Los directivos de la CUP, Hugo Lavados y Claudio Ruff, rectores de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Bernardo O’Higgins, respectivamente, junto al vicepresidente ejecutivo de la Corporación, Ricardo Israel, expresaron también a la ministra Delpiano el convencimiento de que el inicio parcial de la gratuidad en 2016 es una política injusta y discriminatoria hacia los estudiantes de las universidades privadas que no pertenecen al Cruch. Agregaron que la medida atenta directamente contra la disminución de la inequidad, uno de los ejes fundamentales del programa de la Presidenta Bachelet.
La postergación del envío al Congreso del proyecto de reforma a la educación superior solicitó formalmente la Corporación de Universidades Privadas, CUP. En la reunión con la ministra de educación, Adriana Delpiano, los directivos de la organización que agrupa 17 instituciones de educación superior cuyo alumnado representa al 24,2% de los universitarios del país, señalaron que es indispensable establecer una mesa de diálogo técnico con todos los actores comprometidos en el tema, antes que el Parlamento inicie el debate político-legislativo.
Para las universidades privadas, el documento de trabajo entregado por el Mineduc no es más que un conjunto de enunciados generales. Por eso, solicitaron a la ministra conocer a la brevedad el proyecto de ley de reforma, incluyendo los recursos involucrados y su cronograma de implementación. Pidieron que se les dé a conocer la justificación técnica de cada una de las condiciones que se proyecta exigir a las instituciones para adscribir al sistema de compromisos públicos, de manera de evaluar sus efectos sobre el sistema en su conjunto y sobre la autonomía de las universidades, en particular.
Según lo anunció recientemente la ministra Delpiano, el proyecto se enviaría al Congreso a mediados de septiembre, fecha que según la CUP no da tiempo para que el ministerio analice el contenido de la reforma y la modalidad en que se transitará al nuevo sistema con los representantes de las instituciones que deberán materializar las innovaciones que se proyectan. A juicio de las universidades privadas, es necesario tener la oportunidad de aportar con elementos que surgen de las experiencias de quienes han participado significativamente en el desarrollo de la educación superior.
Los directivos de la CUP, Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián, y Claudio Ruff, rector de la Universidad Bernardo O’Higgins, junto al vicepresidente ejecutivo de la Corporación, Ricardo Israel, expresaron también a la Ministra Delpiano el convencimiento de que el inicio parcial de la gratuidad en 2016 es una política injusta y discriminatoria hacia los estudiantes de las universidades privadas que no pertenecen al CRUCH. Agregaron que la medida atenta directamente contra la disminución de la inequidad, uno de los ejes fundamentales del programa de la Presidenta Bachelet.
Para este grupo de universidades, el límite de vulnerabilidad del 60% para acceder a la gratuidad es tan arbitrario como cualquier otro, por lo que pidieron a la Ministra Delpiano poner en discusión la propuesta de repartir equitativamente los recursos disponibles a la totalidad del 40% más necesitado, que estudie en instituciones de educación superior acreditadas, posibilitando una implementación más justa del anuncio presidencial, sin aumentar su costo.
Según la CUP, la mesa técnica solicitada no sustituye el debate político a que debe someterse la reforma en el Congreso; es más bien una etapa complementaria. Este procedimiento – agregaron sus dirigentes — es considerado una de las mejores prácticas en políticas públicas de esta envergadura y trascendencia. “No contemplar este proceso”, dijo el rector Lavados, “hace más complejo el propio debate legislativo”.
