Fuentes de la Fiscalía señalan que la pesquera se puede transformar en un nuevo SQM
Durante las últimas 36 horas lo sacaron del caso que investiga aportes irregulares del grupo Angelini a la política. Evaluó su renuncia. Y tiró el mantel. El Fiscal Gajardo aguó las intenciones del Fiscal Regional de la Zona Oriente, Alberto Ayala, de marginarlo del caso y apuntó a su relación con SQM donde fue abogado por 12 años. Un vínculo que puede resultar más complicado porque la arista comenzó a crecer y, por esta razón, lo más probable es que llegue a las manos de Sabas Chahuán.
Al mediodía de ayer, cuando el fiscal Carlos Gajardo –quien ha llevado adelante el caso Penta y todas sus aristas– se sentó a conversar con el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, no sólo desmintió los rumores que lo aludían sobre filtraciones a la prensa, sino también puso sobre la mesa un tema que podría impedir que sea el Fiscal Regional de la Zona Oriente, Alberto Ayala, quien se quede con la causa Corpesca; una jugada que nuevamente hace pasar a la delantera a Gajardo, echando por tierra las intenciones de Ayala de quitarle protagonismo en las aristas del caso que ha remecido a la política.
“Me parecía que había antecedentes que era importante que estuvieran en consideración para una mejor solución de esa decisión. Esos antecedentes, lo ha dicho previamente el Fiscal Nacional, dicen relación con que hay en esa investigación boletas también relativas a la empresa Soquimich, que por lo tanto puede generar algún tipo de inhabilidad en el fiscal Ayala, como es de público conocimiento”, señaló Gajardo al término de la cita, apuntando claramente al conocido vínculo de Ayala con Soquimich.
[cita] Aunque entró silenciosamente como una de las aristas del caso más bullado de maridaje entre política y negocios, Corpesca se perfila ahora como un nuevo SQM para la Nueva Mayoría. Es por eso que, aunque el fiscal Carlos Gajardo desmintió que su marginación de la causa lo hiciera renunciar, fuentes cercanas a la investigación confirman que, al menos, lo evaluó. [/cita]
En enero del año pasado y luego de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentara la acción en contra del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner y su cuñada María Carolina de la Cerda, Ayala decidió inhabilitarse parcialmente, debido a la relación laboral que lo unió a esa empresa por 12 años, cuando fue su abogado.
Fue ese mismo punto el que recordó Gajardo en la cita de ayer en la Fiscalía Nacional. Mientras ha avanzado la investigación y los aportes de Corpesca se han ido develando, han aparecido nombres “boleteando” no sólo para la empresa que controla el grupo Angelini, sino también para Soquimich.
Uno de aquellos es el de Carolina Gazitúa, asesora de Jaime Orpis. El parlamentario, entre 2008 y 2010, tres veces habría solicitado a Corpesca aportes financieros con distintos objetivos, según el testimonio del ex gerente general de la pesquera, Francisco Mujica, en sus declaraciones ante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.
Gazitúa emitió el 2010 una boleta a la minera no metálica por $3.355.011. Y no es el único nombre, según pudo confirmar El Mostrador.
Al interior de la Fiscalía Oriente se comenta que los “vínculos” entre el caso Corpesca y el de SQM son “inminentes” y que pasan por personas que realizaron informes para ambas empresas. En el Ministerio Público hay quienes tienen la certeza de que la empresa del grupo Angelini podría complicar tanto o más a la Nueva Mayoría de lo que la ha dañado SQM.
Lo más probable, según fuentes del Ministerio Público, es que sea el propio Chahuán quien tome la causa, porque es muy posible que Ayala deba inhabilitarse y Corpesca salga de la Fiscalía Oriente.
El punto que han criticado algunos al interior del Ministerio Público, es el de las filtraciones, uno de los dardos que lanzó el fiscal Ayala a Gajardo para sacarlo de la causa.
Fueron estos mismos argumentos de los cuales se colgó la UDI para criticar la labor del fiscal que ha llevado adelante el caso Penta-SQM.
El senador de la UDI Víctor Pérez lo expresó así: «Lo que hemos dicho es que cuando no está Gajardo, las cosas no se filtran, por ejemplo, nadie conoce las declaraciones de Martelli (…) se utilizan las filtraciones antes que los tribunales», dijo. Y sobre la petición de la defensa de Orpis, añadió: «Estas personas que están siendo investigadas tienen legítimo derecho a solicitar algo, como la Fiscalía de decir sí o no».
Porque fue justamente la defensa del senador más complicado en este caso, Jaime Orpis, la que pidió que la causa quedara en otras manos. “Es muy curioso que se acceda a esta petición. No parece razonable que se cambie un equipo altamente especializado en materia de irregularidades vinculadas a ilícitos económicos y se reemplace con un fiscal que no tiene ese competencia”, dijo el abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza.
Desde que la investigación de Ciper revelara los aportes financieros que Corpesca, empresa del grupo Angelini, realizó a la campaña electoral de 2009, entre ellos a la diputada Marta Isasi, el tema pasó a la justicia.
El 14 de mayo de 2013 la compañía pesquera anunció, mediante un comunicado, que “decidió aceptar la renuncia presentada por Francisco Mujica al cargo de gerente general de Corpesca S.A.”. El ex ejecutivo fue indagado por la Fiscalía y posteriormente llamado a declarar. En su testimonio, Mujica detalló el mecanismo con el que el senador UDI recibía fondos de la pesquera del grupo Angelini.
Entre 2009 y 2013, Lorena Lara, Carolina Gazitúa y Daniel Ortega emitieron boletas a la pesquera por montos entre $2 y $10 millones. Durante esos años los tres trabajaron como asesores de Orpis. Mujica dijo en su testimonio que estas personas no prestaron servicios a la empresa. También declaró que fue el senador quien, a fines de 2008, pidió una reunión con él en las dependencias de Corpesca en el norte de Chile.
Algunos de los puntos que tuvo la declaración de Mujica revelaron una serie de detalles sobre el método que el parlamentario gremialista utilizó para recibir los pagos, según publicó ese medio. Mujica dijo que los informes llegaron a la empresa, pero que no eran necesarios, que nunca conoció a los asesores y que era el propio senador quien enviaba o llevaba personalmente las boletas.
El ex ejecutivo del grupo Angelini señaló también que en un comienzo se le entregaba un monto variable a Orpis, pero que luego se fijó en $2 millones mensuales. Finalmente, declaró que este sistema se mantuvo hasta mayo de 2013, mes en el que él dejó la pesquera.
A fines de ese mes, el senador UDI, a través de una carta, admitió que obtuvo dinero desde la empresa del grupo Angelini y lo justificó en el hecho de no tener recursos personales. Pero negó “categóricamente que ello haya influido en la manera en que ha votado y actuado en su vida parlamentaria”. Descartando así el delito de cohecho y diciendo que “no me he enriquecido con la política, sino al revés».
Desde entonces el gremialismo cuadró líneas con su senador y realizó una serie de esfuerzos comunicacionales orientados a instalar el concepto de irregularidades administrativas y respaldar la versión de Orpis. Esta se sostiene en que los aportes mensuales de Corpesca no incidieron en sus votaciones. Sin embargo, en su trabajo parlamentario favoreció varias veces a la pesquera del grupo Angelini, incluida su votación en la polémica Ley de Pesca.
Aunque entró silenciosamente como una de las aristas del caso más bullado de maridaje entre política y negocios, Corpesca se perfila ahora como un nuevo SQM para la Nueva Mayoría. Es por eso que, aunque el fiscal Carlos Gajardo desmintió que su marginación de la causa lo hiciera renunciar, fuentes cercanas a la investigación confirman que, al menos, lo evaluó.
