«Yo seré la primera en dar cuenta al país a partir de este nuevo estándar», dijo la Mandataria durante un acto en La Moneda en que firmó un instructivo sobre «buenas prácticas», que obliga a todas las autoridades de gobierno a declarar esa información en un plazo que expira a fines de abril.
La Presidenta Michelle Bachelet, acompañada por su gabinete ministerial, firmó esta mañana el instructivo que mejora los estándares de información que entregan los servidores públicos en sus declaraciones de patrimonio e intereses, oportunidad en la que aprovechó de anunciar el envío al Parlamento de un proyecto de reforma constitucional que obliga a los presidentes de la República a entregar esa información de por vida.
“Yo seré la primera en dar cuenta al país a partir de este nuevo estándar”, aseguró la jefa de Estado.
Respecto al instructivo detalló que «se establece que las declaraciones deben tener información completa y veraz sobre la totalidad de activos, pasivos e intereses de quienes las presentan. Además del contenido que actualmente estipula la ley, estoy solicitando que contemplen la totalidad de actividades profesionales y económicas de quien declara, remuneradas o no, en las que haya participado durante los dos años anteriores a asumir su cargo”, sostuvo la Jefa de Estado.
Durante la ceremonia efectuada en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, la mandataria manifestó que este informe también debe incluir la tasación fiscal y valor comercial de inmuebles y vehículos; la participación en comunidades, sociedades o empresas y el valor comercial de esos derechos. “Pero si además los derechos o acciones le permiten influir decisivamente en la administración de una sociedad, comunidad o empresa, deberá indicar bienes, derechos y acciones que pertenezcan a ella”, añadió.
En esta misma línea, explicó que la declaración de patrimonio debe transparentar los créditos o deudas a partir de cierta cantidad, con el monto y el nombre o razón social del acreedor, así como los depósitos y cuentas bancarias de funcionarios o autoridades, con los montos correspondientes.
Además, con este instructivo se amplía el universo de autoridades y funcionarios que deben presentar su declaración de patrimonio e intereses. Esto involucra a trabajadores contratados a honorarios en los ministerios, servicios o gobiernos regionales, sobre un monto de remuneraciones determinado.
A estos se suman quienes tengan cargos directivos en corporaciones, fundaciones con participación mayoritaria del Estado, así como los directivos de empresas y sociedades en las que el Estado participe con un capital mayoritario o en igual proporción que los otros socios.
También destacó que dicho instructivo abordará a la Dirección Sociocultural de la Presidencia, independientemente de si recibe o no remuneración.
Esta documentación deberá ser presentada antes del 30 de abril y se habilitará un sitio electrónico con datos abiertos para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda consultar las declaraciones de funcionarios y autoridades.
