Sólo pueden optar a estos métodos en los Cesfam de Puente Alto y La Pintana
Es la red de atención médica privada más importante del país. Incluye clínicas, un hospital y centros médicos. Y pese a que accede a recursos fiscales –sólo en el gobierno de Piñera recibió cerca de 5 mil millones de pesos por concepto de cama crítica– los pacientes no pueden obtener prescripciones de anticonceptivos. Los más afectados son los trabajadores de la red: además de no optar a estas recetas, no reciben reembolso por el medicamento, salvo si es usado como tratamiento.
Un portazo al proyecto de ley impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet que busca despenalizar el aborto en casos de riesgo vital para la madre, inviabilidad del feto y violación, ha dado públicamente la Pontificia Universidad Católica (PUC). Su rector, Ignacio Sánchez, fue tajante: el hospital Clínico, así como las instituciones de salud ligadas a la casa de estudios, no van a aplicar abortos bajo ningún caso.
La postura en torno a temas reproductivos de la universidad privada –miembro de la Red de Universidades Públicas no Estatales (G9) y del Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (CRUCH)– va más allá del completo rechazo a la interrupción del embarazo, extendiéndose al uso de anticonceptivos para controlar la natalidad. La medida implica que el personal médico de la Red Salud UC CHRISTUS –que mantiene un hospital, dos clínicas, red de toma de muestra para exámenes de laboratorio y 11 centros médicos– no entrega prescripciones de anticonceptivos a sus pacientes, salvo si se trata de un tratamiento curativo para, por ejemplo, tratar el síndrome del ovario poliquístico.
Esta política complica especialmente a los trabajadores de la PUC. Así lo denuncian los miembros del Sindicato de Salud UC, que reúne a más de 1.600 trabajadores, 80% de los cuales son mujeres, y que señalan que, además de no obtener recetas, los anticonceptivos no son reembolsados por la institución, a diferencia de los demás medicamentos.
Según explica la tesorera del sindicato, Leonor Cerón, “tenemos un fondo de salud que nos reembolsa recetas de farmacia, que incluye a todos los medicamentos. Pero deja fuera a los anticonceptivos. Por eso solicitamos que esto cambiara en la negociación colectiva de 2012 y lo hemos solicitado por mucho tiempo, pero la Universidad mete los valores de la Iglesia, lo que no puede ser”.
En agosto de 2012, el sindicato consultaba a Recursos Humanos de la Universidad sobre el tema, señalando que “nos informan que bienestar rechaza la devolución de bonificación por concepto de medicamentos anticonceptivos, cumpliendo con la normativa de presentar boleta y receta, timbrada. Se solicita revisar esta situación”.
La respuesta deja en claro que la PUC no comulga con el uso de anticonceptivos como método de contracepción, explicando que “no se ha rechazado ninguna prestación por concepto de medicamentos anticonceptivos, enmarcados en una terapia curativa e indicada por un médico especialista”.
Según asegura Cerón, con esta práctica “debo ir a un médico ginecólogo, fuera de la red de salud, por esta razón no me reembolsan el bono. Dentro de la red, pago por consulta $800 pesos; fuera de la red, pago $5.150 pesos. En cuanto a los anticonceptivos, tienen un valor de entre $10.000 y $20.000 pesos cada uno; por nuestro convenio por receta, nos devuelven $8.150 pesos, lo cual es un ahorro de $97.800 pesos anuales”.
Desde la PUC explican que “en la Red de Salud UC CHRISTUS –una de las 10 instituciones más grandes de Estados Unidos con la que la PUC se asoció en 2013– no se promueven los métodos anticonceptivos artificiales y se prescriben anticonceptivos orales cuando existe indicación médica para ello. Con respecto al reembolso de estos preparados a los trabajadores de la institución, existe un acuerdo firmado con la organización sindical como parte del Reglamento del Fondo de Salud para el periodo 2013-2016, en los cuales se expresan con claridad los beneficios y condiciones en una amplia gama de situaciones médicas, que excluye a estos medicamentos”.
[cita]Las únicas instituciones de la red de Salud UC donde los pacientes pueden optar por tratamientos anticonceptivos “artificiales” son los tres Centros de Salud Familiar (Cesfam) que mantiene en Puente Alto y La Pintana. Allí hay matronas que son pagadas por la Católica que orientan en anticoncepción natural a través del método Billings, que calcula los días de ovulación.[/cita]
La directiva del sindicato de Salud UC recalca que esta política afecta especialmente a los trabajadores con menos recursos. Los miembros de la organización sindical, según detallan, tienen en promedio un sueldo líquido de 450 mil pesos e incluyen auxiliares de apoyo, técnicos de enfermería, digitadoras y personal administrativo.
“Al rector se le olvida que somos seres pensantes, con decisión. Yo soy cristiana pero pienso que Dios nos dio libre albedrío, o sea, yo puedo decidir si quiero tener hijos o no, si tomo anticonceptivos o no”, asegura Leonor Cerón.
La directiva del sindicato asegura que presentarán una acción legal ante tribunales, por discriminación. “Se nos impone una visión valórica que no está contenida en la legislación y, al tratar de imponérsela a un tercero, esa visión representa en sí una discriminación”.
Consultado sobre esta situación, el presidente del sindicato de profesionales PUC, que tiene unos 970 socios, Delfín Levicoy, señala que “no hemos tratado este tema, ningún socio nos ha consultado”.
En tanto, el ex presidente del sindicato de profesionales, Javier Figueroa, señala que efectivamente “nunca se trató el tema cuando ocupé el cargo. Y es que dentro existen enfermeras y enfermeras matronas que están autorizadas para entregar recetas, en forma personal. No creo que hayan tenido problemas”. Pero Figueroa detalla que tenían claro que “la política de la universidad es no recetar métodos anticonceptivos. Ningún médico te va a dar una receta para anticonceptivos con el logo de la PUC, lo van a hacer con sus recetas particulares”.
Esta práctica se realiza en una institución que percibe fondos estatales. Según explican desde la PUC, “la Red de Salud UC CHRISTUS es una institución privada de salud y solo recibe del Estado el pago por servicios relacionados con prestaciones a los afiliados a Fonasa”.
Al respecto, desde el Ministerio de Salud señalan que “el monto que nosotros como Minsal traspasamos fue 4 mil 415 millones de pesos, por compra de servicios a la razón social ‘Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile’, rut: 81.698.900-0, durante el año 2013. Esta compra de servicio corresponde sólo a las realizadas en la RM (75% de la compra total) y realizadas a través de mercado público, mediante órdenes de compra a este proveedor”. Pero aclaran que “el monto podría ser superior por traspasos realizados directamente por Fonasa”.
Desde Fonasa refieren que entre 2010 y 2013, por concepto de compra de cama crítica al Hospital Clínico de la UC y la Clínica Apoquindo, fueron pagados aproximadamente 5 mil millones de pesos.
Además, y pese a que se realizaron diversos requerimientos, desde la cartera liderada por Helia Molina no quisieron referirse a lo que implica como política pública esta medida y de qué manera afecta a los trabajadores de la red. Lo mismo sucedió con el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), encabezado por Claudia Pascual.
La no entrega de recetas de anticonceptivos es extensiva a todos los pacientes que se atienden en la red de la UC, la red de atención médica privada más importante del país y que hace un año se asoció con CHRISTUS, perteneciente a la Orden de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado.
Tal como explica un ginecólogo del sector, “esta práctica de la UC es vox populi. El instructivo que siguen los médicos que trabajan en su red de Salud es no prescribir anticonceptivos dentro de los establecimientos dependientes de la PUC. Lo que hacen muchas veces es entregar la prescripción con sus talonarios personales, pero no con los que llevan el logo de la UC”.
El ginecólogo y director del Centro de Bioética de la Universidad Católica, Mauricio Besio, que trabaja hace 25 años en la Red de Salud UC, detalla que “lo que pasa es que la Iglesia se opone al uso de métodos anticonceptivos artificiales. Así que tenemos un programa de métodos naturales en los centros médicos de la UC que ofrecemos a pacientes”.
Besio aclara que se hacen excepciones con tratamientos hormonales. “A veces usamos anticonceptivos orales para tratar ese tipo de patologías. Pero en general no indicamos métodos anticonceptivos hormonales. Cada ginecólogo tiene la libertad de decidir en su consulta, pero la política de la Universidad es no entregar métodos anticonceptivos artificiales. Eso se extiende a todos los centros de salud (…) y todos los médicos que trabajamos acá respetamos principios y valores de la institución”.
Las únicas instituciones de la red de Salud UC donde los pacientes pueden optar por tratamientos anticonceptivos “artificiales” son los tres Centros de Salud Familiar (Cesfam) que mantiene en Puente Alto y La Pintana. Allí hay matronas, que son pagadas por la Universidad Católica, que orientan en anticoncepción natural a través del método Billings, que calcula los días de ovulación.
Paralelamente, hay otras matronas que son financiadas por el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y que entregan los otros métodos, como anticonceptivos, condones o la pastilla del día después.
Según explica una trabajadora de uno de estos centros, “a las pacientes les preguntan si quieren el método artificial o natural. Les dan a elegir. La mayoría opta por el artificial. El otro casi nadie, algunas han estado bien y de repente han quedado embarazadas. Después de eso, muchas optan por seguir con anticonceptivos”.
El director del Servicio de Salud Metropolitano, Antonio Infante, señala que “en los Cesfam, como pusimos como requisito al hacer el convenio que tenían que estar todos los programas, desde la UC se las arreglaron para que el que entrega los anticonceptivos sea la matrona que depende del servicio. Es como el Pilatos del siglo XXI”.
