«Es relevante destacar que el 67% de nuestros estudiantes de pregrado forman parte del grupo objetivo definido por el Gobierno para acceder a la gratuidad», sostuvo la mesa triestamental de la casa de estudio.
Integrantes de la mesa triestamental de la Academia de Humanismo Cristiano -formada por docentes, funcionarios y estudiantes- llamaron al gobierno a ponderar los nuevos criterios exigidos para optar a la gratuidad a las universidades privadas fuera del Consejo de Rectores (Cruch).
A través de una declaración pública aseguraron que «nuestra comunidad universitaria valora una reforma que tenga como propósito cambiar la concepción de la educación como bien de consumo, enfrentando el desafío de terminar con el régimen de mercado, en que se encuentran todas las universidades del país, para que las instituciones que reciban fondos del Estado respondan al régimen de lo público».
«Es decir, que el financiamiento necesario para ejercer el derecho a la educación se canalice a aquellas entidades que conciben a la educación como un bien público que retribuya socialmente», agregaron.
Al respecto, sostuvieron: «Nuestra universidad ha sostenido y defendido, desde su fundación, esta concepción. Nuestra historia avala este permanente compromiso con recuperar la tradición universitaria del país que fue brutalmente destruida por la dictadura. Precisamente, surgió hace más de 40 años, por iniciativa del Cardenal Raúl Silva Henríquez, como un centro de pensamiento crítico, integrado por destacados académicos, exonerados de las universidades intervenidas militarmente. De esta forma se constituyó en un espacio de debate intelectual, creación y difusión de ideas y proyectos alternativos al autoritarismo neoliberal que se impuso en el país; de igual manera se consagró tanto a la defensa de los Derechos Humanos como a la promoción de los derechos políticos y civiles, económicos, sociales y culturales. La Academia, surgida desde la sociedad civil, funcionó durante esos años organizada en centros de investigación que se vincularon a organizaciones sindicales, poblacionales, campesinas, de mujeres y jóvenes, desarrollando diversas iniciativas de educación y formación. Apoyada en esta historia de trabajo social y educativo, la Academia decide convertirse, a finales de la dictadura, en una universidad orientada a contribuir a la reconstrucción y fortalecimiento de la democracia en el país».
«Siempre hemos sido una Corporación de Derecho Privado que se opone a las empresas que lucran con la educación, por lo que en nuestro caso el “sin fines de lucro” constituye un principio básico de nuestro proyecto educativo. El directorio está compuesto por representantes de los organismos de la sociedad civil que le dieron origen», apuntaron.
Actualmente, recalcaron que «la universidad tiene más de cuatro mil estudiantes en pregrado, posgrado y educación continua. Es relevante destacar que el 67% de nuestros estudiantes de pregrado forman parte del grupo objetivo definido por el Gobierno para acceder a la gratuidad. Se trata de estudiantes cuyo perfil de ingreso hace necesario el desarrollo de una labor académica personalizada, con tutorías y programas de apoyo, lo que permite que logren un perfil de egreso que les asegura insertarse en el campo laboral de la disciplina que han cursado. Nuestros 8.697 titulados se desempeñan profesionalmente en ministerios, municipalidades, organismos no gubernamentales, organismos internacionales, universidades y otras entidades educativas, en distintas regiones del país».
«Contamos con un cuerpo académico estable, comprometido con el proyecto educativo, que realiza investigaciones y publicaciones con fondos internos y externos, que lleva a cabo Seminarios y otras actividades de extensión e implementa acciones de vinculación con el medio, en una serie de municipios con los que se han establecido convenios. Nuestra universidad, desde el año 2004, elige en forma democrática a sus Directores de Escuela, con una ponderación del 80% para los docentes y el 20% restante para los estudiantes. A partir del año 2012, con la elección del actual Rector, este sistema se convierte en triestamental, con una ponderación de un 65% para el estamento docente, 25% para los estudiantes y un 10% para los funcionarios. Todos sus órganos colectivos desde el Consejo Superior, Consejo de Facultad, Consejos de Escuela y de Carreras se integran con representación de los tres estamentos que conforman su comunidad», afirmaron.
«La Academia ha sido acreditada institucionalmente en forma permanente desde que existe el actual sistema. La última acreditación (2014 a 2017) fue aprobada por la Comisión Nacional de Acreditación en voto dividido: ocho votos por otorgar tres años y seis votos por cuatro años. La gratuidad mediante fondos públicos, debe basarse en el derecho social y universal a la educación, resguardando que todas las instituciones que accedan a este financiamiento respondan al régimen de lo público. Es decir, sin fines de lucro, con proyecto educativo pertinente a las necesidades del país, en diálogo con las políticas públicas y con instancias democráticas efectivas de gobierno interno», indicaron.
«Desde la posición que hemos ocupado en la historia del país, en primer lugar, hacemos un llamado al Gobierno, parlamentarios y actores sociales, a profundizar la reflexión pública sobre el sentido que debería tener una reforma de carácter estructural. En segundo lugar, en esta transición, que implica el financiamiento para el año 2016, llamamos a ampliarlo hacia nuestra institución y demás instituciones de educación superior que cumplan con el régimen de lo público antes señalado», concluyeron.
