Experto asegura que informe sobre cruzada en México podría replicarse en Chile
Alejandro Hernández, quien encabeza la Fundación Nacional de Discapacitados, no duda en calificar la campaña solidaria como “el negocio del siglo” y considera un «chantaje emocional» la advertencia recurrente de que si no se recauda la meta durante las «27 horas de amor» los centros de Teletón en el país, que –recalca– son privados, quedarán sin funcionar.
El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU emitió esta semana un informe de rechazo a la Teletón en México, por «promover estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad e impedir que se posicione el concepto de sujetos de derechos» y solicitó al gobierno de Enrique Peña Nieto que diferenciara con claridad el carácter privado de la campaña de la obligación que tiene el Estado de rehabilitar a las personas con discapacidad. Este hecho –afirmó el secretario ejecutivo de la Fundación Nacional de Discapacitados (FND)–, Alejandro Hernández, abrió la puerta para que el organismo internacional también se pronuncie contra la cruzada que realiza desde 1978 la Fundación Teletón en Chile, con el animador Mario Kreutzberger como cara visible.
«Luego de más de 30 años trabajando por la integración social y laboral en discapacidad, creo necesario y urgente que el mismo comité de la ONU sugiera al gobierno chileno de Michelle Bachelet, no seguir aplaudiendo la campaña que se realiza también en Chile desde 1978, herencia de un gobierno dictatorial y destructor de los Derechos Humanos. Aplaudir la Teletón es celebrar la discriminación y segregación en que viven las personas con discapacidad en nuestro país», dijo Hernández.
A juicio del experto en discapacidad, la cruzada –que tendrá su nueva versión a fin de mes– no es más que una «campaña ruidosa que lo único que ha logrado es instalar en el inconsciente colectivo y del empresariado chileno, que ‘integrar es hacer un favor’. Este hecho impide, por ejemplo, una efectiva, adecuada y proactiva integración laboral de administrativos, técnicos y profesionales con discapacidad al mundo laboral. Prueba de esto es que solo el 0,5% de las empresas en Chile ‘se atreve’ a integrar a recurso humano con algún tipo o grado de discapacidad y más del 90% de las personas con discapacidad en edad de trabajar en Chile se encuentra cesante. Las empresas que aportan dinero a Teletón no integran debidamente a personas con discapacidad al trabajo, lo cual constituye un acto surrealista y de una profunda inconsecuencia».
«Como experto, he escrito y hablado sobre Teletón muchas veces –hace más de una década–, señalándola como ‘el negocio del siglo’ para algunos y al mismo tiempo el mayor atropello de los derechos humanos de varios millones de ciudadanos chilenos. Hoy no puedo estar más en línea con el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y el llamado que realizan a México, el cual sin duda traspasa las fronteras mexicanas e inunda de un halo de luz y claridad a nuestros países que, inconscientes, aún subastan en la plaza pública los derechos humanos de los niños y las personas con discapacidad», sostuvo.
Hernández asegura también que la recurrente advertencia de la Fundación Teletón –que hasta hace poco tenía entre sus directores al controlador del Grupo Penta Carlos Alberto Délano– de que el no cumplimiento de la meta de las «27 horas de amor» podría poner en riesgo el funcionamiento de los centros que atienden a no más del 0,8% de los discapacitados que viven en Chile, obedece sólo a un «chantaje emocional».
«Yo le diría a a Teletón que corte los chantajes emocionales. Aquí la ciudadanía no requiere de chantajes emocionales, aquí la ciudadanía requiere que el Estado se ponga los pantalones», dijo.
Lo más grave, enfatizó, es que en Chile «los escasos recursos que mantiene el Estado se los otorga a una sola organización privada, como Teletón, y por otro lado esta misma campaña recauda el dinero de todos los chilenos para sí misma. Hay que recordar que Teletón no alcanza a atender al 0,8 por ciento de la población total de las personas con discapacidad, que alcanzan más de tres millones de ciudadanos en Chile. Entonces acá hay un gran negocio, hay un gran atropello a los derechos humanos de los niños y esto no lo digo yo, esto no lo decimos desde la fundación, esto lo dice la Organización de Naciones Unidas. Nosotros como fundación hacemos eco; yo, como activista en discapacidad y experto en la materia, también hago eco de las palabras de la ONU».
Finalmente, insistió en su llamado a que el organismo internacional «se pronuncie acerca de este atropello a los derechos humanos de las personas con discapacidad que se realiza en Chile desde el año 1978. Me extraña el silencio de la Unicef, me extraña profundamente el silencio del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), me extraña profundamente el silencio del Ministerio de Salud. Aquí el Ministerio de Salud tiene mucho que decir. Aquí estamos hablando de los derechos fundamentales, del derecho a la salud; no estamos hablando del derecho a acceder a comprar un vehículo último modelo, estamos hablando de un derecho fundamental».
