En su informe final de recomendaciones, tras el examen rendido por Chile en Ginebra los pasados 9 y 10 de junio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas pone de manifiesto la escasa protección legal que estos derechos tienen a nivel interno, así como los profundos niveles de desigualdad y discriminación que persisten en el país, con especial atención a la situación de los pueblos indígenas.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, compuesto por 18 expertos, dio a conocer su Informe Final con las recomendaciones al Estado chileno tras el proceso de examinación al que este fuera sometido los días 9 y 10 de junio recién pasados en Ginebra, en el marco de los compromisos contraídos por Chile al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Para José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano, organización que coordinó dos de los informes alternativos presentados por parte de la sociedad civil, “las constataciones realizadas por el Comité DESC son preocupantes, ya que las últimas observaciones realizadas al Estado chileno por este Comité datan de 2004, hace 11 años atrás, lo que da cuenta de la ausencia de avances sustanciales para asegurar la vigencia de estos derechos fundamentales en el país”.
En efecto, el Comité DESC constata el grave déficit que el Estado de Chile tiene en el cumplimiento de sus obligaciones, particularmente “en el reconocimiento y la protección efectiva de derechos como la vivienda, la educación, los derechos sindicales, el derecho al agua y a la alimentación, así como al constatar la persistencia de brechas de desigualdad y pobreza extremas, que afecta a grupos más vulnerables, como los pueblos indígenas. También manifiesta su preocupación por la ausencia de un marco normativo que asegure el respeto de los derechos humanos por empresas chilenas, tanto al interior del país como en sus actividades el exterior”, agregó Aylwin.
Entre las principales preocupaciones planteadas en su informe por el Comité, está “la falta de reconocimiento constitucional de algunos derecho económicos, sociales y culturales […y] que el recurso de protección establecido en la Constitución deja fuera de la protección jurídica de algunos derechos reconocidos en el Pacto, limitando su aplicabilidad directa por los tribunales nacionales”, señala el documento oficial. Conminando al Estado a que “garantice el reconocimiento integral y la protección jurídica necesaria” de los DESC en el proceso de reforma constitucional previsto, asegurando que este “se realice de una forma transparente y participativa”.
Por ello “las recomendaciones realizadas por el Comité, a nuestro juicio, deberían orientar -tanto en la forma como en el fondo- el proceso constituyente hoy en marcha, a fin de que éste sea consistente con los compromisos que Chile ha adquirido en materia de derechos humanos”, puntualiza Aylwin.
Al respecto, José Araya, coordinador del Programa de Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, añade que “generar una nueva Constitución con un enfoque de derechos humanos es el gran desafío, pues esta evaluación por parte de un grupo de expertos refleja claramente una serie de insuficiencias y limitaciones que se relacionan y confrontan con el sistema político-institucional y el modelo económico vigentes, que claramente no tiene este enfoque, y el desarrollo social y cultural en el país”, acotó.
“Para el Comité DESC muchas medidas adoptadas hasta ahora no han sido efectivas, y algo que es evidente es que no se puede ser más efectivo con este marco institucional y el modelo económico actual. Es importante resaltar que las políticas públicas deben tener un enfoque de derechos humanos y deben ajustarse a los estándares ya acordados por el sistema internacional del cual Chile es parte. El informe tiene muchos cuestionamientos hacia Chile, en diversas materias, y esto debe ser visto como una oportunidad por la sociedad civil para presionar y avanzar en mejorar estas políticas, prácticas e instrumentos disponibles para la realización de estos derechos. Por eso es importante que el proceso constituyente que se realice, tal como plantea el Comité, se haga de una forma transparente y participativa, con consideración a un derecho fundamental como es el de la libre determinación”, concluyó.
Otro conjunto importante de recomendaciones del Comité se relacionan con el empleo, los derechos sindicales y la seguridad social, donde a los expertos les preocupa que “a pesar de las medidas adoptadas para luchar contra el desempleo, este siga afectando desproporcionadamente a los jóvenes y a las mujeres”, “el número significativo de personas que trabajan en el sector informal de la economía y que por lo tanto, no están cubiertos por la legislación laboral ni por el sistema de protección social”, que “la legislación del Estado incorpora el principio de igual salario por trabajo de igual valor de una forma limitada” y que “el ejercicio de los derechos sindicales, como la negociación colectiva y el derecho a huelga sean aún objeto de restricciones excesivas”.
Para Valentina Dionez, de la Fundación Sol, organización que también formó parte de informes alternativos presentados con ocasión de la examinación a Chile, “es interesante constatar, a la luz de estas recomendaciones del Comité, cómo el país sigue siendo cuestionado por su falta de impulso muchas materias, entre ellas las vinculadas a los trabajadores y sus derechos”.
“Para nosotros el incumplimiento de los derechos sociales y económicos responde a un tema sistémico que difícilmente se va a resolver con los pequeños avances exhibidos por el Estado y que reconoce el Comité, pues se trata de un tema mayor, de un modelo fallido de Estado que no se es capaz de garantizar una vida digna para la mayoría de la población. Donde el problema de fondo no es tanto solo la extrema pobreza sino la desigualdad”, añadió.
Al respecto, agrega que “no se ve la voluntad de las autoridades para dar un giro en sus políticas y hacerse cargo de los compromisos ligados al cumplimiento del PIDESC. En un contexto en que Chile alcanza un PIB per cápita de más de 20 mil dólares (ajustado por paridad de poder de compra), esa riqueza producida no se está destinando a garantizar bienestar, sino que se está concentrando en pocas manos. Temas como las pensiones, la salud, la educación son vistos principalmente como negocio, agravado por más de 30 años en que ha funcionado un sistema basado en la subsidiariedad, los resultados son segregación y déficit”.
En momentos en que se tramita una reforma laboral, finaliza Dionez, “los derechos sindicales tienen especial relevancia, por ser derechos que permiten empoderar a los trabajadores, mejorar su condición económica y permitir una mejor distribución del ingreso, donde el Comité es firme en declarar que no hay suficientes avances. Esto requiere únicamente de la voluntad del gobierno para avanzar en estas materias, discutida hoy en el Congreso”, culminó.
En cuanto a la situación de los pueblos indígenas, “el Comité DESC le reitera al Estado una vez más su deuda en materia de reconocimiento y la falta de un mecanismo legal que garantice la obtención del consentimiento previo, libre e informado de estos pueblos, en relación a sus derechos económicos, sociales y culturales», destacó Sergio Millaman, abogado del Observatorio Ciudadano, quien estuvo presente en la examinación en Ginebra.
Al Comité le preocupa también la “limitada protección al derecho que tienen los pueblos indígenas a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, así como de sus tierras ancestrales”, como expresa en su informe. «Ante ello, los miembros del Comité fueron claros en señalar que el Estado debe garantizar el derecho que tienen los pueblos indígenas a disponer libremente de sus tierras, territorios y recursos naturales, incluso mediante el reconocimiento legal y protección jurídica necesaria. Por lo que ahora corresponde al Estado hacerse cargo de responder a estas recomendaciones, muchas de las cuales ya le han sido formuladas por otros Comité de Naciones Unidas en forma reiterada», enfatizó.
Finalmente, Millaman celebra “el llamado que hace el Comité en sus recomendaciones a que el Estado cumpla su compromiso manifestado durante el diálogo interactivo de garantizar el reconocimiento de los derechos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas en una nueva Constitución, lo que claramente tiene que ser con el consentimiento previo y libre de los pueblos indígenas», argumentó.
