Misiva la suscriben también varios ex ministros de la Concertación
“En educación superior esta lógica se ha usado más intensamente y se ha traducido en la existencia de verdaderas fábricas de títulos profesionales, en los aranceles (PPP) más altos de la OCDE y en un alto endeudamiento de las familias. La ausencia del Estado en este ámbito es incuestionable”, explican.
El ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, firmó una carta junto a diputados del PC y ex ministros de la Concertación en apoyo a la gratuidad educacional y las reformas que impulsa el gobierno de Michelle Bachelet, solicitándole que cumpla los compromisos adquiridos en la campaña presidencial.
La misiva publicada en El Mercurio, los 69 firmantes dan a conocer sus razones por las cuales es necesario impulsar la gratuidad en la educación, incluyendo la universitaria, ya que explican que “el actual gobierno adquirió un importante compromiso con la ciudadanía: una transformación del sistema educacional para que la educación pasara a ser tratada como un derecho social, no una mercancía”.
En cuanto a la gratuidad universal, los firmantes exponen que “el apoyo transversal que estas propuestas generaron cuando en las elecciones nacionales de primera vuelta, 6 de los 9 candidatos presidenciales, que obtuvieron en conjunto un 74% de los votos, propusieron en sus programas que la educación fuese gratuita”.
Agregan que “los chilenos entienden que existen esferas de la sociedad que no pueden ni deben estar sujeta a las leyes del mercado. Esto es, subordinadas al lucro, a la capacidad de pago de las familias y a la habilidad de los oferentes para segregar y “descremar””.
“En educación superior esta lógica se ha usado más intensamente y se ha traducido en la existencia de verdaderas fábricas de títulos profesionales, en los aranceles (PPP) más altos de la OCDE y en un alto endeudamiento de las familias. La ausencia del Estado en este ámbito es incuestionable. El gasto público en Chile en educación superior alcanza solo el 24,2% del gasto total, mientras que en los países de la OCDE es un 69,2% (OCDE, 2014). Esta situación no es sostenible. La educación, incluida la superior, debe constituirse como derecho social, y su sistema como un espacio de construcción de una sociedad más justa y cohesionada, desde donde se forma y ejerce la ciudadanía”, precisan.
Además, responden a otra carta enviada al mismo medio y firmada por personas vinculadas a la educación, quienes indicaban que la gratuidad es regresiva y podría afectar la calidad al limitar el arancel que las instituciones desean cobrar.
En ese sentido, mencionan que “los datos disponibles son concluyentes. La gratuidad universal de la educación superior no es regresiva. Mientras los ingresos de los hogares del 10% más pobre aumentarían en 26,7%, los ingresos del 10% más rico aumentarían en 2,2% (Casen, 2011). Más aún, si esta se financia con impuestos progresivos o con un impuesto especial a los graduados del sistema, los ricos terminarán contribuyendo tres veces más a la educación superior que lo que actualmente pagan”.
Explican que “según las estimaciones del Gobierno, el 65% de los recursos de la reforma tributaria, diseñada especialmente para financiar la reforma educacional, proviene del 10% más rico. Adicionalmente, los firmantes de la carta publicada hace unos días no consideran que, además de eliminar las barreras económicas para acceder a la educación superior vía gratuidad, al traer este nivel educativo a un régimen público implica que se revisen los mecanismos de admisión que permitan a los grupos de menores ingresos estar más representados y se genere mayor igualdad en la enseñanza preescolar y escolar”.
Agregan que como la gratuidad no es condición suficiente para lograr calidad, “esta no afecta negativamente. La calidad del sistema se ve afectada por diversos factores, entre ellos la forma como se entregan los aportes del Estado (subsidio a la demanda vía becas y créditos). Este mecanismo ha generado una expansión inorgánica, descontrolada y segregada del sistema. Un aumento explosivo de la oferta de carreras, sedes e instituciones, que ha desbordado el deslegitimado proceso de acreditación de calidad y ha hecho imposible cerrar la brecha entre aranceles de referencia y reales debido a la alta inflación de aranceles que este mecanismo induce”.
Abogan porque la gratuidad educacional sea a través del financiamiento adecuado a las instituciones y no por medio de vouchers a los estudiantes, ya que “dicho mecanismo permite pagar a cada institución un monto de acuerdo a su matrícula y el logro de otros resultados socialmente deseables. Este mecanismo permite impulsar, exigir y apoyar el mejoramiento continuo de las instituciones”.
Finalmente, solicitan al gobierno cumplir con los compromisos adquiridos, avanzar en la gratuidad y lograr la aprobación de la reforma estudiantil.
Entre los firmantes de la carta se encuentran Marco Enríquez-Ominami, Naschla Aburman, Laura Albornoz, Fernando Atria, Felipe Berríos, Karol Cariola, Lautaro Carmona, Aldo Cornejo, Fidel Espinoza, Claudio Fuentes, Jorge Arrate, Giorgio Jackson, Alfredo Joignant, Yasna Provoste, Jaime Quintana, Fulvio Rossi, Gabriel Silber, Camila Vallejo y Juan Manuel Zolezzi, entre otros.
