Enfrentados por inserción publicado por El Mercurio el pasado 11 de septiembre
Para el rector de la UDP, la timonel del Colegio de Periodistas confunde el contenido del discurso con la posibilidad de expresarlo. Por su parte, la presidenta de la orden le contestó que le parece contradictorio que el argumento del académico sea la libertad de expresión y -a la vez- le inquiete tanto que una dirigenta de un gremio haga uso de éste para evaluar cómo cumplen su rol los medios de comunicación, tal como podría hacerlo cualquier ciudadano.
El jueves de la semana pasada, 11 de septiembre, apareció en El Mercurio una inserción a página completa titulada «1973: Allende gobierna fuera de la Constitución y la Leyes y la Cámara de Diputados llama a una intervención militar«. Documento que fue publicado a propósito de –indican sus promotores– las palabras que formuló en Sudáfrica la Presidenta Michelle Bachelet, donde afirmó que los objetivos de su administración eran los mismos que los del gobierno de Salvador Allende.
La inserción pagada fue cuestionada por la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, quien señaló que «en más de una oportunidad hemos dicho que nuestro Código de Ética señala expresamente que el ejercicio periodístico está al servicio de la verdad, los principios democráticos y los derechos humanos, por ello no me parece correcto ni coherente al actual sistema democrático reivindicar y ‘recordar’ un documento que pedía la intervención militar a un gobierno democráticamente electo».
Declaraciones que fueron cuestionadas el domingo 14 de septiembre por el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, y por el diario fundado por Agustín Edwards Mac-Clure a través de su sección «la Semana Política» de la página editorial. En la ocasión, la máxima autoridad académica de la UDP expresó que «no era correcto sostener que los medios no debieron publicar la declaración de la Cámara de Diputados».
«Es evidente que quienes pagaron ese inserto están movidos por el propósito de legitimar ex post el golpe y la dictadura que le siguió. Y también es cierto que, al hacerlo, omiten condenar moralmente los crímenes que siguieron», sostuvo Peña a través de una columna de opinión, donde sentenció que si bien «es malo esgrimir explicaciones históricas para justificar crímenes, es igualmente malo esgrimir principios morales para impedir que se reflexione sobre los hechos».
En respuesta a Peña y a El Mercurio, Javiera Olivares contestó: «Las críticas parten de un supuesto equivocado. Se afirma, en el editorial, que la inserción se limitó a reproducir la declaración de la Cámara de agosto de 1973. Por su parte, el columnista se pronuncia en similar sentido al señalar que se trataría de la promoción de una interpretación de los hechos del pasado. Lo cierto es que el texto publicado hace mucho más que eso. Legitima, desde luego, el derrocamiento del gobierno constitucional de Salvador Allende y el régimen dictatorial. Pero, más grave aún, se desprende de él –con total claridad– una amenazante interpelación al actual gobierno. Allí los firmantes titulan: ‘1973: Allende gobierna fuera de la Constitución y las leyes y la Cámara de Diputados llama a una intervención militar. Frente a los dichos de la Presidenta en Sudáfrica afirmando que tiene los mismos objetivos que el régimen de Allende, es bueno recordar cómo evaluaba la Cámara de Diputados a dicho gobierno en 1973′».
Este martes, lejos de aquietarse las aguas, Peña decide responder. «Temo que la presidenta del Colegio de Periodistas, al sostener que fue incorrecto publicar la declaración de la mayoría de la Cámara de Diputados previa al once de septiembre de 1973 con los comentarios que formulaban paralelos con la situación actual, confunde el contenido del discurso con la posibilidad de expresarlo. Tiene todo el derecho a oponerse a lo primero; pero no tiene ninguno a poner límites a la segundo».
«¿No era el deber de un periodista proteger la libertad de expresión especialmente política?», se pregunta.
Consultada por El Mostrador sobre las declaraciones del rector de la UDP, la presidenta del Colegio de Periodistas declaró: «El fondo del asunto que se ha planteado, no tiene que ver con la publicación de este documento histórico, sino con un emplazamiento de los adherentes del inserto pagado, situación que es delicada, porque hace una extrapolación del gobierno de Salvador Allende con la actual administración e insinúa la posibilidad de resolver desavenencias en un sistema democrático a través de una intervención militar».
«Me parece contradictorio que si el argumento del profesor Peña es la liberad de expresión, a él le inquiete tanto que una dirigente de un gremio haga uso de su libertad de expresión para evaluar cómo cumplen su rol los medios de comunicación, tal como podría hacerlo cualquier ciudadano», concluyó.
