«Los juicios de valor contenidos en dicha publicación, así como las vinculaciones que intenta hacer, escapan a la naturaleza de la licitación y al procedimiento en el cual participamos», sostuvo el abogado y ex candidato a diputado.
El ex candidato a diputado por el distrito 23 Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea y director ejecutivo de Fuerza Pública, Sebastián Iglesias Sichel, desmintió un artículo aparecido en el portal Chile B que acusa de «malas prácticas» al director nacional del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), Nicolás Preuss, por haber adjudicado a la empresa Paréntesis Comunicaciones una suma de 95 millones de pesos para la realización de una asesoría comunicacional.
En su calidad de propietario de la compañia aludida, el abogado asegura, en primer lugar, que «nunca fui contactado por el sitio para corroborar la información ni para presentar los hechos. Después de varias insistencias logré contactar yo al sitio web pidiendo una aclaración de los hechos que nunca sucedió».
Como, asimismo, aclara: «Participo en la empresa Paréntesis Comunicaciones Sociedad Anónima cerrada a la cual ingresé hace 6 meses después de más de 5 años dirigiendo empresas de comunicaciones. Con esta empresa y en conjunto a una Agencia de Publicidad Internacional –con la cual nos consorciamos como aparece en la oferta– presentamos un equipo de más de 10 profesionales con experiencia en economía, comunicación pública y publicidad a un concurso público licitado a través de la página Chile Compra, que buscaba una empresa que se encargara del Plan de Difusión del concurso Desafío Clave de emprendimiento juvenil. Las bases incluían además vastos volúmenes de impresión y contratación de piezas publicitarias en vía pública. Nuestra oferta se sustentó en migrar de un concurso de simple emprendimiento a uno que buscara premiar la innovación social entre emprendedores juveniles».
«Este concurso había sido adjudicado en los años anteriores por montos superiores a los 120 millones. Las bases de este año señalaban un monto a ofertar nuevamente de 120 millones. Nuestra decisión, evaluando los costos de la necesidad de contar con expertise técnica en materia de emprendimiento, comunicaciones y marketing y la cantidad de material promocional señalado explícitamente en las bases fue presentar una oferta por un monto inferior en 40 millones al monto a licitar. En el marco del proceso competitivo y de acuerdo a lo señalado en el portal mercadopublico.cl, a la licitación se presentaron dos ofertas, una por 130 millones de pesos y la nuestra por cerca de 35 millones menos. Es decir, fuimos adjudicados por ofrecer el precio más bajo en un proceso abierto y competitivo a través de Chile Compra. Sin contar además que es mucho más bajo que el precio en que se había adjudicado en las licitaciones realizadas en años anteriores. Exactamente esa es la información que se omite en dicha publicación», acota.
«Los demás juicios de valor contenidos en dicha publicación, así como las vinculaciones que intenta hacer, escapan a la naturaleza de la licitación y al procedimiento en el cual participamos. La participación en movimientos políticos no puede ni debe ser un inhibidor ni facilitador de la participación en procesos públicos de licitación. Su naturaleza hace que en los procesos competitivos la evaluación del precio y la calidad de la oferta sea determinante. Por lo mismo, el intento del reportaje de inferir que la lejanía o cercanía a una determinada autoridad tiene que ver con una adjudicación que de forma evidente se sustentó en el precio inferior de la oferta, no sólo es tendenciosa sino que escapa claramente al mérito de los antecedentes expuestos», concluye.
