron que se había asfixiado producto de su propio vómito”, explica. Luego, uno a uno, los uniformados fueron saliendo de la sala, dejándola allí con su pena. “En eso entró un teniente y me dijo ‘señora, por cinco pacos asesinos yo me lavo las manos, si tengo que hablar lo voy a hacer’, y yo me quedé helada”, asegura.

Luego la llevaron donde Piero, que esperaba sentado en un calabozo. “Tenía una cara… llevaba llorando seis horas. Me mira y me dice ‘mamá, mataron al Zombie. Lo reventaron. La sangre saltaba de la cabeza, estaba ensangrentado entero’”, recuerda la mujer. En efecto, la autopsia del cuerpo de Franco reveló que su muerte se produjo producto de un fuerte golpe con un objeto contundente en el cráneo. “Le reventaron los pulmones a patadas, le reventaron los ojos, le molieron los sesos. Para mí, eso se llama tortura”, dice Sandra.

Tras el hecho, Carabineros inició un sumario interno y los cuatro carabineros implicados en la detención de Franco y Piero fueron relevados de sus funciones operativas. En tanto, el cabo Rafael Díaz Briones, identificado como el autor de cuasidelito de homicidio en contra del joven de 19 años, fue sentenciado por la Fiscalía Militar de Los Ángeles a 540 días de reclusión menor en su grado mínimo. Sandra y su esposo interpusieron una demanda al fisco por indemnización de perjuicios por daño moral, a lo que la instancia respondió concediéndoles $ 40 millones a cada uno.

Murió por no pagar la cuenta

Así como Iván y Franco, hay otros que han muerto en circunstancias similares. Uno de ellos es Rodrigo Aravena Retamales de 44 años, quien falleció el pasado 17 de febrero en Rancagua, tras permanecer durante ocho horas al interior de un furgón policial en un día donde la máxima temperatura alcanzó los 30,9º. En su caso, sin embargo, no fueron necesarias palizas y forcejeos. Según el informe emitido por el Servicio Médico Legal, “las pericias realizadas por un equipo forense compuesto por un médico tanatólogo, más dos técnicos, determinaron que la causa de muerte fue producto de una asfixia por aspiración de contenido gástrico”.

Ese día, Rodrigo y un amigo fueron a almorzar a un restaurant ubicado en el centro de Rancagua. Al terminar pidieron la cuenta y, tras verse cortos de dinero, decidieron marcharse sin pagar. Cuento corto, el dueño del local decidió llamar a Carabineros y, a las 14:20 horas, los funcionarios tomaron detenido a Rodrigo y lo hicieron subir al vehículo. Ahí adentro, la oscuridad, el encierro y el calor hicieron su parte.

A eso de las 20:00 horas, el cuerpo sin vida de Aravena fue descubierto por personal de Carabineros. Lo encontraron recostado en un asiento al interior del radiopatrulla, el cuerpo todo mojado, la cabeza apoyada en el polerón doblado como cojín. El furgón, sin ningún tipo de ventilación, se convirtió en una trampa mortal. La reconstrucción de los hechos reveló que, durante más de seis horas, Aravena estuvo expuesto a pleno sol.

¿Qué fue lo que pasó? A las 14:45 de ese día, el fiscal de turno en la Fiscalía de Rancagua habría ordenado dejar en libertad a Jorge, dejándolo con una citación para los días siguientes. Sin embargo, según señaló el defensor nacional (s) Leonardo Moreno, jamás se efectuó el ingreso reglamentario al recinto policial, ni se cumplió con la orden del Ministerio Público. Simplemente se olvidaron de él.

En esta oportunidad, el Instituto Nacional de Derechos Humanos decidió hacerse parte del caso y presentar una querella ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, tras calificar el hecho como una tortura. “No nos hicimos parte ante la Fiscalía Militar porque, al igual que en otros casos donde hemos intervenido con querella contra otros carabineros, esta justicia no ofrece imparcialidad o un debido proceso para intervinientes en un juicio”, explica Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica y Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La querella interpuesta por el INDH fue acogida por el Juzgado de Garantía y en una resolución del 4 de junio se elevó una contienda de competencia para que la Corte Suprema decida si será el Juzgado de Garantía o la Fiscalía Militar la que esté a cargo de investigar y sancionar.

En tanto, en marzo pasado, la Corte Marcial confirmó el procesamiento de cuatro funcionarios de carabineros por el cuasidelito de homicidio y falsificación de documentos durante cumplimiento de deberes. Se trata del sargento segundo Carlos Cheuquiante, el cabo segundo Pablo Urrea, el cabo primero Cristián Orellana y el carabinero Carlos Villarroel.

Un sistema sesgado

Según el estudio del Instituto de Derechos Humanos titulado “Estado de Chile y Pueblo Mapuche: Análisis de tendencias en materia de violencia estatal en la Región de la Araucanía”, en el que se analizan los índices de denuncias presentadas producto de violencia o abusos policiales, las tasas de condenas en las causas llevadas a cabo en juzgados militares son muy bajas. Entre 1990 y 2011, estas alcanzaron apenas un 1,78% en la zona central del país y un 1,3% en la zona sur. No sólo eso. A partir de 2004 se registró un importante incremento en la cantidad de denuncias presentadas por abusos policiales. Previo a ello, las tasas condenatorias sumaban 3%; desde 2005 en adelante, los índices bajaron a 0,5%.

En las historias de Franco, Iván y Rodrigo, el furgón policial aparece como un punto de quiebre. Es a partir de ese momento –al cerrarse detrás de ellos las puertas del vehículo blindado– que esposa, madres, hermanos e hijos son apartados a un lado y lo que se abre es un universo difuso, una “zona gris” en la que se contradicen las versiones de los acontecimientos con las huellas que dejaron los golpes –o el encierro– en sus respectivos cuerpos. Una tierra de nadie donde, ante la ausencia de miradas civiles, faltan testimonios que den fe de lo ocurrido. Si a este panorama se le agrega la escasa capacidad sancionatoria de los juzgados militares y la reserva con que Carabineros maneja sus protocolos de operación y de detención, la posibilidad de que se haga justicia es escasa.

“El hecho de que sea la justicia militar la que está haciendo la investigación no favorece a un ecuánime estudio de los casos, porque es un juez militar el que seguramente va a fallar a favor de los propios policías. La policía misma tiende a tener una reacción corporativa de defensa de los uniformados y eso se ve en casos emblemáticos como el de Matías Catrileo, donde los policías que cometieron el delito son reasignados a otras funciones en la institución”, señala el investigador en materia de seguridad pública y Director de la Escuela de Ciencia Política de la UDP, Claudio Fuentes.

Asimismo, el tema de la reserva de los protocolos tampoco aparece como menor. Ante la solicitud del INDH de transparentar la información, Carabineros accedió a poner alguno de estos a disposición del Instituto, aunque lo hizo a cambio de que se mantuvieran reservados. En ese sentido, si bien el organismo de Derechos Humanos valoró el gesto, Bustos señala que “vemos que hay una brecha entre lo que señalan y su cumplimiento en la práctica. Es muy relevante que esos protocolos pasen a ser públicos. Carabineros en eso argumenta, sobre la base de una normativa del Código de Justicia Militar, que esos protocolos deben ser secretos para resguardar el orden público de mejor manera. Tenemos una visión completamente distinta, el orden público se debe resguardar en total transparencia”.