Según declaraciones de los dueños de Penta ante la Fiscalía
A pesar que el titular de Obras Públicas ha insistido en que Penta pagó un estudio de la Fundación Ciudad Justa –creada por él– efectivamente realizado, los controladores del holding negaron que el documento “Estadísticas comunales de empresas por tramos de la Región Metropolitana”, se hubiese utilizado. Además, el pago de este informe es uno de los puntos que el fiscal Carlos Gajardo envió al Servicio de Impuestos Internos con una serie de otros testimonios y facturas que daban cuenta de pagos irregulares vinculados a campañas políticas.
El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, ha insistido en su inocencia. “Yo lo he dicho reiteradamente, aquí se trata de un estudio que se hizo, que se vendió a esta empresa, todo de manera correcta y legal”, ha señalado cada vez que le han preguntado por el estudio “Estadísticas comunales de empresas por tramos de la Región Metropolitana”, documento por el que Penta pagó 4 millones de pesos a la Fundación Ciudad Justa, creada por Undurraga.
Sin embargo, de acuerdo a las declaraciones de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín entregadas ante los fiscales que llevan el caso, un cercano al ministro golpeó sus puertas para pedirles aportes debido a que había terminado con deudas de campaña la carrera al Senado que no ganó. No sólo eso, los ejecutivos de Penta –según relatan fuentes ligadas a la causa–, ante la pregunta del fiscal Gajardo de si habían utilizado el estudio, señalaron que éste no se había usado.
El pago de este estudio es el último punto que destacó el fiscal Carlos Gajardo en el informe que le hizo llegar al Servicio de Impuestos Internos (SII), hace dos meses, acompañado de testimonios clave relacionados con la campaña de Pablo Zalaquett que daban cuenta de pagos de Soquimich, Ripley y CorpBanca, entre otras empresas.
[cita]De acuerdo a las declaraciones de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín entregadas ante los fiscales que llevan el caso, un cercano al ministro golpeó sus puertas para pedirles aportes debido a que había terminado con deudas de campaña la carrera al Senado que no ganó. No sólo eso, los ejecutivos de Penta –según relatan fuentes ligadas a la causa–, ante la pregunta del fiscal Gajardo de si habían utilizado el estudio, señalaron que éste no se había usado.[/cita]
Mario Livingstone (DC), vicepresidente de asuntos corporativos de Andes Iron, es quien habría hecho el vínculo entre el holding y el ex alcalde de Maipú, al poner en contacto a la Fundación Ciudad Justa con el asesor de Penta y ex senador UDI Carlos Bombal. Incluso, éste habría enviado correos a Hugo Bravo pidiendo no olvidar “los pendientes con Undurraga”.
Según la declaración que Hugo Bravo dio a la Fiscalía el pasado 6 de noviembre, en un mail que le envió el 26 de enero del año pasado, “Carlos Bombal señaló que Mario Livingstone es un gran amigo de Carlos Délano, que está contratado por Andes Iron para convencer a las comunidades aledañas a la mina Dominga y al puerto de que es una buena cosa para la comunidad y que no se opongan al proyecto. Carlos Bombal es además director de Andes Iron. Por ello Carlos Bombal me solicita esta contribución a Alberto Undurraga por un compromiso que tenía Mario Livingstone con él. El correo que me envían es justo cuando ya habían designado a Alberto Undurraga como Ministro de Obras Públicas. Entiendo que no hay otros aportes a Undurraga para su candidatura”.
En esta declaración, Bravo agregó que “nunca vi ningún informe que hubiera hecho Ciudad Justa para Penta”.
La sede de la Fundación Ciudad Justa, que recibió un depósito de $ 4 millones de parte de Empresas penta S.A., está registrada según el Registro Civil en la calle Teniente Luis Cruz Martínez 511, en Pudahuel. Pero en esa dirección funciona la botillería “Los Bananas”, no la fundación creada por el ministro Undurraga en diciembre de 2012.
El día 28 de diciembre de ese año, se definió la directiva de la Fundación, que quedó conformada por Undurraga y el psicólogo Ignacio Corcuera, asesor directo del ministro desde que asumió la cartera a través de un contrato a honorarios por $3.200.000.
En comentarios de pasillo, en el Gobierno ayer coincidían en que la situación de Undurraga es políticamente compleja y lo deja “en un muy mal pie”.
