El organismo acotó periodo a julio de 2009 y levanta sospechas
A comienzos de este mes el ente fiscalizador presentó una querella en contra del ex subsecretario Pablo Wagner y su cuñada, María Carolina de la Cerda; una acción judicial que llevó a que las oficinas de Soquimich fueran allanadas y se incautaran computadores. Aunque para algunos cercanos a la causa esta acción podría comenzar a vincular a más empresas al caso Penta, para otros no lo es tanto, porque al restringir el año de búsqueda se deja fuera un periodo relevante.
El viernes pasado, el fiscal de Alta Complejidad de la Zona Oriente, José Antonio Villalobos, llegó hasta las oficinas de Soquimich, en Los Militares 4290. La diligencia respondía a la querella que el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó el 9 de enero contra el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y su cuñada María Carolina de la Cerda, por eventuales delitos tributarios.
Aunque la acción abrió la puerta para investigar a otras empresas que podrían haber utilizado los mecanismos irregulares de Penta para financiar la política, hay quienes también lo interpretaron como un portazo. Esto, porque el organismo presentó una querella y luego la reingresó. Si bien la primera acción judicial pedía revisar toda la documentación contable de los años comerciales 2009 a 2014, posteriormente el SII hizo una rectificación que acotó el período a julio de 2009. Es decir, dejaba fuera un tiempo importante de campaña política.
Aunque en el SII no se refirieron a este tema, fuentes al interior del organismo defienden el criterio. Señalan que se han pedido diligencias para comprobar los hechos respecto de los cuales presentaron la querella y no otros. “No podríamos pedir diligencias de investigación sobre hechos que no conocemos. Por eso se piden los antecedentes de años y meses específicos para cada caso en que se emitió la boleta ideológicamente falsa”, comenta una fuente.
Al interior del SII también señalan que el organismo no se ha querellado ni denunciado a esas empresas, por eso la investigación no está dirigida en contra de ellas sino de comprobar el registro de los documentos de los que se dispone para acreditar el delito. Incluso, podría darse que esas empresas no hayan incorporado esas boletas a su contabilidad, por lo que finalmente no habría irregularidad tributaria.
Sin embargo, las suspicacias apuntan a que el SII no ha movido aún los hilos suficientes para poder investigar a otras empresas directamente. Según fuentes cercanas al organismo, la respuesta técnica del SII es solo un volador de luces. «La línea es clara: dejaron fuera el período de campaña».
[cita]Sin embargo, las suspicacias apuntan a que el SII no ha movido aún los hilos suficientes para poder investigar a otras empresas directamente. Según fuentes cercanas al organismo, la respuesta técnica del SII es solo un volador de luces. «La línea es clara: dejaron fuera el período de campaña».[/cita]
Las mismas fuentes señalan que desde diversos sectores «se dice que Ponce Lerou –dueño de Soquimich– fue muy generoso con la Nueva Mayoría», apostando a que mejoraría su complicada situación por el Caso Cascadas, por lo que la acotación de la fecha para investigar se lee como «que quieren radicar el tema en Wagner y no salirse de eso. El fiscal tiene amplios poderes para investigar, pero de esta forma le acotaron el tiempo. No puede investigar el período de campaña de la última elección. Porque si le abren la puerta a Gajardo se va a meter de cabeza, tomando en cuenta lo meticuloso que es, va a dar vuelta todo y aparecerán nuevos personajes».
Una de las excusas al interior del SII para acotar el período de la querella es que esto se debe a que el organismo no podría pedir que se investiguen hechos que no conoce; sin embargo el SII tiene en su poder –desde noviembre pasado– un informe del fiscal Carlos Gajardo donde éste adjuntaba una serie de testimonios y facturas que daban cuenta de que eventuales pagos irregulares vinculados a campañas políticas no solo estaban relacionados con empresas Penta.
La convicción del fiscal se instaló después de las declaraciones que recogió la Fiscalía en el entorno de Pablo Zalaquett; declaraciones que dieron origen al informe que Gajardo envió al SII para que denunciara o se querellara por estos hechos.
En mayo de 2013, la consultora Pecadokapital (Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL) –según consta en el informe– debió facturar a nombre de Sociedad Química y Minera de Chile S.A. Los servicios eran para la campaña de Pablo Zalaquett y mediante esta vía se entregaron 5 facturas por 3 millones y medio de pesos cada una. La última factura en el período de campaña fue a nombre del mismo Zalaquett, por 5.250.000, con fecha 14 de noviembre de 2013.
Otro de los testimonios clave da cuenta de la existencia de más empresas ligadas a la entrega de dineros para campañas políticas.
El periodista Iván Correa, de la consultora en estrategias de comunicación y tecnología Reactor Spa, señaló que las primeras facturas que se hicieron –por una asesoría digital completa– fueron a nombre de la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (Soquimich), a petición de la jefa de campaña de Zalaquett, Coca de Castro. A Soquimich se le hicieron tres facturas por 2,5 millones cada una, por los servicios que se enmarcaban en la campaña del referido Pablo Zalaquett, aunque no hubo servicio alguno que se le prestara a esa compañía.
El documento de Gajardo fue despachado el 14 de noviembre pasado.
