Mauricio Daza, abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente:
Se viven momentos intensos en la Fiscalía Oriente. Ayer se dio a conocer la decisión de reasignar la causa de Corpesca -que tiene en el ojo del huracán al senador Jaime Orpis (UDI)- al fiscal Manuel Acuña, dejando fuera de la indagatoria a los fiscales Carlos Gajardo y José Antonio Villalobos. Una jugada que deja con el mando de la investigación al fiscal Alberto Ayala. Sin embargo, este trabajó por más de diez años como asesor de SQM, empresa a la que una de las asesoras de Orpis, investigada en este caso, emitió boletas. Para el abogado del equipo jurídico de Ciudadano Inteligente “Ayala no da garantías de objetividad e imparcialidad en el contexto investigaciones que involucren a SQM”.
Al mediodía de hoy el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, se reunirá con el fiscal Carlos Gajardo, donde éste presentará su renuncia después que fuera marginado de la causa Corpesca, la que queda a partir de ahora en manos del fiscal Manuel Acuña, pero también del Fiscal Regional de la zona oriente, Alberto Ayala.
Este hecho despierta más de un resquemor, según algunos abogados intervinientes en la causa. Es también lo que piensa Mauricio Daza, parte del equipo jurídido de la Fundación Ciudadano Inteligente.
-Una de las asesoras del senador Orpis, Carolina Gazitúa, que está siendo investigada por pagos irregulares de Corpesca, también ha emitido boletas a la minera de Julio Ponce Lerou en el caso llamado Penta-SQM. El fiscal Alberto Ayala fue asesor durante más de diez años de esa empresa y ya se inhabilitó anteriormente. ¿Debiera inhabilitarse en este caso también?
-El fiscal Alberto Ayala no da garantías de objetividad e imparcialidad en el contexto investigaciones que involucren a SQM, donde él trabajo por más de una década. La inhabilitación que él mismo señaló respecto de las otras aristas que se están investigando, que involucran un masivo y fraudulento aporte ilícito a campañas políticas de diversos sectores por parte de la empresa del ex yerno de Augusto Pinochet, debiese extenderse en la práctica a la situación de Corpesca. Esto, ya que existen antecedentes de que el senador Orpis, a través de asesores también podría haber sido financiado por esa minera.
[cita]Esto huele muy raro y se trata de actuaciones que en la práctica van a afectar el debido desarrollo de este proceso y se realizan por parte de alguien que va a estar en tres meses más fuera del Ministerio Público, que es el Fiscal Nacional Sabas Chahuán[/cita]
Además, no tiene una explicación razonable que se le entregue una causa compleja a un fiscal que no tiene experiencia consistente en causas económicas de alta complejidad. Menos aún si para hacerlo se le quita esta causa a un equipo de indagación que ha demostrado su competencia respecto de este tipo de materias.
-¿El fiscal Ayala tiene un conflicto de interés en el caso de Corpesca?
-Él lo ha manifestado directamente, sin perjuicio de que no ha logrado actuar de forma consistente respecto de esta materia. Fue abogado de la empresa SQM y defendió los intereses tanto de esa compañía como de Julio Ponce Lerou durante más de una década. Desde esa perspectiva, obviamente, él no está en una posición de dar garantías de objetividad respecto de una causa compleja en la cual está involucrada esa empresa. Y esto es sin contar la circunstancia de que el fiscal Ayala jamás ha litigado una causa económica compleja, ni ha llevado la dirección de una indagación de esta naturaleza. Por lo tanto, no solo tiene un conflicto de interés sino que tampoco las competencias objetivas para llevar una causa como esta.
No se explica cómo se le quita esta causa al equipo del fiscal Gajardo y se le entrega al equipo del fiscal Acuña. Menos aún se explica que en la resolución que concreta el cambio se señale que el fiscal acuña le tenga que dar informes directos al fiscal Ayala en esta materia. Estamos frente a una actuación que, a mi juicio, es muy equivalente a la que vimos durante el mes de febrero, donde abruptamente se le pretendió quitar la causa de Penta al equipo del fiscal Gajardo sin existir ninguna razón consistente para aquello. Es una situación preocupante y puede dar pie a toda clase de conjeturas, si se considera que justo esto ocurre cuando aparece mencionado el grupo Angelini involucrado en actuaciones irregulares y en un contexto en el cual ese sabido de que ese grupo es cercano a la Nueva Mayoría y quizás fue mencionado por el señor Martelli en sus declaraciones, donde el fiscal Gajardo también fue excluido.
-¿Es posible que las defensas puedan definir quién será quien los investigue?
Es muy curioso que se acceda a esta petición. No parece razonable que se cambie un equipo altamente especializado en materia de irregularidades vinculadas a ilícitos económicos y se reemplace con un fiscal que no tiene ese competencia. Uno puede pensar que este cambio podría tener una justificación si el fiscal Gajardo tuviese una sobrecarga de trabajo que le impida asumir las causas de buena manera, pero eso sólo sería una explicación razonable si se plantease así y si se asignara en su reemplazo a un equipo que tenga la misma competencia y experiencia en este tipo de causa. Pero no es así. Se le asigna al fiscal Acuña, que no tiene las competencias y además se establece que va a estar sometido al control del fiscal Ayala, en un contexto donde no sólo aparecen aportes ilícitos de Corpesca relacionados con el senador Orpis sino que también con SQM, donde el fiscal Ayala trabajó más de una década. Esto huele muy raro y se trata de actuaciones que en la práctica van a afectar el debido desarrollo de este proceso y se realizan por parte de alguien que va a estar en tres meses más fuera del Ministerio Público, que es el Fiscal Nacional Sabas Chahuán.
