Documento es parte de la investigación por supuestas informaciones entregadas por el persecutor a La Moneda
En enero, un correo enviado desde la Fiscalía Oriente al fiscal Carlos Gajardo le pidió acotar la información contable que solicitaba a SQM, en la misma línea con lo que requería en ese entonces el Servicio de Impuestos Internos. La jugada, que luego se complementó con recursos ante el Tribunal Constitucional, buscaba evitar el acceso a información sensible, la que después gatillaría la caída de los ministros Peñailillo y Arenas.
El 15 de enero de este año, el fiscal Carlos Gajardo recibió en su casilla electrónica un mail enviado desde la Fiscalía Oriente donde se le decía que debía acotar la información solicitada a SQM. Por esos días, la madeja relacionada con la empresa –controlada indirectamente por Julio Ponce Lerou– recién comenzaba a desenredarse y amenazaba con involucrar al oficialismo en un escándalo que, hasta ese momento, solo llenaba de barro a la UDI.
El 9 de enero, el Servicio de Impuestos Internos (SII) había presentado una querella contra el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y su cuñada María Carolina de la Cerda, por eventuales delitos tributarios. Sin embargo, lo que podría parecer una hebra que llevaba hacia otras empresas –además de Penta– se convirtió en un portazo. Esto, porque el organismo presentó una querella y luego la acotó. Si bien la primera acción judicial pedía revisar toda la documentación contable de los años comerciales 2009 a 2014, posteriormente el SII hizo una acotación que fijó el período a julio de 2009, esgrimiendo que era el período que englobaba las boletas relacionadas con De la Cerda. Es decir, dejaba fuera un tiempo importante de campaña política. Un período que llevaba de cabeza a la Nueva Mayoría.
En el mail que recibió Gajardo, y que fue firmado por José Veizaga –fiscal jefe adjunto de la Fiscalía Oriente y hombre cercano a Alberto Ayala–, se le recordaba que debía ceñirse a lo que pedía el Servicio de Impuestos Internos (SII) en relación a la contabilidad de SQM. “Soy de la opinión de proceder con lo solicitado por el querellante, por el momento“, le dijo Veizaga en el correo, a lo que agregó: “Sin perjuicio de las diligencias que podamos acordar más adelante”.
[cita] En el mail que recibió Gajardo, y que fue firmado por José Veizaga –fiscal jefe adjunto de la Fiscalía Oriente y hombre cercano a Alberto Ayala–, se le recordaba que debía ceñirse a lo que pedía el Servicio de Impuestos Internos (SII) en relación a la contabilidad de SQM. “Soy de la opinión de proceder con lo solicitado por el querellante, por el momento“, le dijo Veizaga en el correo, a lo que agregó: “Sin perjuicio de las diligencias que podamos acordar más adelante”.[/cita]
Según fuentes relacionadas con la investigación, en la declaración que Gajardo entregó al fiscal Manuel Guerra –a cargo de la indagatoria contra Alberto Ayala por, supuestamente, haber filtrado información del caso a La Moneda–, mencionó que el propio Ayala le dijo en una reunión, que sostuvieron el 12 de enero, que avanzara en las diligencias para obtener la contabilidad completa. Pero los hechos se sucedieron con rapidez.
El mismo lunes 12, el SII ingresó su acotación y a través de un mail le comunicó a Gajardo que todo quedaba restringido a julio. Ese mismo día Alberto Ayala decidió inhabilitarse en la causa, debido a que había prestado servicios a SQM durante 12 años. El jueves de esa misma semana, la Fiscalía Oriente comunicó la inhabilidad e informó que José Veizaga quedaría a cargo. Raudo, Carlos Gajardo se presentó en la oficina de su nuevo jefe y le preguntó qué hacer frente al nuevo escenario. La respuesta fue contundente: respetar lo ordenado por el SII.
Buscando dejar registro de la solicitud, el fiscal que destapó los casos de las platas políticas, le solicitó a Veizaga que esa instrucción fuera estampada en un correo, el que ese mismo día fue enviado a su casilla electrónica. A pesar de aquello, el ímpetu de Gajardo se mantenía intacto: quería la información contable entre 2009 y 2014.
El detalle de esas conversaciones y el mail citado, están en poder del fiscal Manuel Guerra, y son parte de la causa que lleva adelante para despejar la actuación de Ayala y su eventual participación en una posible operación que podría vincular al hombre de la Fiscalía y La Moneda.
Fuentes internas de la Fiscalía ratifican que José Veizaga es un hombre de confianza de Ayala y, por lo mismo, el correo enviado despierta suspicacias. Las que se ven reforzadas por los antecedentes que revelan cómo por esos mismos días se sucedían las presiones sobre el SII para limitar la indagatoria respecto de SQM.
La respuesta oficial de la Fiscalía Oriente a las consultas hechas por El Mostrador, es que la postura asumida por José Veizaga, y el mail que envió a Gajardo, se enmarcan dentro de la lectura técnica que hicieron de la rectificación realizada a la querella por el SII. Y que, bajo ninguna circunstancia, esa acción formó parte de una operación para frenar la investigación de Gajardo.
De cualquier modo, el correo enviado por Veizaga coincidió en las fechas con diversas presiones políticas que cayeron sobre el SII. El 9 de enero, el mismo día que se presentó la querella inicial, el ex director del organismo, Michel Jorratt, fue citado a una reunión en el piso 11 del Ministerio de Hacienda, donde estaba presente el abogado Samuel Donoso, cercano al ex ministro Rodrigo Peñailillo, quien con posterioridad asumiría la defensa del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse.
Durante la reunión en Hacienda, y según datos revelados por Ciper, Donoso intentó convencer a Jorratt de no persistir en las querellas en contra de empresas por los casos de boletas falsas, argumentando que no se trataba de delitos tributarios, y que solo bastaba una salida administrativa para resolver el problema. En la cita, nadie le advirtió a Jorratt de los vínculos de Donoso con SQM.
Ese mismo viernes 9 de enero, cuando el SII ya había presentado su querella inicial, la jefa de gabinete del ex ministro de Hacienda Alberto Arenas, Andrea Palma, llamó a Jorratt para informarle que el ministro Peñailillo “estaba furioso” por la presentación de la acción legal. Tres días después, el servicio corregiría su querella, dando inicio a una trama que hoy es parte de una investigación que complica al jefe de la Fiscalía Oriente, Alberto Ayala, de quien se ha dicho que es uno de los persecutores que tiene lazos más profundos con el mundo político.
La acotación de la querella presentada inicialmente por el SII el 9 de enero se convirtió en un blanco de suspicacias. Muchos la llamaron “rectificación” y las críticas fueron directas al SII. Según pudo chequear El Mostrador en investigaciones anteriores, desde entonces las presiones del Ministerio del Interior –y su titular, Rodrigo Peñailillo– cayeron pesadas sobre el organismo. Lo que llamaba la atención al interior del servicio, es que Peñailillo conociera tan bien cada una de las acciones en torno a la causa SQM –incluso antes que el propio, entonces, director del SII, Michel Jorratt–. Fuentes del SII han señalado que el ex secretario de Estado incluso parecía estar “desesperado” por la ruta que comenzaba a seguir la investigación.
Lo que temía Peñailillo era –quizás– la dirección en que comenzarían a apuntar las balas de los persecutores tras las platas políticas, porque es a partir de la querella contra Wagner –que golpeó a la candidatura de Joaquín Lavín– que se tira de la hebra que llevó hasta Giorgio Martelli, principal recaudador de la Nueva Mayoría.
Las cosas no siguieron fáciles para desnudar a SQM. Mientras el SII acotaba la investigación a las dos boletas asociadas a Wagner, la Fiscalía insistía en el período 2009-2014. Tanto así que, en marzo y abril, los persecutores solicitaron una orden judicial de entrada y registro a las oficinas de SQM. La petición –ingresada al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago– permitía incautar los libros contables de la minera no metálica, un hecho al que SQM se negaba tajantemente. De hecho, en marzo habían accedido a entregar la información solo al SII.
La respuesta de la mano derecha de Julio Ponce Lerou –que controla indirectamente SQM– no se hizo esperar. El entonces gerente de la compañía, Patricio Contesse, recurrió a la justicia para impedir que la Fiscalía realizara incautaciones. El 19 de marzo, el abogado de Contesse, Samuel Donoso, interpuso un recurso de aclaración ante el Tribunal Constitucional para detener la entrega de información contable de los años requeridos por el Ministerio Público desde el SII hacia la Fiscalía.
Después de un gallito que parecía interminable, la Fiscalía accedió a la información que tuvo como principal personaje a Giorgio Martelli, de cuya declaración salieron al ruedo una serie de nombres. En su testimonio, Martelli señaló que Peñailillo y el ex presidente de Enersis, Jorge Rosenblut, idearon la creación de la empresa Asesorías y Negocios Spa para financiar a varios profesionales que “requerían mayor estabilidad financiera personal» para dedicarse al análisis de «una nueva opción de gobierno de la Concertación».
Por el mismo temor que habría expresado el ex ministro, es que en el SII se comenzó a hablar de un fiscal que entregaría información a La Moneda. Según declaró el ex subdirector jurídico del servicio, Cristián Vargas, a la fiscal Carmen Gloria Segura, el 23 de julio pasado, Jorratt le habría mencionado que un funcionario de la Fiscalía Oriente habría sido el nexo con el Gobierno. Por descarte, Vargas dejó entrever que ese funcionario era Alberto Ayala.
Esa información gatilló que se abriera una investigación contra Ayala por, supuestamente, haber filtrado datos secretos al ex ministro. Por estos días, el actual fiscal oriente está en plena carrera para arribar a la Fiscalía Regional de Antofagasta y abandonar, al parecer, la carrera por suceder a Sabas Chahuán en la Fiscalía Nacional.
