El Defensor Regional Carlos Mora aseguró que de antemano se aprecia que no existe prueba suficiente que respalde las tesis de los persecutores. Explicó que eso contribuye al descrédito de la Justicia Penal, ya que cuando esas expectativas difundidas por los medios no se compadecen con la sentencia del tribunal, se produce la frustración de la prensa y la opinión pública.
En el contexto del desarrollo del primer Coloquio entre Fiscalía Centro Norte y Defensoría Metropolitana Norte, a diez años del inicio de la Reforma Procesal Penal en Santiago, el Defensor Regional Carlos Mora Jano llamó a la Fiscalía a no crear falsas expectativas de condena en casos de alta connotación pública, donde de antemano se aprecia que no existe prueba suficiente que respalde las tesis de los persecutores.
El Defensor Regional advirtió que eso contribuye al descrédito de la Justicia Penal, ya que cuando esas expectativas difundidas por los medios no se compadecen con la sentencia del tribunal, se produce la frustración de la prensa y la opinión pública que reactivan sus críticas al sistema de justicia. Para ello ejemplificó con el caso Bombas y el caso Hijitus, donde «se levantaron casos con gran sensacionalismo mediático cuando desde el inicio era evidente la debilidad de las pruebas del Ministerio Público».
Según un comunicado de prensa, Mora señaló que el problema es que la reacción ante este descontento se traduce en modificaciones legales como la “Agenda Corta”, que conlleva críticas para todo los actores del sistema penal: jueces, fiscales y defensores.
En el coloquio también participó la ministra de Justicia Javiera Blanco, el ministro de la Corte Suprema Haroldo Brito y el profesor de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duce.
Por otra parte, el ministro de la Corte Suprema Haroldo Brito destacó que la obligación que la Reforma impuso a los jueces de fundar los fallos, significó un gran salto para que la gente entienda el razonamiento del tribunal, y se evite la sensación de que este resuelve arbitrariamente.
Resaltó también la rapidez de esta nueva justicia, ya que el antiguo sistema tenía entre sus principales vicios la tardanza de sus sentencias. Lo mismo hizo con la creación de la Defensoría, que dio por fin una defensa real a los imputados que no tenían recursos para contratar a un abogado.
En la instancia, el académico Mauricio Duce dijo que las críticas al sistema de justicia recaen normalmente sobre los jueces y los fiscales, y no tocan a quienes probablemente tienen la mayor responsabilidad: la policía. Prueba de ello –dijo– es que en los estudios de opinión mientras jueces, fiscales y defensores aparecen mal evaluados, los Carabineros y PDI aparecen con una mucho mejor percepción.
Señaló que cuando una investigación se cae por alguna ilegalidad, las policías –Carabineros y PDI– con mucha facilidad desvían la responsabilidad hacia los fiscales o hacia los jueces. Señaló que la policía es la más interesada en que se aprueben los cambios legislativos para hacer más laxo el control de identidad.
El Fiscal Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, señaló que la reforma no solo ha sido exitosa, sino que permitió que por fin, después de dos siglos de vida independiente, existiera el debido proceso en materia penal en Chile.
Agregó que ello ha posibilitado un cambio esencial en la población penal, que antes de la Reforma solo el 50 por ciento eran condenados y el otro 50 estaba constituido por personas imputadas sin sentencia condenatoria. Hoy, en cambio –detalló– más del 70 por ciento son internos condenados y solamente el restante 30 por ciento se trata de imputados sometidos a prisión preventiva.
Sobre los problemas de sobrecarga de trabajo y de dotación del Ministerio Público, señaló que en el caso de la Fiscalía las proyecciones fallaron aún más, dado que la Ley que la creó se dictó un año antes que la de la Reforma Procesal Penal. “Nunca se consideró que habría fiscales con turnos de 24 horas ni que habría que dar cobertura a audiencias los 365 días de año”, finalizó.