Entidad ha revisado información tributaria de seis años del hombre fuerte de la UDI
Aunque el órgano recaudador no se refirió al caso, fuentes vinculadas a la investigación aseguran que el Servicio de Impuestos Internos le sigue los pasos de cerca al coronel gremialista. Sobre los escritorios del servicio estaría la información que permitiría convertirlo en uno de los primeros políticos emblemáticos –después de Pablo Wagner– perseguidos con una acción penal.
Jovino Novoa no sólo está en el vórtice del huracán dentro de su propio partido, la UDI, donde su estrategia de no admitir irregularidades en medio del caso Penta-SQM ha llevado a la polarización de varios dirigentes del gremialismo. También sería –según fuentes cercanas a la investigación– uno de los nombres al que el Servicio de Impuestos Internos (SII) le pisa los talones más de cerca, en relación a políticos investigados.
Según fuentes ligadas a la investigación, en los escritorios del SII descansa hace varias semanas información contable de al menos 6 años atrás y eventualmente sería uno de los primeros nombres contra los que el organismo presentaría acciones penales.
La segunda querella presentada por el SII por el caso Penta, en febrero pasado, incluyó dos facturas por $5 millones cada una de Inversiones y Mandatos, sociedad constituida por Jovino Novoa en 1987 junto a Carlos Olivos, ambos fundadores del estudio Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz; hoy Guerrero y Olivos.
En enero pasado, Novoa dejó el estudio en medio del escándalo. Al ex senador le quedaban tan solo unos meses para cumplir 70 años y retirarse el 31 de marzo. De acuerdo al estatuto interno, Novoa pasaría a ser socio honorario, lo que significa no participar en el reparto de utilidades. Hacer pública su renuncia el 7 de enero, luego que se conocieron los expedientes del Caso Penta, fue una decisión de Roberto Guerrero Valenzuela, socio y gerente general de la firma, según explicaron fuentes consultadas por El Mostrador. La mayoría de los socios se encontraba de vacaciones y no se enteró de lo que iba ocurrir.
El breve comunicado de un párrafo, subido a la página web del estudio, informaba que Novoa haría uso del derecho de los socios a renunciar cuando cumplen 70 años. No hubo reconocimiento alguno a su trayectoria en la oficina de abogados, a la que ingresó en 1985, cuatro años después de su fundación. Ejerció activamente hasta 1997, cuando fue elegido senador por Santiago Poniente, luego de lo cual fue reelegido por un segundo período en 2005.
[cita] Según fuentes ligadas a la investigación, en los escritorios del SII descansa hace varias semanas información contable de al menos 6 años atrás y eventualmente sería uno de los primeros nombres contra los que el organismo presentaría acciones penales.[/cita]
La información de su renuncia se vinculó al caso Penta.
Son varios los testimonios que maneja el Ministerio Público que involucran a Novoa con boletas truchas en este caso.
Entre ellos el del ex gerente de Penta y ex mano derecha de los Carlos, Hugo Bravo, que explicó los movimientos de Novoa para obtener financiamiento a través del holding. “La factura 677 y 679 de Inversiones y Mandatos, de fechas 10 y 17 de junio de 2013, por 2,5 y 5 millones de pesos, corresponde a una factura que se dio para la candidatura de Ena von Baer. Al reverso anoté con mi letra que reconozco JN, que significa Jovino Novoa, por cuanto siempre Jovino Novoa conseguía facturas de esa empresa, incluso en las campañas anteriores en las que se colaboró (…). Esas facturas son para candidatos de la UDI, que recolectaba Jovino Novoa, no solamente para Ena von Baer”.
El propio Carlos Eugenio Lavín afirmó en su testimonio que entregaban recursos a Jovino Novoa. “Pero los dineros que pedía no eran para él sino que para candidatos afines de él. De hecho él no estaba en campaña. Yo lo que pienso es que Jovino facilitaba las facturas de Inversiones y Mandatos para otros candidatos. Inversiones y Mandatos no prestó servicios para Empresas Penta que yo sepa”.
En tanto, la secretaria del ex estudio del coronel UDI, Bernardita Chamorro, declaró que era una práctica habitual que Novoa le “dictara” boletas que iban dirigidas a la empresa de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano.
Con este fin utilizaban tres talonarios: uno de la sociedad Inversiones y Mandatos, otro de una ejecutiva de turismo de Cocha, Teresa Riera y uno del abogado independiente del ex estudio de Novoa, Carlos Lira.
“Así entonces paulatinamente el señor Novoa me solicitaba emitir boletas, dando instrucciones verbalmente informando los datos, la emisión como monto, fecha y glosa”, aseguró la secretaria.
Pese a todo, Novoa ha negado en todo momento cada uno de los antecedentes. Incluso, cuando se conocieron las primeras acusaciones, mediante filtraciones en la prensa, fue tajante: “La publicación en lo que se refiere a mi persona es absolutamente falsa. No existe ni ha existido un sistema de financiamiento ilegal para la UDI. Yo jamás he participado en ningún financiamiento que no esté de acuerdo a la ley de financiamiento de los partidos y jamás he actuado en forma ilegal en mi vida”. De paso, acusó a Bravo de calumnias, anunció querellarse y criticó las filtraciones.
En una entrevista dada a El Mercurio en marzo pasado, arremetió directamente contra la Fiscalía, señalando que la investigación “es ideológicamente falsa porque ha vulnerado el espíritu de la ley con un aparente ánimo justiciero. El show mediático no ha respetado la presunción de inocencia y ha pasado por encima de la dignidad de las personas y del debido proceso. Es ideológicamente falsa porque se han usado resquicios y filtraciones. Y porque la búsqueda de la justicia es incompatible con agendas políticas o un excesivo afán de figuración. Y a pesar de ser este un problema sistémico, creo que hay un propósito evidente: tratar de destruir a la UDI”.
Esta semana el nombre de Jovino volvió al ruedo; esta vez por la declaración de la histórica periodista del partido, Lily Zúñiga, quien el lunes declaró ante el fiscal Emiliano Arias por la arista SQM.
La periodista, que renunció al cargo en junio del año pasado, aparece en una lista de más de 60 nombres ligados a la UDI que presentan boletas o facturas denunciadas por el SII y que hoy son investigadas por el Ministerio Público. Zúñiga figura con dos boletas, emitidas en octubre y noviembre de 2012, por un total de 6.888.889 de pesos.
Según aseguró a CNN su abogado, Jaime Silva, esta era “una práctica habitual en el partido”. Además, los documentos habrían sido gestionados por el mismo Jovino Novoa. Silva agregó que las boletas corresponderían a “asesorías comunicacionales que jamás prestó, sabiendo que en definitiva estos dineros nunca pasaron por ella, jamás. Fueron destinados al financiamiento de campañas o al financiamiento del partido mismo”.
