Danza de millones en torno al cuestionado sistema de medición estandarizada de alumnos de Básica y Media
En los últimos 10 años los recursos que el Estado inyecta al test han aumentado 13 veces: en 2013 se gastaron más de 20 mil millones de pesos en su ejecución y aplicación. Fuera del Estado, el mundo privado también ha visto beneficios, especialmente las Agencias de Asistencia Técnica Educativa (ATE) que han apostado por entregar asesorías y talleres en relación a la cuestionada herramienta de evaluación.
El martes 15 de junio, la subsecretaria de Educación Valentina Quiroga, presentó al grupo de expertos que tiene como misión proponer cambios a la prueba Simce.
La tarea no es simple: el sistema de medición es blanco de críticas no sólo porque, además de evaluar, sus consecuencias sirven para ahondar la segregación que se cuela en el ADN de Chile. También se ha convertido en un jugoso negocio que sigue la lógica del sistema de mercado-educación que levantó al movimiento estudiantil en 2011.
En 10 años, el Estado ha aumentado de forma importante el gasto presupuestario en torno al Simce: en 2003 el fisco desembolsó $1.600.974 millones. En 2013, esta cifra llegó a $20.688.120 millones, según datos extraídos de la Ley de Presupuesto por el investigador de la Universidad de Chile y del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), Eduardo Santa Cruz.
El costo de aplicar el Simce por alumno asciende hoy a unos 15 mil pesos, según cifras entregadas por la Agencia de Calidad de la Educación, e incluye la elaboración de preguntas, impresión y diagramación de pruebas, distribución, aplicación de dichas pruebas, captura de datos y corrección de preguntas.
“El presupuesto ha aumentado en términos reales en casi 10 veces entre el 2003 y el 2013. En términos absolutos, es decir, sin considerar el IPC, el gasto ha aumentado en casi 13 veces. Esto se explica, en parte, por la enorme cantidad de pruebas que se aplican hoy día, tanto en número de niveles como en asignaturas. También se considera un porcentaje para premios para docentes y establecimientos”, dice Santa Cruz.
Pero los recursos no sólo han aumentado en este ítem y, como si se tratara de una política de chorreo, bendice a otros organismos y empresas que han visto en esta prueba no sólo un sistema de medición del aprendizaje sino también un excelente negocio.
Para Jaime Retamal, doctor en Educación, desde sus inicios el Simce ha sido un problema, “pues va de suyo con la lógica de mercado que irradia todo el sistema, pero, sin duda, desde las reformas impulsadas en los 90 por los gobiernos de la Concertación, que el Simce se transformó en una fiebre; fiebre, porque neurotiza a las escuelas y porque se transformó en un pingüe negocio”.
[cita]“El presupuesto ha aumentado en términos reales en casi 10 veces entre el 2003 y el 2013. En términos absolutos, es decir, sin considerar el IPC, el gasto ha aumentado en casi 13 veces. Esto se explica, en parte, por la enorme cantidad de pruebas que se aplican hoy día, tanto en número de niveles como en asignaturas. También se considera un porcentaje para premios para docentes y establecimientos”, dice Santa Cruz. Pero los recursos no sólo han aumentado en este ítem y, como si se tratara de una política de chorreo, bendice a otros organismos y empresas que han visto en esta prueba no sólo un sistema de medición del aprendizaje sino también un excelente negocio.[/cita]
Es frecuente ver que los departamentos de Educación de las municipalidades lanzan licitaciones para contratar profesionales que les ayuden a subir los rendimientos de la medición. Esto, porque según explica Eduardo Santa Cruz, el apoyo técnico a las escuelas en torno a este ítem ha aumentado enormemente. “Sólo una parte del apoyo va dirigido a mejorar los puntajes, pero es un porcentaje del gasto no menor. En general, el gasto es pagado a través de las platas SEP (Subvención Escolar Preferencial). El tipo de cosas en que se paga son: cursos para profesores, pruebas diagnósticas, compra de libros de preparación para Simce, premiación a mejores alumnos y colegios, etcétera”.
Las municipalidades publican licitaciones que buscan estrategias de superación en el Simce, ensayos y modelos de ejercitación.
“Si tú tienes plata de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y el mecanismo de competencia es el Simce, obvio que tengo que meter plata en este mecanismo de competencia y no en educación integral; por lo tanto, buena parte de las platas de la SEP termina en un proceso de adoctrinamiento”, comenta Gonzalo Navarrete, presidente de la comisión de Educación de la Asociación de Alcaldes. Navarrete suma argumentos: “Nosotros lo que estamos proponiendo es no eliminar el Simce, pero sí establecer ‘simces’ que tengan que ver con diagnósticos para procesos de mejoras y no en un sistema de semaforización interno para la repartición de alumnos, ni externo para que haya información de mercado, porque ni siquiera es buena información de mercado”. Navarrete cree que en general “al sistema educativo se le obliga a ordenar su proceso en torno al Simce”.
El negocio que se ha tejido en torno al Simce está fuertemente marcado por la presencia de las Agencias de Asistencia Técnica Educativa (ATE), dedicadas a prestar apoyo técnico pedagógico a las escuelas subvencionadas, lo que se institucionalizó gracias a la ley que creaba la Subvención Escolar Preferencial (SEP), promulgada en 2008 bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet. Este apoyo busca, entre otros puntos, impulsar el mejoramiento de los puntajes del Simce, compromiso que va de la mano de la entrega de mayores recursos.
Es justamente en el mundo del Simce donde las ATE encontraron un lucrativo negocio, a través de talleres, ensayos o fortalecimiento docente, con el fin de mejorar el rendimiento de los establecimientos educacionales en parte de las 17 pruebas Simce que se aplican actualmente.
“Los mayores beneficiarios de este gasto son un conjunto de actores que conforman un nuevo submercado de la educación, que está relacionado con las ATE y otras agencias encargadas de evaluar, asesorar y capacitar a las escuelas. Gran parte de este dinero surge del Estado y existe mucha opacidad sobre quiénes forman todas estas agencias. Algunas son de los propios colegios o sostenedores, otras son de profesores y otros profesionales, con mucha presencia de ingenieros comerciales y profesionales en búsqueda de beneficios económicos”, explica Santa Cruz.
Sólo por poner un ejemplo: en Lo Prado, el gasto SEP que apunta al mejoramiento del Simce es, aproximadamente, un 17%, es decir, unos $185 millones al año. Según explican en Lo Prado, el grueso corresponde a ATEs y organismos como la Fundación Mustakis y el centro Mide UC, de la Universidad Católica.
El Simce ha ido adquiriendo un rol central en la estructuración y configuración del sistema educativo chileno, vinculando sus resultados, por ejemplo, al pago de bonos de los docentes y, en el futuro, se convertiría en el factor principal para determinar el cierre de colegios al aplicarse la ordenación de escuelas.
Según el decano de Educación de la Católica, Cristián Cox, esta transformación obedece a “un proceso muy sistémico, en que la lógica de competencia entre colegios por matrícula en un contexto de mercado, de financiamiento compartido y la estratificación altísima del sistema escolar, sumada a esta lógica desde el origen del Simce, que fue pensado como un instrumento para que la demanda distinguiera entre colegios, poco a poco van sociológicamente produciendo esto, donde los medios juegan un papel muy importante y donde la lógica de mercado presiona al sistema. Fenómeno de presión enorme, especialización del quehacer formativo y obsesión evaluadora de la sociedad chilena que está distorsionando grandemente el quehacer del sistema escolar, respecto a lo cual el profesorado con razón se queja y son muy críticos de que hayamos llegado a este punto, que ha generado un movimiento de opinión crítica y la idea de que tenemos que cambiar de curso, de dirección. Comparto esa crítica, no le hace bien a la educación funcionar con esta presión y sobreespecialización orientada a las pruebas. Tenemos que salir, estamos en una trampa”.
En opinión de Cox –que participó en la comisión que hace diez años definió la estrategia de desarrollo del Simce, en su calidad de jefe de la Unidad de Currículum y Evaluación del Mineduc, junto a la actual líder de la comisión evaluadora, Lorena Meckes–, “al mismo tiempo tenemos que tener una evaluación, Chile tiene experiencia de un cuarto de siglo, pero hay que orientarlo mejor. Es la tarea fundamental de este momento (…). No estoy por la desaparición del Simce, creo que es un gran instrumento, pero lo hemos distorsionado y exagerado. Está ahogando a la educación –creo que 17 pruebas al año ahogan al sistema– y hay que restablecer un equilibrio, que es lo que está pidiendo el sistema de educación y que entiendo es el objetivo del Ministerio al convocar la comisión”.
Entre sus servicios, las ATE se enfocan en entregar a los profesores herramientas para que en sus prácticas de aulas utilicen métodos más efectivos de enseñanza para mejorar el resultado Simce.
Denis Cid, de la ATE Chileducate, cuenta que la gran mayoría de colegios que requerían sus servicios por este ítem eran municipalizados. “La Ley Sep permitió abrir nuestro rubro a los colegios subvencionados, equilibrando la balanza en los últimos 2 años”, cuenta.
Denis dice que los colegios están muy preocupados de mejorar sus resultados en el Simce, casi como un objetivo principal y único. “Nosotros en nuestras capacitaciones y servicios intentamos hacerles ver que una buena práctica docente –como son planificaciones, evaluaciones y métodos prácticos de enseñanza– trae como consecuencia alumnos más reflexivos, con mayor capacidad de análisis, por lo que el Simce es más abordable. Es muy difícil ver interés de un establecimiento que no sea enfocado al Simce. Tenemos otros servicios que están enfocados a la convivencia e incluso a mejorar la calidad de vida del profesorado, idiomas, mejor vocalización, y la verdad es que no son requeridos”, comenta.
El Sistema de Medición de la Calidad de la Enseñanza (Simce) fue creado el año 1988. Entre esa fecha y 1995 se usaba exclusivamente “para la formulación de políticas, en especial en apoyo a los establecimientos más vulnerables”, como recuerda Ernesto Treviño, director del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la UDP, en una columna. “Con la publicación de los datos por escuela se empieza a imponer una lógica de Simce como sinónimo de calidad”.
Hoy, este sistema de evaluación tiene un sinnúmero de detractores e incluso una campaña en contra, “Alto al Simce”. Para Paulina Contreras, vocera de la cruzada, detrás de la cuestionada prueba “claramente hay un mercado. Los beneficiados son los que participan del proceso de elaboración y aplicación, así como las ATE que ofrecen servicios para mejorar los resultados del Simce en las escuelas”. El problema en este mercado, asegura, es que “el aprendizaje, la calidad de la educación y procesos complejos terminan reduciéndose a un puntaje Simce. Lo importante es aumentar el numerito, cómo lo haga la escuela no es importante. Se presiona sólo por el aumento del resultado”.
La comisión que propondrá los cambios al Simce tendrá su primera reunión este viernes. En ella participarán 12 profesionales presididos por la ex directora nacional del Simce, Lorena Meckes, que hoy es investigadora del Centro de Estudios de Políticas Prácticas de la Educación (CEPPE) de la Universidad Católica.
Meckes ha hecho duras críticas a la campaña ‘Alto al Simce’. Entre otras cosas, ha dicho que algunas soluciones propuestas sólo “pueden empeorar la situación”, como reducir las pruebas a solamente algunas asignaturas, reducir la peridiocidad, disminuir los grados evaluados o abandonar el Simce censal.
La comisión que se propondrá los cambios de este sistema enfrenta asimismo críticas. Meckes también es miembro del Comité directivo de Mide UC –centro de investigación, orientado a la medición y evaluación aplicadas en diversos campos, como la educación, las organizaciones y la sociedad–. Mide UC ganó en junio una licitación de la Agencia de Calidad para la elaboración de ítems de las pruebas Simce.
El director de Mide UC, Jorge Manzi, también es parte de la comisión evaluadora del sistema de medición. A pesar del vínculo, el experto no cree que exista un conflicto de interés. “Lo nuestro es un centro de evaluación y desarrollo. Está localizado dentro de una universidad; por lo tanto, esto no es una empresa. Y es una universidad que no tiene fines de lucro; por lo tanto, no tiene esa finalidad. Somos uno de los principales centros de medición y evaluación. Es normal que postulemos a licitaciones que se hacen para que los mejores proveedores puedan hacerlo”.
Mide UC también se ha encargado de la aplicación del Simce en un sector de Santiago y ha corregido preguntas abiertas de esta prueba. “Yo no veo que esto me inhabilite para emitir una opinión, pero evidentemente que si veo que alguna de las recomendaciones pudiera tener implicancias, me tengo que inhabilitar”, dice Manzi.
Jaime Retamal cree que claramente eventuales conflictos de interés generan un desequilibrio en la comisión. “Hay quienes ganan licitaciones para administrar el Simce y, al mismo tiempo, conforman esta comisión aparentemente técnica. Debieron haberse restado ante tal evidente conflicto de interés, pues le resta credibilidad técnica a la comisión, transformándola en una mesa de lobistas pro Simce”.
