La semana pasada abogados del senador UDI Jaime Orpis pidieron cambiar de persecutor
La investigación que tiene en el vórtice del huracán a Orpis, saldrá de las manos de Carlos Gajardo. Por decisión del fiscal jefe de la zona oriente, Alberto Ayala, la causa será reasignada a Manuel Acuña, quien antes fue abogado asesor de Ayala. En un comunicado, la Fiscalía explicó que esta es la respuesta ante un requerimiento de la defensa del parlamentario gremialista. Sin embargo, quienes conocen de cerca la causa, señalan que la decisión es parte de un nuevo round en la tirante relación de Gajardo con Ayala. Por esto y por su marginación de los interrogatorios a Giorgio Martelli, es que Gajardo evalúa su renuncia
La semana pasada, la defensa del senador Jaime Orpis ingresó cuatro peticiones al Ministerio Público. En este orden, se leían así: que la causa la asumiera el Fiscal Nacional; que si esa petición no era aceptada, se optara por un segundo paso: que la causa fuera asignada al Fiscal Regional, Alberto Ayala; como tercera opción –si las anteriores se rechazaban– pedían que la causa fuera enviada a la Fiscalía de las Condes; y, en cuarto lugar, que no la tramitara el fiscal José Antonio Villalobos y se la entregaran a otro fiscal.
Sin embargo, como el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, rechazó los dos primeros puntos -que eran de su ingerencia- el jefe de la Fiscalía Regional Oriente, Alberto Ayala, tomó, como parte de sus atribuciones, la decisión de acceder al último punto de los abogados y reasignó la causa al persecutor Marcelo Acuña, en una movida que deja fuera de la causa Corpesca a los fiscales José Antonio Villalobos y también a Carlos Gajardo. “A Ayala sólo le faltaba un motivo para dejar fuera a Gajardo”, comentan fuentes cercanas a la investigación.
Hace un par de semanas Acuña fue nombrado en Alta Complejidad. Es cercano a Ayala, ya que fue su abogado asesor en la Fiscalía Regional que encabeza, lo que hace que la causa esté ahora completamente en manos de Ayala, convirtiendo el escenario en un segundo round de la reciente rencilla entre Gajardo y Ayala.
Según comentan fuentes ligadas a la investigación, la molestia de algunos fiscales y del propio Gajardo fue evidente. No sólo porque Chahuán no se habría hecho cargo del caso Corpesca –lo que posibilitó que este finalmente cayera en manos de Alberto Ayala, con quien tiene una antigua y tensa relación-. También porque esto se suma a un malestar que Gajardo venía incubando desde los interrogatorios a Giorgio Martelli, el recaudador de la Nueva Mayoría, del que fue marginado –junto a otros fiscales adjuntos- a tal punto que en el segundo interrogatorio, los persecutores no sabían dónde estaba declarando Martelli.
Por eso, durante la jornada de este martes pidió una reunión con Chahuán; una cita que se concretará este miércoles y en la cual, lo más probable, es que presente su renuncia; una decisión que –según fuentes del Ministerio Público- ha estado reflexionando durante toda la jornada.
En un documento de respuesta a la petición de los abogados de Orpis, Ayala escribió haciendo alusión a la filtraciones a la prensa: «El fundamento de todas las peticiones, vale decir, tanto aquellas ya resueltas por el señor Fiscal Nacional como las que han sido derivadas por éste para que se pronuncie este Fiscal Regional se fundan en el concepto de debido proceso y especialmente en las filtraciones de información de la carpeta que nos ocupa».
Para muchos, dejar fuera del caso Corpesca a Gajardo es una pasada de cuentas de Alberto Ayala, ya que ambos mantienen una “difícil” relación desde hace meses, cuyo punto más álgido fue en febrero.
El miércoles 18 de ese mes, la Fiscalía Nacional informó que reordenaba la investigación del caso Penta, dirigiendo la totalidad de lo relacionado con Soquimich (SQM) –del empresario Julio Ponce Lerou– al Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, y entregando el mando de todo el resto de la investigación a Ayala, acotando así el poder de Gajardo en la indagatoria.
Antes de este movimiento, el fiscal adjunto de la causa era Gajardo, en su calidad de persecutor de delitos de alta complejidad. Él tomaba las decisiones clave, como a quién citar a declarar, dónde poner el foco de la investigación y hacia dónde dirigirla.
Pero ese día el mapa de poder cambió. En el comunicado oficial de la Fiscalía, se indicaba que los antecedentes del ‘caso Penta’ “pasarán a ser investigados por el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala, con el apoyo del equipo de Fiscales adjuntos de la Fiscalía de Alta Complejidad”. La frase dejó en evidencia que el mando de Gajardo se reducía y que sería solo un colaborador.
El punto más revelador del nuevo orden que se imponía sobre el ‘Caso Penta’ fue que el fiscal Gajardo llegó a considerar su renuncia. Según publicó La Segunda, Gajardo ya intuía que esta decisión era cuestión de tiempo y que, en ese contexto, decidió adelantarse y «tirar el mantel» difundiendo los avances de la investigación en torno a SQM. Pero también se informaba que Gajardo consideró la posibilidad de renunciar a su cargo. Esto pese a que él negó que le hayan quitado apoyo y defendió la transparencia de la investigación.
El movimiento de Ayala fue interpretado como un “golpe blanco” al fiscal Gajardo. Entonces era comentario en los pasillos de la Fiscalía Oriente el distanciamiento entre ambos. De acuerdo a fuentes internas, Gajardo era el único que no se “agachaba” ante Ayala.
Las versiones decían entonces que Ayala tenía un “dilema” con Gajardo por no poder “controlarlo” y no poder “sacarlo”, ya que es el fiscal “estrella”. Otras versiones apuntaron que el Fiscal Regional buscaba contar con mayor injerencia en la causa.
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Para muchos, dejar fuera del caso Corpesca a Gajardo es una pasada de cuentas de Alberto Ayala, ya que ambos mantienen una “difícil” relación desde hace meses, cuyo punto más álgido fue en febrero.
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La jugada se revirtió en menos de una semana. El 25 de febrero Sabas Chahuán, anunció un cambio de timón en la investigación del ‘Caso Penta’ que lleva a cabo el Ministerio Público. Chahuán dijo entonces que «todas las aristas» del caso pasarán a estar bajo su mando, y marcó un hito, ya que era primera vez que una investigación estaba bajo el liderazgo del Fiscal Nacional.
Sobre la reasignación dada a conocer ayer, desde la Fiscalía afirman, sin embargo, que corresponde a una decisión administrativa y descartan cualquier otra lectura. De acuerdo al comunicado oficial, “la causa continuará siendo vista por la Fiscalía de Alta Complejidad, donde estaba siendo tramitada por el fiscal José Antonio Villalobos, accediéndose a la reasignación de la indagatoria, recayendo el nombramiento en el fiscal Marcelo Acuña, de la misma dotación y quien es especialista en delitos económicos de la Fiscalía de Alta Complejidad.
Ayala es definido como una persona de personalidad fuerte, lo que lo ha llevado a tener férreos colaboradores, pero también detractores que se quejan de que con cada aparición pública, tras cada pieza de ajedrez que mueve, está su aspiración por llegar a la Fiscalía Nacional. Según las mismas fuentes, aspiraciones que no han desaparecido.
En octubre de este año se debe conformar la quina –por parte de la Corte Suprema– con los nombres propuestos para suceder a Chahuán. Esa nómina es enviada a La Moneda, donde la Presidenta Michelle Bachelet –como lo hizo el 2007 con el actual Fiscal Nacional– deberá escoger un nombre que proponer al Senado para su ratificación.
Los fiscales regionales pueden estar solo ocho años en sus cargos y no pueden ser reelegidos en el mismo lugar. En el caso de Ayala, se ha cambiado de zona antes de que venzan sus plazos: ingresó al Ministerio Público el año 2000, a cargo de la Región de Antofagasta, el 2007 se trasladó a la zona de Los Lagos y, el 2011, a la Metropolitana Oriente.
Ayala es, además, el “más político” de los fiscales, según comentan en el Ministerio Público, donde dicen que sabe manejarse políticamente, que “tiene muñeca” y una especial cercanía con el senador RN, Alberto Espina.
Participó en la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura de Augusto Pinochet y fue abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso.
En los 90 fue abogado durante años de Soquimich (SQM), por lo que se inhabilitó en la querella del SII contra Pablo Wagner, que involucra a SQM, y también lo hizo en el Caso Cascadas, que involucra al dueño de la minera y ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou. Un dato clave, pues a raíz de esa investigación se ha detectado una serie de boletas y asesorías para la precampaña presidencial de Michelle Bachelet y parlamentarios oficialistas y de oposición.
