«Estos grupos tenían apoyo de otra naturaleza. Las armas ya no eran la excepción, sino que era la regla general», recuerda Francisco Ljubetic.
El ex fiscal regional de La Araucanía y actual vicedecano de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Temuco, Francisco Ljubetic, dio detalles sobre una de las causas que investigó: el supuesto financiamiento e instrucción militar que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) a grupos de la zona del conflicto mapuche.
En entrevista con La Tercera, Ljubetic cuenta que «después de un viaje a Colombia, el ex Presidente Sebastián Piñera y una delegación llegaron con esta información, la cual deriva del bombardeo a un campamento de las Farc, entonces la fiscalía de Colombia, a través de los agentes policiales, lograron recuperar los discos duros internos y externos».
«Hicieron una revisión de todo este material y lo que entregaron a Chile fue un dossier con información relacionada con los correos electrónicos que decían relación con nuestro país. Había también material vinculado con otros países. No recuerdo si la investigación estaba abierta o se abrió en la Fiscalía de Pudahuel, a cargo de Emiliano Arias, quien investigaba la posibilidad de que algunos grupos nacionales pudieran tener financiamiento externo, y que de eso derivara algún delito de asociación ilícita o financiamiento al terrorismo (…). A partir de eso, se indaga la posibilidad de que personas de la etnia mapuche, y en particular, los que están involucrados en algunos hechos de violencia, habían viajado a Colombia a perfeccionarse en materia de guerrilla rural», prosigue el ex fiscal.
Ante la consulta de por qué no prosperó esa investigación, Ljubetic declara que «el gobierno colombiano pidió la extradición de Manuel Olate -el entonces militante PC que viajó al campamento de las Farc y se sacó fotografías con Raúl Reyes, fallecido líder de la agrupación-, primero sosteniendo que estaba vinculado con las Farc, a partir de la célula que dirigía en Chile con su nombre ficticio ‘Roque’, de manera de poder hilar las conversaciones por correos electrónicos entre Raúl Reyes y otros, más ‘Roque’, que es como firmaba los correos».
«La Corte Suprema colombiana declaró que las evidencias recogidas en los campamentos bombardeados eran ilegales, por cuanto estos campamentos se ubicaban en territorio ecuatoriano, estaban a un kilómetro de la frontera para evitar que la policía o las tropas del ejército colombiano los detectaran (…) Esa prueba no sirvió ni en Colombia ni en Chile para fines procesales, pero como información, en la IX Región, las incorporamos como prueba en dos investigaciones donde se ofertó la declaración de tres policías, quienes iban a declarar como prueba de contexto contra las personas que iban a ser condenadas por un ataque al bus Turbus y un caso de Victoria. Estas podían tener su preparación y perfeccionamiento en sus viajes al extranjero y luego traspasarlos, para ponerlos en práctica en acciones violentistas en La Araucanía», acota.
En ese sentido, revela que «hay casos donde se detectó entrenamiento paramilitar de grupos en la IX Región. Lo puedo afirmar, dije que había una especia de guerrilla rural porque en eso consiste: grupos que se reúnen y planifican ataques. Todo esto se confirmó con la emboscada que le hicieron al fiscal Mario Elgueta y a la comitiva policial, donde se logró establecer que fue un lugar escogido, donde los fusileros que atacaron a la comitiva se encontraban en un paredón superior, o sea dispararon en altura, y después uno ve una cartilla de las Farc y se ve cómo se tiene que hacer un ataque de emboscada y el dibujo es exactamente igual a cómo ocurrió en ese caso».
«El primer caso en que se vio una preparación distinta, y que daba a pensar que existía algún tipo de preparación, fue el ataque al matrimonio Luchsinger, a Jorge, en junio de 2005. Esa vez el matrimonio fue sacado de su vivienda, quemaron casas de varias personas. Los atacantes estaban vestidos de negro, con botas, mimetizados, con armamento al cinto. Era un grupo absolutamente coordinado, con un jefe central que impartía instrucciones y que casi no hablaban. Luego hubo otro ataque, a un campamento forestal en Lumaco, cerca de Traiguén, en 2009, donde los trabajadores del campamento fueron sacados por un grupo armado, vestido con botas y que tenía armamento. Los atacantes se fueron trotando de dos en dos. Luego, a unos 200 metros del lugar, detuvieron a un motociclista, que era un trabajador forestal que cuando vio el humo, pensó que podía ser un incendio en el campamento. Y cuando se enfrentó a estas personas, lo atajaron y le quemaron la moto», afirma el ex fiscal de La Araucanía.
«Ahí se pudo corroborar que había actividades paramilitares concretas. Son dos casos muy claros en orden a la forma de actuación y grupos organizados, una célula con una planificación previa, con tareas asignadas, con una jefatura. Los testigos dicen que uno de los que dirigía tenían acento extranjero, las presunciones eran de que esta persona era peruana o boliviana y nosotros lo indagamos (…) estos grupos tenían apoyo de otra naturaleza. Las armas ya no eran la excepción, sino que era la regla general. Todas las personas que participaban en estos hechos de violencia andaban armadas, cosas que años atrás no sucedían. Hay una evolución del conflicto y justamente los años que salieron estas personas con destino a Colombia, disminuyeron sensiblemente los hechos de violencia. Y luego -al ver las estadísticas- empiezan a suceder los hechos de mayor gravedad en la región. Hasta ese momento, los episodios que ocurrían eran tomas de fundo, algunos incendios más o menos grandes, pero luego comenzaron los ataques que tenían otro carácter, y de la ruralidad se pasaron a la Ruta 5 y comenzaron la quema de camiones», concluye.
