Entidad estatal rechaza conciliación propuesta por árbitro en la disputa
La decisión quedó reflejada en un documento al que tuvo acceso El Mostrador y que recibieron todos los consejeros antes de votar el rumbo por el que optaría Corfo. Si bien el 9 de julio está programado un comparendo al que deben asistir ambas partes, donde el árbitro preguntará si aceptan la conciliación, la respuesta de Corfo quedó definida hace una semana.
En el más completo sigilo, el jueves de la semana pasada se marcaba un importante capítulo en el conflicto que enfrenta a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) en un arbitraje contra una de las empresas más cuestionadas del momento: SQM.
Conflicto que tiene en la mira los contratos de arriendo de las pertenencias mineras que la estatal mantiene desde 1993 con la compañía controlada por Julio Ponce Lerou, a través de diversas sociedades.
En términos simples, Corfo es la dueña de las 28.054 pertenencias mineras en el Salar de Atacama, en la Región de Antofagasta, que arrienda a SQM bajo el amparo de dos contratos, que le permiten explotar hasta 2030 los minerales contenidos en el salar –principalmente cloruro de potasio en cualquiera de sus formas comerciales, ácido bórico y productos de litio– y que se estima representan entre un 60% y un 75% de las ventas de la compañía, que el 2014 registró utilidades por US$ 296,4, un recorte de 36,5% respecto del ejercicio anterior.
Situación que –según fuentes del sector– no es menor, ya que deja en evidencia que “SQM es un gigante con pies de barro”.
Ese día, y por unanimidad, el consejo directivo de Corfo rechazó la conciliación propuesta por el árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, Héctor Húmeres, que sugería un perfeccionamiento del contrato entre las partes, así como que SQM pagara una suma única y total de 17,1 millones de dólares de forma diferida hasta 2018, como compensación por el incumplimiento del acuerdo que acusa Corfo.
[cita] La demanda de la corporación estaba dirigida al contrato de arrendamiento, lo que se interpreta como que Corfo afina su puntería hacia matar todos los vínculos que mantiene con la empresa minera en el Salar de Atacama. Una estocada al corazón del negocio de la sociedad. Todo, luego de una seguidilla de escándalos que involucran a la minera en conflictos judiciales, entre los que se cuentan los casos Cascadas y Penta-SQM, que incluso le han valido demandas colectivas desde Estados Unidos y una auditoría independiente para la Securities and Exchange Comission (SEC). [/cita]
Como la propuesta no dejó conforme a la corporación estatal –cuyo consejo directivo está presidido por el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, junto a los ministros de Hacienda, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Agricultura, además del vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, y el representante del Presidente de la República, Rafael Guilisasti–, se optó por continuar, hasta la dictación del fallo, con el procedimiento iniciado a partir de una demanda arbitral interpuesta en mayo del año pasado contra SQM Salar –filial de SQM que realizó pagos al recaudador de campaña de Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, a través de su empresa Asesorías y Negocios SpA–, bajo el argumento de que SQM incumplió con el contrato al no pagar íntegramente las rentas acordadas.
La decisión quedó reflejada en un documento al que tuvo acceso El Mostrador y que recibieron todos los consejeros antes de votar el rumbo por el que optaría Corfo.
Si bien el 9 de julio está programado un comparendo al que deben asistir ambas partes, donde el árbitro preguntará si aceptan la conciliación, la respuesta de Corfo quedó definida hace una semana.
Lo más complejo para SQM es que Corfo apunta a iniciar de inmediato los estudios para solicitar el término anticipado del “contrato de proyecto” –el acuerdo madre entre la estatal y SQM originado en 1986 entre la estatal y otras compañías– con el fin de “restablecer coherencia entre ambos contratos”, aludiendo al trato de arrendamiento de las propiedades mineras celebrado en 1993, cuando la empresa de Ponce Lerou entró reemplazando a las antiguas interesadas. Aquel año se celebró el convenio a través del cual se arriendan las pertenencias mineras de Corfo a SQM hasta diciembre de 2030.
La demanda de la corporación estaba dirigida al contrato de arrendamiento, lo que se interpreta como que Corfo afina su puntería hacia matar todos los vínculos que mantiene con la empresa minera en el Salar de Atacama. Una estocada al corazón del negocio de la sociedad.
Todo, luego de una seguidilla de escándalos que involucran a la minera en conflictos judiciales, entre los que se cuentan los casos Cascadas y Penta-SQM, que incluso le han valido demandas colectivas desde Estados Unidos y una auditoría independiente para la Securities and Exchange Comission (SEC).
En este escenario, la decisión de Corfo de terminar los contratos implica que SQM tiene que reconocerlo en sus informes de estados financieros (FECU) y ante la SEC. “Y si lo informas haces evidente que las pertenencias mineras no son de ellos. Por lo tanto, si no cumplen, el Estado tiene el derecho de pedir el término del contrato, entonces empieza a ser más débil este imperio de SQM, que empieza a estar construido sobre la base de unos contratos de arriendo que son frágiles”, aseguran conocedores del sector.
Tras rechazar la conciliación, la Corporación de Fomento de la Producción también se propone establecer “un comité Corfo con el fin de administrar, planificar y desarrollar minería no metálica”, lo que tendría como objetivo construir una institucionalidad que permita anticipar escenarios futuros en torno al litio, potasio y otros minerales, adelantándose a vacíos como los que han abierto la puerta a SQM a armar un complejo puzzle a través de apropiaciones mineras, obtención de derechos de agua y otras jugadas para hacer inviable la entrada de competencia en licitaciones futuras.
Entramado que, como se ha ido conociendo en los últimos meses, también ha tenido un brazo político, reflejado en los cientos de pagos a través de boletas y facturas entregados transversalmente a distintos actores, en el mayor escándalo que ha enfrentado Chile en torno al vínculo entre dinero y política, que ha puesto en el ojo del huracán a la empresa. Esto último es justamente uno de los fundamentos de la postura de Corfo, ya que se considera que, en vista de la actual situación de SQM, existen riesgos operacionales y relativos al gobierno corporativo que afectan los intereses de la corporación estatal.
Este comité antes referido, empezó a tomar forma el año pasado, según consta en correos electrónicos a los que tuvo acceso este medio, cuando distintas autoridades iniciaron discusiones al respecto y comenzaron a analizar su viabilidad normativa y jurídica.
Otro de los argumentos de Corfo para rechazar la conciliación propuesta, es la “negativa de SQM de modificar el equilibrio económico” del convenio que la estatal mantiene con SQM Salar.
Tal acuerdo tuvo su origen en 1986, cuando Corfo firmó el primer contrato con Amax Exploration y Molymet S.A., a través del cual se crea la Sociedad Minera Salar de Atacama S.A. (Minsal). En aquel tiempo la estatal mantenía el 25% del negocio, porcentaje que fue disminuyendo luego de la entrada de SQM en 1993, año en que se firmó el contrato que estableció las condiciones, plazos y tasas, mientras era vicepresidente ejecutivo de Corfo René Abeliuk, fallecido el año pasado. Luego, en 1995 y con Felipe Sandoval a la cabeza de la corporación fiscal, se le introdujeron modificaciones, debido a que Corfo decidió privatizar la parte que le quedaba, vendiéndosela a Soquimich.
De esta forma se estableció el arriendo a la compañía de 28.054 pertenencias mineras propiedad de Corfo, que le han permitido situarse como una empresa con presencia mundial en algunos productos, como en el caso del nitrato de potasio, cuya participación de mercado se estima en 49% en el 2014.
Para diversos actores del sector, el contrato “está hecho a la medida de SQM”. Algunos incluso hablan de “que es realmente una vergüenza”. Entre otras razones, porque las rentas que deben pagar por los millonarios recursos mineros “están fuera de los rangos de mercado que corresponden”.
A eso se suma que en la práctica es imposible llevar un control del manejo de la compañía en las pertenencias mineras del Salar de Atacama. “¿Cómo controlan embarques o los porcentajes de lo que están sacando? El control se le entrega a la propia SQM”, señalan.
Tampoco ayudaron las décadas en que el Estado no tomó cartas en el asunto y simplemente “miró para el lado”. Lo que para algunos tiene mucha relación con los vínculos que se habrían ido engranando transversalmente en el mundo político a través de pagos y favores, que incluso habrían llegado al ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo y la G90.
Consultados al respecto, desde SQM señalaron que “no se van a referir al proceso de arbitraje que está en curso. La compañía sí reafirma que ha cumplido cabal y oportunamente con todas las obligaciones del contrato”.
Este medio intentó comunicarse también con el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, quien señaló que no puede referirse a temas que están en procesos arbitrales.
Un punto fundamental para la determinación de la corporación estatal es, según el documento al que tuvo acceso este medio, la “inviabilidad para conciliar el contrato frente a graves incumplimientos éticos y contractuales de SQM”.
Entre los incumplimientos, se detalla la “continua venta a precios de transferencia a empresas relacionadas a precios menores que de mercado”. Lo que implica que Corfo percibiría menores rentas.
Hay que tomar en cuenta que, en la práctica, SQM ha sido históricamente la encargada de calcular los pagos a la corporación fiscal, que hasta 2013 y después de 20 años de mantener el contrato, nunca hizo una auditoría para revisarlo ni para fiscalizar de qué forma estaba funcionando. Incluso, los pagos trimestrales estipulados en el acuerdo se realizan el día que la compañía decide, por lo que el valor del dólar con que pagará a la corporación depende de ella.
El año pasado se hizo un cambio: las facturas de Corfo ahora incluyen una cláusula que señala que el pago parcial “no constituye una aceptación a que el pago corresponde a la realidad”.
Corfo también alude a “medidas para hacer inviable la licitación competitiva del salar a futuro”, entre las que se cuenta la acción de la compañía de inscribir derechos de agua a su nombre fuera de las pertenencias mineras arrendadas, lo que limitaría fuertemente la incorporación de terceros una vez terminado el contrato.
Por otra parte, acusa a la minera no metálica de “comportamiento hostil”, en virtud de que existen concesiones de exploración hacia los bordes de las pertenencias arrendadas, que están siendo tramitadas por la compañía y que se superponen a las de Corfo. “SQM no ha indicado de ninguna manera a Corfo de estos movimientos. Corfo se enteró por el monitoreo constante que efectúa sobre todas sus propiedades”.
De acuerdo a fuentes del sector, estos movimientos persiguen un único objetivo: impedir competencia cuando haya que renovar el contrato y dejar amarrada a Corfo.
Las mismas fuentes opinan que el siguiente paso que debería dar la Corporación de Fomento de la Producción, es impulsar un juicio que intente revertir estas medidas.
