Desde 2002 a 2012 el senador DC aparece cuestionado por sus votaciones en el sector
En las ocasiones en que se ha legislado sobre esta materia en los últimos años siempre ha sido apuntado con el dedo por el estrecho vínculo que tienen él y su familia con el grupo que es uno de los principales controladores de la pesca chilena.
El vínculo de Andrés Zaldívar con el grupo Angelini tiene una larga historia. Durante el año 2002, cuando se actualizó la Ley de Pesca, el entonces presidente de la Cámara Alta fue cuestionado por la relación comercial que tenía él y su hermano, Adolfo Zaldívar, con la empresa pesquera Eperva, la más importante del grupo Corpesca, del consorcio Angelini. La denuncia contra los hermanos Zaldívar provino del ex candidato a la Presidencia de la República, Marcel Claude, quien en ese momento dirigía la Fundación Terram.
El economista, dos años antes de la tramitación de la Ley de Pesca, sacó a la luz pública las acciones en Eperva que tenían los senadores Zaldívar y que complicaban su posición como legisladores en la materia. Los títulos en la pesquera de Andrés y Adolfo sumaban el 1,1% del total de la empresa, pero, además de ellos, cuatro hermanos y dos familiares cerraban la participación económica del clan Zaldívar en la pesquera.
La relación de Andrés Zaldívar con la empresa del grupo Corpesca se inició en 1993, cuando el senador junto a su hija y su esposa compraron títulos en la entidad; posteriormente, en el año 2001, compraron acciones Alberto Zaldívar Larraín, Javier Zaldívar Larraín, Gonzalo Zaldívar y Guadalupe Zaldívar. Además el hermano de los parlamentarios, Felipe Zaldívar, era presidente de Eperva, pesquera del grupo.
En septiembre de 2001, Andrés Zaldívar, pese a su participación en Eperva, presentó una moción para que se aplicaran los Límites Máximos de Captura de Armador de la Ley de Pesca en la I y la II regiones del país. En respuesta a la propuesta del senador, el Fiscal Nacional Económico emitió un informe que decía que, en el caso de aceptarse la proposición, se “daría una posición dominante, de carácter monopólico, al grupo Angelini”.
La acusación de Claude tuvo repercusiones en ese momento y el ex senador Nelson Ávila y el actual senador Alejandro Navarro (MAS) solicitaron, en ese entonces, la inhabilitación de Andrés Zaldívar junto con la de su hermano, Adolfo, en la votación de la Ley de Pesca en ese entonces. Marcel Claude fue más allá de los parlamentarios y emplazó al senador diciendo que su actuar constituía un “caso de corrupción”, lanzando duras declaraciones en el programa televisivo ‘El Termómetro’, que transmitía Chilevisión. El ex candidato presidencial reclamaba que a los pescadores artesanales se les estaba concediendo una cuota mínima de 1,6% de captura de jurel, mientras que a los grandes grupos se les estaba otorgando un 98,4%.
Ante las presiones, Andrés Zaldívar se decidió por vender las acciones en Eperva, declarando: “Prefiero mi tranquilidad personal a estar sujeto a la maledicencia de algunos malintencionados» y agregó que “no tenía conflictos de interés con Eperva”, pues argumentó que el bajo porcentaje de los títulos que poseía en la entidad, no le permitía ser «dueño de ningún negocio o empresa, sino que era una forma de ahorro». Los Zaldívar terminaron votando a favor de la ley y Andrés se querelló contra Claude por injurias, querella que finalmente terminó con este absuelto por los tribunales.
Los cuestionamientos a Andrés Zaldívar no terminaron el año 2002. Cuando en 2012 se tramitó la actual Ley de Pesca, según los datos de la SVS, su hermano, Manuel Zaldívar Larraín, era director de Corpesca (del grupo Angelini) y su sobrino, Felipe Zaldívar aparecía como gerente comercial de la misma empresa. Esta situación les pareció inaceptable a los pescadores artesanales y el Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile ha iniciado una campaña de recolección de firmas para derogar la Ley de Pesca que se ha sumado a una campaña comunicacional en contra de los senadores y diputados que se han visto involucrados con las grandes pesqueras.
A estas críticas se le sumaron las del diputado independiente Sergio Aguiló: “El senador Andrés Zaldívar faltó gravemente a la probidad cuando aprobó –y no se abstuvo como lo hicieron dos senadores de derecha– la llamada ‘Ley Longueira’ o Ley de Pesca, que entregó derechos perpetuos del mar chileno a las siete familias más ricas del país, teniendo graves conflictos de interés, al contar con familiares dueños de empresas pesqueras. El senador Zaldívar hoy miente descaradamente para seguir defendiendo sus intereses”.
Además de Andrés Zaldívar, los parlamentarios UDI, Jovino Novoa, Alejandro García Huidobro, Jorge Ulloa y la ex diputada Mónica Zalaquett, también han sido cuestionados por las relaciones comerciales y familiares que mantenían al momento de tramitar la Ley de Pesca con empresas del ámbito pesquero.
En agosto del año pasado, el Consejo de Defensa del Estado, interpuso una querella en contra de la ex diputada Marta Isasi, por delitos de cohecho y soborno que involucran también a su ex asesor Georgio Carrillo y el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica.
La querella se formuló luego de que el ex asesor de Isasi, Giorgio Carillo, revelara que la empresa del grupo Angelini, Corpesca, le había entregado 25 millones de pesos a la diputada gremialista para financiar su campaña política. Asimismo, el diputado PC, Hugo Gutiérrez, junto al Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile (Condepp) presentaron una querella en el Cuarto Juzgado de Garantía en contra de los senadores Fulvio Rossi (PS), Alejandro García Huidobro (UDI), Antonio Horvath (independiente), Carlos Bianchi (independiente) y al ex senador Hosaín Sabag (DC) por la supuesta recepción de $500 millones de Corpesca. La iniciativa nació a raíz de una denuncia pública que hizo el ex senador Nélson Ávila.
En los recientes episodios de financiamiento irregular de la política, Andrés Zaldívar apareció con boletas emitidas a Aguas Andinas desde 2006 (cuando dejó de ser ministro del Interior), hasta que ganó un cupo senatorial en 2010. Al respecto, señaló que se trataba de asesorías por informes legislativos.
