Si de verdad queremos que exista justicia para quienes han sido torturados, ejecutados y hechos desaparecer en dictadura o durante estos años de gobiernos “en la medida de lo posible”, lo único serio y responsable es proponerse terminar con todo vestigio de la dictadura, levantar una propuesta de mayorías que, desde fuera de la actual clase política y empresarial, sea capaz de imponer las profundas transformaciones que el país necesita.
Y se murió, fue desconectado de la máquina de diálisis cuando comenzaba un temporal en Santiago, se apresuró su muerte para hacer todo a lo “bandido”. Muere por la noche, su cuerpo es entregado a las 4 de la mañana a la familia y es incinerado a las 6 en el Cementerio Católico acompañado por un pequeño puñado de familiares. Sus cenizas están desaparecidas en un último intento de que la ira popular se hiciera realidad, atemorizados ante la posibilidad de que el féretro fuese robado como lo hacían ellos con los nuestros.
Se fue disfrazado de general, luego de haber sido huésped de hoteles construidos especialmente para él por los gobiernos de la concertación. Casi un año pasó, muy bien atendido, en el Hospital Militar, mientras seguía recibiendo su pensión, ganada tras 30 años de “trabajo” como recordara un tal Ravinet. No fue degradado, como no lo ha sido ninguno de los criminales condenados por violaciones a los derechos humanos, en el transcurso de estos tiempos de “justicia en la medida de lo posible”.
Será absuelto, por muerte, de las condenas que sumaban más de 500 años, pero que también daban cuenta de cómo se centralizaron en unos pocos los procesos por el genocidio. Fueron miles los agentes del Estado que se pusieron al servicio de la máquina del horror, la inmensa mayoría de ellos siguen en el silencio y la impunidad, como siguen los cómplices civiles, muchos de los cuales fueron promovidos a demócratas por quienes han gobernado desde 1990.
Se murió la mano de hierro de la DINA, el cómplice mayor de Pinochet, el “oficial de inteligencia”, pero el modelo impuesto a sangre, tortura y muerte, sigue vivo y en pie. El terror aplicado a grado máximo para desarticular las redes sociales, para “extirpar el cáncer marxista” e instituir su propio “nunca más”, ese que pesa en el subconsciente de cada chilena y chileno señalando que es mejor no atreverse a levantar la cabeza, que no se puede protestar por algún derecho y menos, menos, menos, llevar al gobierno a un presidente que –como lo hizo Allende– pretenda construir un Chile justo y digno para las grandes mayorías.
Así es como la muerte del “Mamo” deja al descubierto las otras impunidades. La del pacto entre la Concertación, el imperialismo y Pinochet para que nada de fondo cambiara, para que las empresas del Estado regaladas a parientes y amigos no fueran desprivatizadas, para que las AFP e isapres –en manos de esos mismos grupos– siguieran robándose los ya escuálidos salarios de los trabajadores; para que el lucro se convirtiera en la esencia de la Educación, la Salud y la Vivienda, para que los empresarios compraran a políticos a precios de liquidación.
Hoy algunos se atropellan para proponer “degradación post mórtem”, para exigir que se rompan los pactos de silencio, para señalar a Contreras como “el máximo criminal” y “uno de los personajes más oscuros de nuestra historia”, pero siguen rindiendo honores al modelo impuesto gracias a ese y otros genocidas. Siguen haciendo política “en la medida de lo posible”, es decir, en el marco de la institucionalidad pinochetista que, como mucho, podría ser variada por las bancadas Penta y SQM a proposición del Gobierno empleado de Luksic, Matte, Angelini y Paulmann.
[cita] Así es como la muerte del “Mamo” deja al descubierto las otras impunidades. La del pacto entre la Concertación, el imperialismo y Pinochet para que nada de fondo cambiara, para que las empresas del Estado regaladas a parientes y amigos no fueran desprivatizadas, para que las AFP e isapres –en manos de esos mismos grupos– siguieran robándose los ya escuálidos salarios de los trabajadores; para que el lucro se convirtiera en la esencia de la Educación, la Salud y la Vivienda, para que los empresarios compraran a políticos a precios de liquidación.[/cita]
En el marco de la partida de la mano ejecutora, quienes rompen vestiduras contra esa impunidad nada dicen de Nelson Quichillao o Rodrigo Cisternas, ni Lagos ni Bachelet le preguntan a su policía dónde está José Huenante, no hay quién imponga el fin de los procesos contra civiles o uniformados que atentan contra ellos, en tribunales militares, manteniendo así sin condenas reales a los asesinos de Manuel Gutiérrez y a los responsables del ataque contra Rodrigo Avilés. Los asesinatos contra jóvenes, mapuches y trabajadores, así como la nueva ola de montajes en contra de estudiantes universitarios y secundarios conforman parte de la estrategia estatal para mantener el modelo basado en esta impunidad, en la impunidad de los genocidas de ayer y la de los profundizadores del modelo de hoy.
Si de verdad queremos que exista justicia para quienes han sido torturados, ejecutados y hechos desaparecer en dictadura o durante estos años de gobiernos “en la medida de lo posible”, lo único serio y responsable es proponerse terminar con todo vestigio de la dictadura, levantar una propuesta de mayorías que, desde fuera de la actual clase política y empresarial, sea capaz de imponer las profundas transformaciones que el país necesita.
Hoy otro criminal muere y nos invaden sentimientos encontrados, pero más allá de los cantos y el licor, de la rabia y la desesperanza, es necesario volver a hacernos la promesa de otros años, esa de que no bajaremos ni la pluma ni la espada hasta que nuestro Chile sea otro, sea un país donde el pueblo y los trabajadores recuperen su dignidad y sus derechos. Ya muchos han mostrado caminos, los estudiantes golpeando el fondo del modelo con su crítica al negocio de la Educación, los trabajadores subcontratados exigiendo que la empresa mandante sea la que se siente a la mesa de negociación, los profesores rechazando una Carrera Docente que viene a reafirmar la competencia y el egoísmo, los pescadores alzándose contra la Ley Longueira-Zaldívar, los mapuches recuperando tierras y haciéndose clandestinos contra un Estado injusto.
La unidad de las y los que luchan se hace imprescindible. No podemos quedarnos atrás, nuestros muertos nos lo exigen.