Se investiga eventual cohecho en ley del área aprobada en 2012
La Fiscalía había pedido el detalle de los aportes reservados en las elecciones del 2009 y 2013 que realizó la empresa del grupo Angellini a seis parlamentarios, todos miembros de la Comisión de Pesca cuando se tramitó la ‘Ley Longueira’. El Servel no entregó la información. Lo que hay detrás de este gallito es la última barrera para que se sepa a qué parlamentarios aportaron las diversas empresas y se pueda investigar la relación entre la recepción de fondos y sus votaciones. “No puede recuperarse la confianza si no hay una total transparencia en la relación entre el dinero y la política”, señalan desde la oenegé Pro Acceso.
El 28 de julio pasado la Fiscalía le pidió al Servel información sobre los aportes reservados de Corpesca a seis candidatos al Senado durante las campañas de 2009 y 2013. Los parlamentarios en cuestión son: Jaime Orpis (UDI), Alejandro García Huidobro (UDI), Fulvio Rossi (PS), Antonio Horvath (Indep.), el desaforado Carlos Bianchi (DRP) y el ex senador Hosaín Sabag (DC).
Ellos son investigados por delitos tributarios, cohecho, fraude al fisco y lavado de dinero. El origen es una denuncia pública del ex senador Nelson Ávila, quien en marzo del año pasado sostuvo que los “los miembros de la Comisión de Pesca del Senado, recibieron financiamiento reservado por parte de ‘Corpesca’ en una suma superior a los $ 500 millones”. Luego, en abril de 2015, diversas agrupaciones de pescadores y organizaciones ciudadanas se querellan por el delito de cohecho y soborno parlamentario en contra de los congresistas mencionados.
Pero el Servel le dio un portazo legal a la Fiscalía a través de un oficio que llegó hace unos días al ente persecutor. “El artículo 19 de la Ley 19.884 de acuerdo al cual corresponde al Servel garantizar tanto la reserva de la identidad del donante como garantizar que éste no obtendrá documento alguno que permita identificar su donación ante el donatario o terceros”, indican desde el servicio. Agregan que el secreto bancario “sólo puede levantarse a requerimiento de los Fiscales del Ministerio Público si existe una autorización previa del Juez de Garantía otorgada respecto de antecedentes que se relacionen directamente con las investigaciones a su cargo”, precisan en el organismo, el cual está siendo reformado. De hecho ayer en la tarde el mismo Senado aprobó el proyecto que fortalece las capacidades fiscalizadoras de la entidad.
Pareciera ser que los aportes reservados generan escalofríos entre los parlamentarios. En junio de este año el senador Alejandro Navarro (MAS) publicó un listado de los senadores que recibieron aportes reservados legales. Y pidió que los parlamentarios que habían recibido aportes de Corpesca y las pesqueras lo transparentaran. Pero sus colegas del hemiciclo contraatacaron, le pidieron que se retractara por haber incluido en el «mismo saco» a los que supuestamente han recibido donaciones irregulares y a quienes no. Finalmente, Navarro terminó con una censura de sus pares que le significó quedar fuera de su puesto como vicepresidente de la Cámara Alta.
Con la decisión del Servel de negar los aportes reservados a la Fiscalía la transparencia en torno al financiamiento de la política vuelve a estar en pauta. Más allá del punto de vista estrictamente legal surge una pregunta de fondo en un contexto donde el Congreso tiene su aprobación por el piso y el mundo político es investigado en tres casos distintos por financiamiento irregular: Penta, SQM y Corpesca. ¿Llegó el momento de transparentar los aportes reservados?
[cita] Con la decisión del Servel de negar los aportes reservados a la Fiscalía la transparencia en torno al financiamiento de la política vuelve a estar en pauta. Más allá del punto de vista estrictamente legal surge una pregunta de fondo en un contexto donde el Congreso tiene su aprobación por el piso y el mundo político es investigado en tres casos distintos por financiamiento irregular: Penta, SQM y Corpesca. ¿Llegó el momento de transparentar los aportes reservados?[/cita]
El diputado y abogado Hugo Gutiérrez (PC), quien se querelló contra los seis parlamentarios, dice que presentó una indicación para que los aportes reservados de campañas electorales anteriores fuesen públicos. “Lo hice pensando en la eventual negativa del Servel de entregar dicha información al Ministerio Público. El tiempo me dio la razón y a la negativa de la Cámara de Diputados de apoyar mi indicación de transparencia se suma el Servel. Es claro que las instituciones funcionan, pero para respaldar y asegurar la opacidad y falta de probidad de la política chilena”, señala el parlamentario.
Hay que reflexionar sobre la urgencia de modificar las normas que regulan el financiamiento de la política, expresa la directora ejecutiva de Pro Acceso, María José Poblete, para así transparentar el origen y montos del financiamiento, además de zanjar la discusión sobre la admisibilidad de aportes de privados a las campañas. “No puede recuperarse la confianza si no hay una total transparencia en la relación entre el dinero y la política y si no se elevan, en general, los estándares de transparencia aplicables a los partidos. Casos como estos pueden evitarse con una normativa que garantice a la ciudadanía la trazabilidad de los fondos de campañas”, agrega Poblete.
Desde agosto del año pasado Eduardo Charme Aguirre está a cargo del Servel. Este abogado cuenta con experiencia en el mundo público (Subsecretaría de Telecomunicaciones, Ministerio de Justicia) y el privado. Entre sus antepasados se cuenta un ex presidente del Senado del extinto Partido Liberal, según informó en su momento El Mercurio.
En agosto de 2013, antes de que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales, Charme dejaba clara su posición respecto de la iniciativa “Marca AC” a través de una carta al director del diario de Agustín Edwards. “Ya que el Servel instruirá a las mesas receptoras de sufragios consignar en las respectivas actas los votos marcados ‘AC’, sugiero incorporar a los votos una sección de observaciones o comentarios para que así todos los electores podamos hacer las que estimemos pertinentes y oportunas, según nuestros particulares intereses”, fue la irónica misiva de quien después pasaría a la dirección del Servel.
Cuando aterrizó en el organismo fue definido como un hombre de “perfil técnico” por el presidente del consejo directivo, Patricio Santa María.
Eduardo Charme es primo de Alfredo Moreno, quien llegó a encabezar el comité de crisis del grupo Penta, cuando el caso por el financiamiento irregular de la política recién comenzaba. A comienzos de este año Charme asistió a la sesión de la comisión investigadora de la Cámara Baja por el caso Penta. En la instancia le preguntaron por los correos de distintos senadores de la UDI –como Iván Moreira y Ena von Baer– pidiendo dinero a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, así como a otros ejecutivos del grupo Penta, ante lo cual Charme aseguró que «pedir recursos no tiene ninguna connotación de ilícito desde el punto de vista electoral».
El director del Servel aparece como miembro del Consejo Directivo de la Fundación País Digital, que “por el desarrollo y la masificación de la tecnología en Chile, en las áreas de Educación, Smart Cities” entre otras, donde comparte silla con el octogeneraio dueño de El Mercurio Agustín Edwards, el ex Mapu y experto en comunicación estratégica, Eugenio Tironi, el abogado Jorge Carey y además Eduardo Bitrán. También hay quienes señalan que Charme fue cercano al gremialismo y a Jaime Guzmán.
