Caso Quemados revive juicio político sobre rol de sus gobiernos en esta materia
Luego de 25 años del fin de la dictadura militar, la falta de justicia para muchas víctimas y sus familiares le sigue penando al país. El rompimiento del pacto de silencio de dos conscriptos sobre el caso Quemados puso en el tapete, una vez más, la ausencia de voluntad política para impulsar con paso firme el esclarecimiento y la obtención de condenas en estos casos. Para distintos actores ligados al mundo de los Derechos Humanos, esa ha sido la tónica imperante hasta hoy.
Fue una votación secreta. Ese día 9 de abril de 1998, hubo 62 luces rojas en la Sala del Congreso que marcaron el rechazo de la acusación constitucional contra el entonces senador vitalicio Augusto Pinochet, impulsada por un grupo de diputados de la Concertación que, entre otras cosas, lo acusaban de ser “causante y responsable de ofensas a la memoria de las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos comprometiendo gravemente el honor de la nación”.
El resultado, que terminó con 52 votos a favor de la acusación y 1 abstención, estuvo marcado por una fuerte ofensiva del Gobierno de Eduardo Frei para que los parlamentarios concertacionistas echaran pie atrás. Esta incluyó la intervención directa de varios ministros, así como declaraciones en esa dirección del propio Mandatario, de su antecesor, Patricio Aylwin, y su ministro secretario general de Gobierno, Enrique Correa. Finalmente, 11 diputados de la falange votaron en contra, entre los que se cuentan Aldo Cornejo, Roberto León y el actual senador Ignacio Walker.
En opinión del abogado de Derechos Humanos, Alberto Espinoza, “la Concertación tiene que hacerse cargo. Es más, Ignacio Walker, que hizo gárgaras diciendo que había trabajado en la Vicaría de la Solidaridad, rechazó rotundamente esta acusación constitucional junto a otros 11 diputados de la DC. Esta postura fue respaldada por Eduardo Frei y Enrique Correa, pero ahora todos dicen ser peleadores de los derechos humanos”.
Al respecto, el ex timonel de la falange señala que “la acusación constitucional no tenía nada que ver con derechos humanos ni con la dictadura. Se acusaba a Pinochet de comprometer gravemente la seguridad de la nación bajo los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei. Patricio Aylwin el día de la votación dijo ‘si yo fuera diputado, votaría no’ y el Presidente Frei señaló: ‘Esta no es una acusación contra Pinochet sino contra la transición’. Por eso, 12 diputados de la Concertación votamos en contra. Mi posición en derechos humanos es ampliamente conocida.»
[cita] Alejandra Matus asegura que “los periodistas sabíamos que cada vez que había un antecedente que apuntaba a Pinochet, era censurado. Eran pactos tácitos que uno sabía que existían pero nadie los decía. No podías decirlo. El caso Letelier siempre se supo que iba a llegar solo hasta Contreras. La Nación –donde ella trabajaba– lo aplicaba: si había un documento que apuntaba a Pinochet, ese texto era censurado. Estaba permitido escribir solo hasta Manuel Contreras”. [/cita]
La mirada de diversos actores ligados de distintas formas al mundo de los Derechos Humanos (DD.HH.) es distinta y apunta a este hito como uno de los que evidenciaron la postura de los gobiernos de la Concertación en la materia y la búsqueda de justicia para los crímenes y abusos de la dictadura, hoy en el tapete tras los dichos de Carmen Gloria Quintana, que criticó el actuar de la coalición oficialista al respecto.
Según declaraciones de la sobreviviente del Caso Quemados, “la Concertación desde esa época hasta el día de hoy tiene una deuda tremenda con todos los casos de violaciones a los derechos humanos, pero mi caso es un botón de muestra, hay muchos otros casos».
Además, la psicóloga aseguró que durante el Gobierno de Patricio Aylwin tuvo una audiencia con el hoy lobbista Enrique Correa, que “de manera amable me comunica que la transición iba a ser difícil, de que no me hiciera muchas esperanzas, que lo más probable es que se hiciera justicia en los tres casos emblemáticos y que era muy difícil que en el caso de Rodrigo Rojas y mío hubiera justicia. Así de pragmático fue su discurso”.
La periodista Alejandra Matus, autora de El Libro Negro de la Justicia y Doña Lucía, entre otros libros de investigación, dice coincidir con los dichos de Quintana, “más allá de si lo dijo Enrique Correa o no. El Gobierno de Aylwin había determinado que había casos emblemáticos donde avanzar y otros no, en un contexto donde la mayoría de los jueces habían sido designados por Pinochet y había una fuerte lucha por parte de los abogados de derechos humanos por sacar estos casos de la Justicia Militar”.
Según la académica de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales (UDP), “el Gobierno se la jugó con nombramientos de ministros en visita en casos emblemáticos, y no en otros. Estos fueron el caso Letelier, que era el más importante de todos para el Gobierno, por las relaciones con Estados Unidos, siendo el único expresamente fuera de la Ley de Amnistía, que aún era aplicada por los tribunales. Los otros dos casos fueron el de Carlos Prat y el caso Degollados”.
Alberto Espinoza señala que “era un secreto a voces que en el Gobierno había casos emblemáticos. ¿Y en qué se traduce eso? En darles un carácter restringido a las violaciones a los Derechos Humanos. Calificando algunos casos como emblemáticos, se le da un perfil bajo al resto de las víctimas, porque la persona que pasó por secuestro, tortura o desaparición no es un caso emblemático. Es curioso, ya que desde la concepción más básica de DD.HH. todos deben ser tratados como iguales, lo contrario implica una degradación”.
El abogado, que durante la dictadura trabajó en la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), señala que “el pacto de silencio también todos los sabíamos. Ahora los de la Concertación quieren hacerse los lesos, han pasado 25 años desde que se terminó la dictadura, ¿cómo se explica que estemos recién dándonos cuenta de la existencia de estos pactos y ahora nos escandalicemos?”.
Espinoza explica que “incluso hubo intentos de dictar leyes de impunidad, que buscaban terminar los procesos en forma anticipada, de no investigar y que encontraron resistencia del mundo de los Derechos Humanos”.
Por ejemplo, recuerda, “bajo el Gobierno de Aylwin se promovió un proyecto de ley en que se daban plazos para el cierre de investigaciones amparados en el secreto en torno a la identidad de personas que aportaban antecedentes. Esto apuntaba al cierre de las investigaciones, que solamente se satisfacían con una parte de la verdad, porque no había individualización de las personas, se amparaba el anonimato de quienes prestaban información de ejecutados políticos y detenidos desparecidos. No se aprobó, por la fuerte oposición de organismos de DD.HH.”.
Después, en el Gobierno de Frei –detalla el abogado– se impulsó el proyecto de ley “Figueroa-Otero”, desarrollado por el entonces ministro del Interior Carlos Figueroa, con el aval del senador Miguel Otero (RN)”, que pretendía también avalar legislativamente el decreto Ley de Amnistía de 1978. “Dando garantías para la impunidad. Esto también fracasó”, agrega.
Al respecto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, señala que “durante los gobiernos de Aylwin, Frei y Lagos hubo varias iniciativas legislativas a las que les ponían nombres bien emocionales, pero lo único que buscaban era darles impunidad a los genocidas, como la ley Figueroa-Otero o ‘No hay Mañana sin ayer’, impulsada por Lagos”.
La abogada Pamela Pereira señala que “teniendo presente los esfuerzos de dictar leyes que significaron serios retrocesos, porque no apuntaron a obtener verdad y justicia, demuestra muy poca voluntad de investigar y hacer justicia”.
El abogado del Caso Quemados, Héctor Salazar, señala que “hay que tener presente un factor clave: los pactos no escritos para hacer posible la transición de la dictadura a la democracia. Nunca han sido reconocidos pero hay manifestaciones concretas por ciertas actitudes. Uno tiene que ver con el sistema económico, donde no hubo mayores problemas en llegar a acuerdo entre el poder militar saliente apoyado por la derecha y el poder político entrante. El segundo pacto, que tiene que ver con el tratamiento a las violaciones de los DD.HH. cometidas durante la dictadura fue más difuso, ya que indudablemente el poder militar pugnaba por la impunidad absoluta mientras la Concertación tenía como bandera de lucha para llegar al poder precisamente enfrentar este tema. Fruto de eso es que el Presidente Aylwin acuñó ese concepto de ‘justicia en la medida de lo posible’”.
Salazar agrega que “a lo menos un aspecto de ese acuerdo que quedó explicitado por conductas de la Concertación fue garantizar impunidad a Pinochet y su familia. Como el capítulo de los Pinocheques o cuando es detenido en Londres y como Gobierno se juegan para traerlo a Chile. El avance y retroceso que daban familiares y organizaciones de DD.HH. para alcanzar más cuotas de justicia tenía ese telón de fondo”.
En esa línea, Alejandra Matus asegura que “los periodistas sabíamos que cada vez que había un antecedente que apuntaba a Pinochet, era censurado. Eran pactos tácitos que uno sabía que existían pero nadie los decía. No podías decirlo. El caso Letelier siempre se supo que iba a llegar solo hasta Contreras. La Nación –donde ella trabajaba– lo aplicaba: si había un documento que apuntaba a Pinochet, ese texto era censurado. Estaba permitido escribir solo hasta Manuel Contreras”.
Esto se dio durante los gobiernos de Aylwin y Frei, “hasta que Pinochet fue arrestado en Londres. En ese período trabajé en La Época, La Nación y La Tercera. Con algunos matices, hablar de la responsabilidad penal de Pinochet era complicado. En La Nación no se podía de frentón, si había un texto que apuntaba en esa dirección era censurado. Estaba permitido escribir solo hasta Manuel Contreras. Para qué te digo en La Tercera. En La Época había un poco más de libertad”.
De hecho, recuerda, “si uno ve la conducta del juez Adolfo Bañados –que llevó el caso Letelier– también se aplicó en la justicia, porque no es que no tuviera antecedentes que implicaran a Pinochet, es que él sabía que solo podía llegar a Contreras. Ese era el límite en ese periodo tácitamente. En los hechos así se daba”.
La periodista detalla que “después de Aylwin, diría que Frei Ruiz-Tagle fue aún más conservador en esta materia. Al menos Aylwin impulsó la Comisión Rettig y avanzó en casos emblemáticos, porque no hay que olvidar la importancia que tuvo la investigación de estos casos. Pero Frei no tuvo política de Derechos Humanos. Ni siquiera en el caso de su padre, que se agitó después de su Gobierno. Su hermana, Carmen Frei, hablaba, pero él no tomó postura mientras fue Presidente, sino después. Fue en su Gobierno que se dio la orden presidencial de que, por razones de Estado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) no siguiera adelante con el caso Pinocheques, lo que generó la sensación, en todos los demás casos que involucraban a Pinochet, de que el Gobierno no respaldaba que estos casos avanzaran”.
Matus explica que “el Gobierno de Frei fue un Gobierno con pocos resultados en materia de derechos humanos hasta la detención de Pinochet en Londres”. Poco antes y cuando el ex dictador ya era senador vitalicio, “secretamente se planificaba entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno cómo serían sus funerales de Estado si moría”.
Con Lagos –relata Matus– “se avanzó en el tema de la tortura, que ni siquiera se tocaba: los casos de violaciones a los DD.HH. en los gobiernos de Aylwin y Frei estuvieron circunscritos a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Lagos movió la vara más allá al crear la Comisión de Tortura, aunque con las limitaciones de la transición. O sea, que la información no se podía usar judicialmente, se reconocía a víctimas y no victimarios y tampoco se recogían testimonios individuales, salvo que las víctimas quisieran darlos”.
“Lo que veo en esta etapa de Lagos es que el Gobierno tácitamente apoya que la amnistía no impida juzgar. Se cambia la doctrina, lo que se ve en los jueces que nombran en la Corte Suprema”, dice Matus.
Boris Paredes, abogado de Derechos Humanos, tiene una visión más dura: “Yo creo que se avanzó a pesar de los gobiernos”.
En tanto, Pamela Pereira señala que “en mi opinión el poder político y no solo a nivel presidencial sino parlamentario, no ha estado comprometido con este esfuerzo de hacer verdad y justicia como se comprometió desde el inicio de la democracia en adelante. Hemos tenido un problema ahí”.
Según Pereira, esto se ha mantenido. “Se generan instituciones un tanto burocráticas. Hay oficina que depende Ministerio del Interior (Programa de Derechos Humanos), pero no le veo mayor movimiento y avance más allá de que gente buena trabaje ahí. Hay gran responsabilidad del Poder Judicial pero si uno no está encima y explicitando lo que solicita, todo es una pasividad y silencio que a mí me molesta muchísimo”. En suma, la abogada dice no ver “un esfuerzo del gobierno y para atrás tampoco”.
Paredes, que trabajó en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior durante los gobiernos de Lagos y Bachelet, recuerda que “cuando recién ingresé estaba Jorge Correa Sutil (DC) de subsecretario del Interior, y en todo lo que significaba perseguir a militares él se oponía. No permitía que se alegara en causas ni autos de procesamientos. Había instrucciones de que no se alegara contra peticiones de libertades de violadores de DD.HH., lo que venía de él. A pesar de esta instrucción lo hacíamos igual.”
Otro abogado especializado en esta área, Cristián Cruz, y que también trabajó en el Programa ligado a Interior, concuerda con Paredes y señala que “al programa se le impedía ir a alegar las causas de libertades de militares, pero lo pasábamos por alto y no obedecíamos. Estuve cinco años y solo se vieron temas con detenidos desaparecidos, porque la ley solo facultaba al Programa para actuar en este tipo de casos, lo que se modificó el último año que estuve”.
Al respecto, Jorge Correa Sutil explica que este programa se rige “en cuanto a sus facultades por un decreto supremo del año 97”, al que se le encomiendan dos tareas: prestar asistencia a todas las víctimas de DD.HH., así como prestar asistencia legal para hacer efectivo el derecho al artículo sexto de la ley 19.123, que declara que la ubicación de las personas detenidas desaparecidas como igualmente los cuerpos de personas ejecutadas constituyen un derecho inalienable de familiares, víctimas y la sociedad chilena. Como puede apreciarse en los artículos referidos el foco del programa debía estar fuertemente puesto en conocimiento de la verdad y no en la magnitud de la sanción. La sanción y la libertad provisional muchas veces eran modos de asegurarse mayor conocimiento de la verdad y en esos casos el accionar del programa se autorizaba, pero en otros no tenía vínculos con ello. Ese era el parámetro. El objetivo del programa según la ley no es castigar lo más severamente posible, el cometido es conocer la verdad. No es que le sean indiferentes las sanciones, pero el foco tendría que estar en la verdad”.
El abogado dice que “creo haber interpretado en cada caso de la manera más amplia posible este cometido legal y creo no haberlo excedido nunca. Si hay algún caso en se me acuse de haber interpretado restrictivamente esta norma estoy dispuesto a discutirlo, pero mi obligación legal era que el Programa cumpliera con el cometido que las normas que lo regulan ejercía. Si no, rompía el Estado de derecho. Y por eso velé siempre”.
Correa Sutil recalca que en el cometido del programa referido a la ubicación de personas detenidas desaparecidas, como de los cuerpos de personas y las circunstancias de dicha desaparición o muertes, “está el núcleo esencial de lo que el Estado debe perseguir. A eso debe no renunciar nunca. Me parece posible ampliarlo más allá, pero bajo la condición de que existan recursos y personal suficientes. Pero eso requiere que haya normas que lo habiliten”.
Y agrega que “muchas veces nos llevó a cavilar si teníamos atribuciones para acciones legales, pero es un programa con competencias limitadas en cualquier tema de DD.HH. Es una limitante”.
–¿Esto ha cambiado?
–No
–¿Por qué no?
–No conocí iniciativas destinadas a cambiarlo cuando era subsecretario, ni conozco que alguien haya pedido cambiarlo.
–¿Estaban amarrados?
–Teníamos límites como tiene toda agencia pública.
–¿Sería bueno cambiar esto?
–Sí, a condición de que el programa sea dotado de personal y recursos suficientes para poder cumplir eficazmente.
Para el ex ministro secretario general de la Presidencia, Genaro Arriagada, este proceso tiene un nombre preciso: justicia transicional. “Es siempre una justicia imperfecta porque se refiere a cómo juzgamos pasados abusos constituidos por dictaduras. Si miro la situación de Chile, no hay un Gobierno de otro país que haya hecho más en materia de justicia transicional”.
Pone como ejemplos a «Argentina que impulsó algunas leyes que después tuvo que desarmar. Brasil no ha hecho nada, están discutiendo una comisión de verdad y reconciliación recién hoy. En Sudáfrica una comisión de verdad y reconciliación tenía características muy especiales: en audiencias públicas donde estaba la televisión, confesaban sus crímenes e inmediatamente eran amnistiados. No sé de ningún general ruso ni polaco que esté preso por abusos de derechos humanos. Incluso me atrevería a decir que no lo hay en la Alemania Oriental”.
En este contexto, el cientista político asegura que “si aquí existe un mínimo de equilibrio, hay que tener presente que no hay un país en el que haya habido más justicia respecto a pasados abusos de DD.HH. que Chile”.
Además –señala– hay que tener en cuenta que “la justicia transicional en Chile era más difícil que en otros países. En Alemania Oriental cayó todo el sistema. Se desintegró el Estado. En cambio acá la justicia transicional se hizo en el marco de un Estado donde la derecha tenía un control a través de mecanismos de los enclaves autoritarios y, en segundo lugar, el Ejército mantuvo al ex dictador como comandante en Jefe por otro año. A diferencia de Argentina, el Ejército de Chile salió con plena solidaridad de la clase empresarial, con un desprestigio muy grande en abusos de DD.HH., pero venerado por políticas económicas que eran del gusto de la derecha”.
Por ello –relata– “fue un camino muy difícil. La Comisión de Verdad y Reconciliación en el Gobierno de Aylwin fue un hecho notable, que tuvo como virtud establecer la verdad pero no amnistía. En ese cuadro el avance fue muy difícil, pero fue siempre una prioridad del Estado. La demostración de ello es que, por ejemplo, en el gobierno de Eduardo Frei se metió preso al Mamo Contreras. Meter preso al jefe de la policía política del Régimen Militar estando de Comandante en Jefe el que había su jefe, Augusto Pinochet, es una empresa que costó ocho meses y solo con mucha mezquindad se puede desvalorizar. Después vino la Mesa de Diálogo. Después la Comisión Valech. En consecuencia, si miro lo que se ha hecho en Chile en materia de justicia y lo comparo con Brasil y Argentina, España o países de la ex Unión Soviética, esto es una diferencia del cielo a la tierra y a favor de Chile”.
Por su parte, Correa Sutil señala que “Aylwin con su fórmula tan criticada de verdad y justicia en la medida de lo posible, abrió y cambió los horizontes de la verdad y la justicia que eran posibles. Dio pasos audaces, incluso arriesgando la estabilidad democrática con tal de tener una verdad. Se lo debemos, más que al Gobierno, a la persona de Aylwin. En eso el Informe Rettig y la forma como fue comunicado al país y a la Corte Suprema, fue abriendo espacios de justicia que eran impensables con antelación”.
El abogado dice que “creo que los gobiernos de la Concertación y el país entero a partir de 1994 olvidaron este tema, o lo dejaron a un lado creyendo que nada más podían hacer o que nada más cabía hacer. La condena a Manuel Contreras, más la detención de Pinochet en Londres, volvieron a activar en la sociedad y en el fin del Gobierno de Frei y especialmente en el de Lagos, la preocupación por estos temas. Creo que se dieron pasos muy valiosos destinados al mayor conocimiento de la verdad, particularmente por el Informe Valech, inédito en el mundo y muy especialmente en la reforma de instituciones jurídicas, particularmente de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial, promoviendo su democratización o puesta al día con la democracia y su compromiso con temas de DD.HH.”.
Lorena Pizarro dice que “lo que señala Carmen Gloria Quintana fue refrendado por frases dichas por la propia Concertación: la justicia en la medida de lo posible, se habló de casos emblemáticos, a los que se les haría justicia. Además, hay que tomar en cuenta la construcción de cárceles especiales para militares violadores de los DD.HH., así como el hecho de no avanzar en una legislación que ayudara a su enjuiciamiento”.
“Todo esto tiene que ver con una postura de los gobiernos de transición donde se negociaba todo, y donde los derechos humanos fueron tan negociables como la economía”, sostiene Pizarro.
Asimismo, señala que “hubo un acuerdo antes del término de la dictadura entre la derecha y la incipiente coalición de la Concertación que transó, entre otras cosas, no solo continuismo del modelo económico sino la impunidad de los violadores de Derechos Humanos. Lo que ocurre en la transición y los distintos gobiernos fue que poco o nada hicieron respecto a las violaciones contra los DD.HH.”.
En todo caso –agrega–, “para nosotros es súper complicado cuando se hace un análisis solamente desde la responsabilidades de la Concertación: la derecha nunca ha querido colaborar y ellos fueron los primeros responsables”.
La hija del detenido desaparecido Waldo Pizarro explica que la “agrupación se reunió con todos los gobiernos. Con todos se habló de anular el decreto Ley de Amnistía. Todos nos señalaron que no había piso político”.
Durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos tuvo el primer encuentro privado con un comandante en Jefe del Ejército: Óscar Izurieta. En la reunión estaba el ministro de Defensa, José Goñi, “se quiso destacar que era el primer encuentro entre la agrupación y un comandante en Jefe del Ejército. Nosotros no pedimos que estuviera, no le íbamos a dar la mano públicamente. Le pedimos que entregara información y rompiera el pacto de silencio. Nos respondió que en el Ejército de Chile no había información y que no tenía nada que decirnos. Un par de semanas después, se filtró un documento que había ocultado la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), donde se informaba sobre el seguimiento a Carlos Prats y su esposa para planificar el atentado”, ordenado por el director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras.
Pizarro asegura que “en el marco de lo que ha pasado con Carmen Gloria y Rodrigo, se pone el pacto de silencio cívico-militar en el tapete, que no se va a romper salvo excepciones como esta. Entonces, hay que generar condiciones y acciones para romperlo. El ministro del Interior (Jorge Burgos) dijo que ojalá más gente rompa el pacto de silencio. Pero no se va a romper si no se toman medidas y se realizan acciones desde el Estado que avancen en esta dirección”.
